A la próxima va la vencida
El reciente round del Consejo Permanente en la OEA se debatió entre principios, doctrinas, declaraciones políticas y del rechazo que pudiera tener el Sr. Almagro; sin embargo, hay que reconocerle su tenacidad y compromiso en defensa de los principios democráticos. En el reciente y último intento en el Consejo Permanente de la OEA de pasar […]
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El reciente round del Consejo Permanente en la OEA se debatió entre principios, doctrinas, declaraciones políticas y del rechazo que pudiera tener el Sr. Almagro; sin embargo, hay que reconocerle su tenacidad y compromiso en defensa de los principios democráticos.
En el reciente y último intento en el Consejo Permanente de la OEA de pasar una resolución se logró el mejor de los resultados en muchos años: 17 votos a favor, 11 abstenciones, 5 ausencias y ningún voto en contra, algo que no se había logrado en los 4 anteriores proyectos para apoyar la democracia en Venezuela, lo cual significa que en la votación privaron más los principios que otros intereses. Equivocadamente, algunos críticos, además de minimizar el resultado, irresponsablemente siguen pidiendo la intervención extranjera, al recurrir al inoperante TIAR, sin conocer su espíritu, objetivo y propósito de este tratado que es contra una intervención armada extracontinental.
El resultado en esta oportunidad, aunque no se obtuvieron los 18 votos para su aprobación, con los dos tercios de sus miembros, como exige la Carta de Bogotá (1948), Artículo 89; dejó claro el cambio de tendencia.
En este contexto, el proyecto de resolución se basó en los principios de la Carta Democrática Interamericana; en la defensa y promoción mutua de la democracia, incluidos los acuerdos de México y Barbados, en los cuales el gobierno se llegó a comprometer a realizar elecciones presidenciales transparentes y verificables, con plena participación de la oposición; si esto fuera así estaría reconociendo algunos de los componentes fundamentales del ejercicio de la democracia: la transparencia de las actividades gubernamentales y la probidad. En otras palabras, la responsabilidad que tienen los gobiernos en su gestión pública.
La resolución exigía al Consejo Nacional Electoral (CNE), que sin presentar las actas dio y proclamó como ganador al “presidente candidato presidencial”. La aspiración de la organización es que se “publicasen inmediatamente los resultados de la votación” en cada mesa electoral. Además, de una verificación completa de los resultados con la presencia de organizaciones de observación independientes para asegurar la transparencia y la credibilidad. Algo que de cumplirse podía beneficiar al gobierno en su imagen internacional.
La solicitud no tenía nada de extraordinario; el proyecto solo pedía transparencia y probidad en los actos del Estado, un compromiso adquirido por los 34 miembros de la organización, incluido el fallecido presidente Chávez, a quien como director general en la Cancillería tuve la oportunidad de acompañarle a la Cumbre Iberoamericana, de Quebec, cuando se aprobó la Carta Democrática Interamericana en el año 2000, como lo recordó el ministro de Exteriores de Perú, Javier González-Olaechea.
El avance en la OEA es innegable, quizás se tendrían mejores resultados, si la oposición le dedicara más tiempo al Caribe con Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Granada, Honduras, San Cristóbal y Nieves, y Santa Lucía, considerando que la Venezuela democrática mucho antes que Petrocaribe les tendió la mano con las “Facilidades Petroleras de Puerto Ordaz” y el Acuerdo Petrolero de San José, con México, para abstenerse en este momento tan crítico para la región. La inestabilidad en Venezuela es más grave que la guerra de Centroamérica por la importancia geopolítica de Venezuela
Un análisis país a país, dependiendo del voto, revela que Honduras junto a Bolivia han sido los únicos que públicamente han reconocido abiertamente el triunfo del gobierno en la OEA, pero dentro de la organización se abstuvieron. La afirmación de Roberto Quesada, representante de Honduras, no es válida al criticar a la organización, por abordar la situación en Venezuela en su ausencia. “Cuando no se escuchan ambas partes de un conflicto es imposible ser juez imparcial,” pero la cuestión no es de presencia o ausencia, ya que es una cuestión de principios.
El caso de Colombia y Brasil, aunque se abstuvieron, es diferente. Ambos gobiernos han instado a Venezuela a clarificar la situación, pero adoptando una posición incongruente al solicitar por un lado la probidad y transparencia, pero por el otro absteniéndose de aprobar dicha resolución. La posición de Colombia con Petro es más contradictoria y complicada en su lectura e interpretación al considerar que la OEA no es el foro adecuado para tratar la situación venezolana. Preguntamos al Sr Petro, ¿y cuál es el foro si Venezuela se ha autoaislado de todos los foros de la región? ¿A quién conviene más que Venezuela se estabilice? El Sr. Petro propone el diálogo y el respeto. Preguntamos: ¿habrá visto el Sr. Petro las formas como el oficialismo se dirige a la dirigencia opositora? El Sr. Petro sigue envuelto en el laberinto ideológico de la mujer del César, quien además de aparentar ser demócrata, debe serlo también. Por su lado, Brasil con una de las cancillerías de mayor reconocimiento, al contrario de Bolivia, Honduras y México ha manifestado que no reconocerá ganador hasta que el CNE presente las actas, tal como lo solicitó el proyecto de resolución de la OEA, sin embargo, se abstuvo.
La oveja negra en la unidad democrática de la región fue México, quien consecuente con la doctrina Estrada de reconocimiento de gobierno, de no comprometerse, no involucrarse, no asistió a la reunión del Consejo Permanente. El expresidente López Obrador adelantó la posición que tomaría su delegación al considerar la resolución como “intervencionista”, asegurando no hay pruebas de un fraude electoral en Venezuela, lo cual solo se demuestra mostrando las actas
El anterior contexto permite llegar a cuatro conclusiones:
En una opinión más concisa y directa, la reciente reunión de la OEA ha dejado en evidencia una fractura en la unidad política que solía caracterizar a ciertos bloques regionales. La división de Caricom, con Jamaica y Guyana apoyando la resolución, es un claro ejemplo de ello. Aunque la abstención de Trinidad y Tobago, posiblemente influenciada por sus lazos petroleros con Venezuela, fue significativa. El hecho de que ningún país haya votado en contra representa un duro golpe en la política exterior del gobierno. Bolivia, como era de esperarse, se mantuvo fiel a su aliado, pero esta postura aislada no logró evitar el resultado adverso. En una primera conclusión, el balance político de esta reunión se inclina claramente a favor de la oposición.
Enfatizando el impacto estratégico, se ve que el escenario político en la OEA ha experimentado un giro notable. La división de Caricom y la ausencia de un voto en contra han debilitado significativamente la fuerte posición internacional que en un momento tuvo el gobierno con base en la imagen del fallecido presidente [HCH]. Esta resolución, más allá de ser un simple pronunciamiento, representa una clara señal de aislamiento político y erosiona la legitimidad del gobierno. Los cálculos estratégicos de Chávez en la región han quedado expuestos, y sus aliados tradicionales han mostrado fisuras. El futuro político del gobierno, si no muestra transparencia en los resultados electorales, se presenta cada vez más incierto.
En un tono más analítico, la reunión de la OEA ha revelado un complejo entramado de intereses y alianzas en la región. Si bien la división de Caricom es un hecho relevante, es importante tener en cuenta la posición que Jamaica y Guyana han optado, asumiendo una más independiente. A la luz de este análisis se entiende que la ausencia de Trinidad y Tobago, aunque explicada por factores económicos, subraya la fragilidad de los equilibrios regionales.
Por último, el proyecto de resolución, aunque no pasó por un voto, no solo representa una derrota política para el gobierno desde el punto de vista regional, sino también una oportunidad para que otros países reevalúen sus relaciones con Caracas por su falta de compromiso con los valores establecidos en el Protocolo de Ushuaia, 24 de julio de 1998, el Compromiso de la Comunidad Andina por la Democracia, suscrito en Santafé de Bogotá, el 7 de agosto de 1998 y la Carta Democrática Interamericana en el año 2000.
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