La Junta de Andalucía perfila qué empleados públicos podrán acogerse al teletrabajo y por cuánto tiempo

La Consejería de Justicia, Administración local y Función Pública tiene abierto hasta el próximo 28 de agosto el periodo para recoger las aportaciones que quieran hacer los agentes económicos y sociales al proyecto de decreto con el que se regulará el teletrabajo en Andalucía. La Administración autonómica pretende «situar de forma clara el ámbito de aplicación, la identificación de los puestos teletrabajables , los sujetos que forman parte del procedimiento de concesión, los requisitos para la realización del teletrabajo a distancia, los derechos y deberes del teletrabajador, las modalidades de prestación de servicios a distancia y la duración de este régimen de trabajo», entre otras cuestiones. Así aparece recogido en el texto de la resolución de la Secretaría General para la Administración Pública publicado por la Consejería en el portal de transparencia, consultado por Europa Press. En dicha resolución, la Junta sostiene que «la importancia de esta materia, relacionada con los recursos humanos de la Administración, requiere que el desarrollo reglamentario de la misma se produzca con la mayor celeridad posible, ya que el teletrabajo deberá contribuir a una mejor organización del trabajo». La Consejería que dirige José Antonio Nieto señala que la norma es «necesaria y oportuna» teniendo en cuenta el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que «facilitan formas de trabajo alternativas a las estrictamente presenciales» . «Es ineludible, por tanto, aprobar una nueva regulación de desarrollo que ofrezca un sistema integral regulatorio de la figura del teletrabajo», concluye. La Consejería ya confirmó a Europa Press en julio que su intención es ampliar a dos días el teletrabajo a los empleados públicos -actualmente está permitido uno- y abrir la posibilidad a un tercero previa «evaluación de la implantación» de este sistema y «si existen evidencias de la optimización de recursos y la atención a necesidades organizativas de la ciudadanía». Si así se constatara, la Consejería propondría al Consejo de Gobierno la «ampliación hasta el máximo del 60%» de la jornada -tres días-. Así lo confirmaron fuentes del departamento tras pasar el decreto que regulará esta modalidad laboral por la Mesa de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía. CSIF mostró entonces su apoyo a esta nueva regulación del teletrabajo en Andalucía ya que «evitará ambigüedades y aportará mayor transparencia y seguridad jurídica a trabajadores y Administración», apuntó. La central sindical destacaba entonces la «importancia» del nuevo modelo de organización del trabajo que «supone la regulación permanente del trabajo no presencial , después de la regulación transitoria que supuso la pandemia de la Covid-19 , que ha venido prorrogándose hasta ahora y por el que los empleados públicos sólo pueden teletrabajar un día a la semana». Para CSIF , «uno de los grandes avances de la nueva norma es aportar concreción, transparencia, claridad y seguridad jurídica, tanto a los trabajadores como a la Administración». Además, «se evitarán ambigüedades y arbitrariedades gracias a la creación de un catálogo de puestos y funciones en el que se establecerá el grado susceptible de teletrabajo para cada uno de los puestos». Dicho catálogo se irá integrando «progresivamente» en las distintas relaciones de puestos de trabajo (RPT), explicaba. Asimismo, la central sindical valoraba «especialmente» que este marco normativo establezca un plazo de «sólo tres meses» desde la publicación del decreto para que los ámbitos donde no hay una regulación específica de la modalidad laboral no presencial, como Sanidad , Educación y Justicia , se dote de dicha regulación en sus respectivas mesas sectoriales. En cuanto a la dotación de medios para teletrabajar, CSIF reseñaba el compromiso para ello por parte de la Administración que está recogido en el decreto, «si bien de forma voluntaria se puede solicitar el teletrabajo de forma coyuntural usando material propiedad de los empleados».