Sobrerrepresentación

La Constitución es un pacto político y social que incluye los derechos de todos y todas los mexicanos, construida con base en acuerdos e intereses de mayorías y minorías, que hace posible la convivencia de lo diverso en armonía y con apego a la ley. El voto tiene un peso específico que debe respetarse en su proporcionalidad de la mejor manera posible. Solo así es posible que se exprese la pluralidad de un país tan grande y diferente como México.

El ciudadano votó poco más del 54 por ciento por Morena y sus aliados en la Cámara. El triunfo no está en duda; fue claro y contundente. Pese a ser una elección inequitativa, donde se violó la Constitución por el propio presidente de la República, según lo señalaron las autoridades electorales, Claudia Sheinbaum será la próxima Jefa del Ejecutivo Federal, con todas sus atribuciones y facultades.

Lo que es una mentira es decir que el pueblo votó por una mayoría absoluta a favor de la coalición de Morena para que ésta, por sí misma, pueda cambiar el régimen constitucional, sin acuerdos, y conforme a su propio interés. Es absolutamente falso que el artículo 54 le otorgue a cada partido de la coalición un 8 por ciento de sobrerrepresentación para que quede con el 75 por ciento de la Cámara, anulando así la posibilidad de acciones de inconstitucionalidad, entre otras consecuencias.

El artículo 54 establece que la coalición debe componerse por lo menos de 200 candidaturas comunes, y solo Movimiento Ciudadano lo cumplió. Y también señala que ningún partido puede tener más de 300 diputados en la Cámara por ambos principios. Aquí se quiere distinguir entre partidos y coaliciones en forma letrística de lo que dice la Constitución, pero toda ley está sujeta a interpretación. Y es inadmisible que el voto no sea ponderado y valga menos para los opositores y quieran quitarles curules y dejarlos con solo el 25 por ciento de la Cámara, cuando tuvieron más del 44 por ciento de la votación.

Esto es un golpe de mano para poder acabar con las instituciones democráticas e introducir un nuevo sistema autocrático que desmantele a la SCJN, a los órganos autónomos, que reconfigure al Congreso de la Unión, solo por mayorías y desaparezca la pluralidad, tan solo para abrir boca. Son el INE y el TEPJF quienes deberán hacer la interpretación del 54 y de todas sus implicaciones y relación con el propio texto constitucional y las leyes reglamentarias. No hay criterio jurídico que realmente pueda apoyar el abuso de una sobrerrepresentación, por más que letrísticamente se quiera interpretar la ley.

El destino del país está en manos de las autoridades electorales. Guadalupe Taddei y Mónica Soto tendrán que tomar decisiones difíciles y valientes para evitar la muerte de la República, o bien dejarse seducir por el poder, que ya asumido, no cumplirá ningún compromiso. Desaparecerán ambas instancias y sus integrantes serán denostados por la historia. No es verdad que el ciudadano haya concedido a la coalición ganadora el ser el único representante del país y se anule la pluralidad. La propia Constitución establece que ningún partido puede por sí mismo cambiar la Constitución, por eso se requiere de mayorías calificadas que hoy actúan como una sola fuerza política como coalición, no como partidos independientes.

Lo que hoy vivimos es una propuesta autoritaria y regresiva de la democracia, cuando se quiere, con trampas, hacer del Congreso la arena de cambios para socavar libertades y derechos. Si la sobrerrepresentación se aprueba, se acaba el México que construimos juntos en los últimos 50 años. Cambiará el sistema político y la aplicación de la ley.

Decir que el Poder Judicial Federal es corrupto, es otra falacia, hay desde luego jueces corruptos, pero la verdadera corrupción está en las fiscalías y en los ministerios públicos que procesan las averiguaciones, realizan las investigaciones, y aceptan, como todos lo han vivido, apoyos para favorecer o desaparecer evidencias. Los jueces y magistrados trabajan con la información y datos que estas instancias les proveen. Así que está mal enfocada la reforma de la justicia. Hay que hacer un cambio, pero ni la tómbola, ni la elección sustituyen a personal capacitado, que concursa por las plazas y que se forma con ética en una carrera judicial.

La desaparición de los órganos autónomos va contra nuestros derechos básicos, a la información, a la protección de nuestros datos, a las concesiones de radio y tv, a las telecomunicaciones, a la competitividad, a la especialización energética, a la independencia de los órganos electorales y judiciales, para concentrar toda decisión en un solo mando: el Ejecutivo.

Con esas cargas, no podrá tomar buenas decisiones, el tramo de control será tan amplio que los servidores públicos de alto nivel no accederán a acuerdos presidenciales, las decisiones no se tomarán con base en conocimientos técnicos o científicos, o con una visión social y económica suficientes. La concentración del poder es, desde luego, el sueño de todo autócrata, pero es imposible su ejercicio eficaz.

La sobrerrepresentación no puede permitirse porque es contraria a la Constitución y a las leyes. Pero si las autoridades electorales, por sumisión, miedo, ambición, o ansias de poder, deciden torcer letrísticamente la ley diciendo que son criterios ya aceptados, cuando han ya cambiado otra serie de criterios, estaremos en una nueva etapa de resistencia. Porque más del 40 por ciento de la ciudadanía no va a aceptar las imposiciones y se manifestarán las discrepancias y rechazarán medidas unilaterales que les perjudiquen.

La única forma de que México camine en paz, que mantenga el gobierno su legitimidad, es que juntos avancemos para combatir la pobreza, la enfermedad, la ignorancia, como una nación unida, plural y diversa.