La Junta admite que la figura del interino se ha utilizado «de forma inadecuada» en la universidad andaluza

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, se fija como objetivo que el proceso de estabilización del profesorado investigador de las universidades públicas se reduzca en diez años. Actualmente, esa estabilización oscila entre los 40 y los 45 años. La intención es situarlo en los 35 años en una década. «Vamos a poner la mayor cantidad de recursos para que esa estabilización se produzca», enfatiza. En una entrevista con Europa Press, el titular andaluz de Universidad puntualiza que «la precariedad laboral» en el sistema público de enseñanza superior «no es tal», auqnue admite que la figura del profesor sustituto interino, que «se ha utilizado de una forma no adecuada dentro del sistema andaluz. En esta línea, recuerda que los profesores funcionarios cobran el sueldo que fija el Estado para este cuerpo; apunta a los complementos autonómicos que »acabamos de acordar con los sindicatos y que en breve saldrá el decreto; y en el caso de los ayudantes doctor «somos la segunda comunidad que más paga» a esta figura, apostilla. Reconoce, no obstante, el caso de la figura del profesor sustituto interino, que «se ha utilizado de una forma no adecuada dentro del sistema andaluz, igual que en otras comunidades se usó la del asociado, como consecuencia de los recortes en la crisis de 2008», pero sobre la que se ha ido solventado la «situación». «No hay una precariedad como tal en la comunidad universitaria andaluza. Hay algunas bolsas a las que tenemos que darle solución«, sentencia. Sobre la fuga de talentos, Gómez Villamandos resalta las convocatorias de contratos postdoctorales con las que «hemos hecho tremendamente atractivo venir a Andalucía». «Antes, cuando alguien conseguía un contrato postdoctoral, una vez que finalizaba, no se sabía nunca lo que iba a pasar; ahora, hay un compromiso de estabilización, así que cualquier persona que consiga un contrato en Andalucía, sabe que se va a estabilizar en una de nuestras universidades. Eso no pasa en ninguna otra comunidad. Estamos intentando dar esa certidumbre a la carrera académica, que es fundamental«, argumenta. Por contra, el consejero arremete contra la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) del Gobierno central porque supone una «injerencia tremenda en lo que es más importante para una Universidad, las políticas de personal». La Ley, a juicio de Gómez Villamandos, «pone límites que hacen que las universidades están maniatadas. Eso es un peligro», advierte. Por eso, en la Ley Universitaria para Andalucía «vamos a intentar limitar hasta donde podamos todas esas cortapisas que pone la LOSU para dar más autonomía en la política de personal». En relación con la LOSU, el consejero insiste en el «agravio» que sufre Andalucía con respecto a Cataluña en el reparto de plazas de ayudante doctor que se incorporan a los campos andaluces. «Mientras que a Cataluña, que es el tercer sistema universitario público le dan 710 plazas, a Andalucía 468. «Aunque estábamos en desacuerdo con esa distribución, hemos asumido lo que se nos ponía encima de la mesa, porque las posibilidades de negociación han sido nulas con el Ministerio». «Donde no llegue la financiación del Ministerio, llegará, desde luego, la financiación de la Junta», se compromete.