Organismos de derechos humanos rechazan promulgación de ‘ley de amnistía’: “Es un desacato internacional”

La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) hizo un llamado al Ministerio Público y Poder Judicial para que realicen el debido control a la aplicación de esta norma.

La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) rechazó la inminente entrada en vigor de la ley que prescribe los procesos relativos a delitos de lesa humanidad. El organismo, también, alertó sobre el desacato a lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre esta norma y la ausencia de observaciones de parte del Ejecutivo.

"Expresamos nuestro absoluto rechazo ante la promulgación de la Ley de Impunidad, así como el grave retroceso en materia de derechos humanos que representa. A su vez, reiteramos nuestra total solidaridad a las víctimas y sus familias ante una situación que ciertamente las revictimiza por parte del Estado peruano, reafirmando nuestro compromiso en la búsqueda de verdad, justicia y reparación, aun en estas circunstancias", se lee en el pronunciamiento.

En ese sentido, Aprodeh hizo un llamado al Ministerio Público y Poder Judicial, para que, "en respeto a los estándares internacionales de derechos humanos y la vasta jurisprudencia de la Corte IDH, efectúen el control de convencionalidad y no apliquen esta ley". Además, se dirigieron a los organismos internacionales de derechos humanos para que estén alertas y evitar que "se efectúen represalias en contra de los jueces y fiscales quienes en uso de sus atribuciones actúen de acuerdo a derecho".

Asimismo, destacaron que "la promulgación de esta ley es un abierto desacato de ambos poderes del Estado peruano a lo ordenado por la Corte IDH, cuya competencia contenciosa ha sido reconocida por el Estado peruano desde hace décadas".

"La ley permite que se revisen y eviten investigaciones sobre  casos vinculados a ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, esterilizaciones forzadas, torturas, entre otros delitos de alta gravedad. De igual manera, el Ministerio Público expresó su rechazo a la norma, calificándola de jurídicamente inviable y señalando que perjudicaría a más de 600 casos en curso, afectando a miles de víctimas y sus familiares", agrega Aprodeh.