Licitadas las obras de la Casa de Cultura de Ciudad Real por un valor de 2,1 millones de euros

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado el expediente para la contratación de las obras de adecuación de la Casa de Cultura, por un valor estimado de 2,1 millones de euros. La licitación se tramitará por procedimiento abierto simplificado con un plazo de ejecución de 18 meses , por lo que se prevé que en 2026 la capital pueda ver ya recuperado este emblemático edificio «tras ocho años perdidos, de inacción política, de proyectos sin partida y de partidas sin proyectos». Así lo ha asegurado el portavoz del equipo de gobierno, Guillermo Arroyo , quien ha destacado que en apenas un año el actual ayuntamiento va a poner solución a una historia que se remonta a 2015, con una primera partida inicial de 250.000 de la que nada se llegó a hacer, ha informado el consistorio en una nota de prensa. A partir de ahí, en cada presupuesto se consignaban importes «sin proyectos y sin actuación administrativa», hasta que ahora se ha aprobado el expediente para sus obras. «Este equipo de gobierno tiene proyecto, aprobamos hoy el expediente de contratación y, por supuesto, contamos con financiación». Arroyo ha avanzado además que el consistorio ha aprobado también solicitar al gobierno de España la cesión del edificio a favor del ayuntamiento , «puesto que si vamos a hacer esto con el dinero de todos los vecinos de Ciudad Real, qué menos que este edificio forme parte de nuestro patrimonio». Además, la junta de gobierno ha aprobado la derogación de hasta ocho tarifas distintas a las que los ciudadanos tenían que hacer frente cuando querían iniciar una obra o actividad (tasas de agua provisional, de suministro de agua, acometida del alcantarillado, de zanjas, expedición de documentos, tarifas por obra menor y mayor, ejecución de otro tipo de documentos y tasa de licencia de primera ocupación). El portavoz del equipo de gobierno ha explicado que estos trámites «además de llevar un coste económico para el vecino también alargaban el procedimiento administrativo y suponían una carga burocrática».