La reforma universitaria ha muerto
Ha sido ultimada por un Congreso lobista y un gobierno cómplice.
Finalmente, la reforma universitaria ha sido destruida por la complicidad del Ejecutivo con el Legislativo, en un proceso de desmantelamiento que se inició con la captura de la Sunedu y concluyó ayer con la aprobación de la norma que establece que el licenciamiento de las universidades es a perpetuidad.
Esta disposición emana del Congreso, y de la alianza de fuerzas políticas que tienen entre sus filas a los dueños del negocio, a los lobistas que pululan alrededor del negocio, y a los congresistas que se sirven de esa cercanía. No es un secreto para nadie que hay una pingüe economía alrededor de universidades que no alcanzan la categoría necesaria para forjar a los profesionales del futuro. Son símbolos de la precariedad generalizada. Edificios simulados en pancartas, locales reducidos y no aptos para los estudios, mínimo rigor académico, ninguna investigación científica, profesores mal pagados y multiplicación de profesiones que no tienen demanda laboral. Se ofrecen pregrados, maestrías y cualquier otro diploma, con tal de maximizar los ingresos, reduciendo los costos. Esta fue la realidad que se quiso transformar en el 2014, con una reforma que exigía calidad educativa y estándares internacionales mínimos. Diez años después, esta propuesta que obligaba a una inversión constante para mantener el licenciamiento, que era evaluado constantemente por una Sunedu con poder y autonomía real, ha sido demolida desde los cimientos.
Se trata de una muerte anunciada porque los intereses particulares que ahora campean a sus anchas en un Congreso que actúa como cartel en favor de sus negocios que estafan a miles de padres y madres de familia que quieren un futuro mejor para sus hijos . Y el gobierno ha sido una y otra vez cómplice porque necesita los votos para sobrevivir, como sea. Es lamentable porque pierden los estudiantes y sus familias, timados con ofertas sin calidad. No obstante, es aún más grave para las universidades públicas y los aportes estatales, que ya no tendrán razón perentoria alguna porque no hay incentivos ni vallas que superar. El futuro de más de una generación ha sido arrebatado por mercantilistas agolpados hoy en el Congreso y el Ejecutivo.