El Poder Judicial rechaza censurar las palabras de Puente sobre los jueces como pedían los conservadores

Las críticas del ministro Óscar Puente a la interpretación que el Tribunal Supremo ha hecho de la ley de amnistía y que han derivado en que la norma no se aplique a Carles Puigdemont han emergido como un nuevo punto de división en el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El sector progresista del órgano de gobierno de los jueces ha rechazado la propuesta de los conservadores de emitir un comunicado en el que se censuraban las palabras de titular de Transportes, que en la última semana ha insistido en que, bajo su punto de vista, el Supremo se ha extralimitado en su interpretación de la ley de amnistía al intentar excluir de la medida de gracia al expresident de la Generalitat. 

Fuentes del órgano consultadas por elDiario.es explican que los vocales elegidos a propuesta del PP han propuesto incluir un punto en el orden la aprobación de un comunicado que pedía “contención” y “prudencia en la crítica a las resoluciones judiciales en particular y al Poder Judicial en general”. En su propuesta, aunque no se citaba a Puente, sí se incluían algunas de sus manifestaciones. Entre ellas, la que consideraba que la interpretación de la amnistía del alto tribunal “no hay por donde cogerla”. 

Los consejeros elegidos a propuesta de PSOE y Sumar han rechazado que se debatiera este asunto. Según las fuentes consultadas, sus argumentos han sido que es un asunto que excede de las competencias de un órgano que sigue sin presidencia —por el desacuerdo entre ambos bloques— y que no es una cuestión de carácter urgente porque, al menos por el momento, no se ha producido queja o petición de amparo alguna de los magistrados que pudieran haberse visto concernidos por esas declaraciones. La inclusión de un asunto en el orden del día requiere de unanimidad. 

En relación a la cuestión de la presidencia, los vocales únicamente han pactado volver a reunirse el próximo 2 de septiembre, tres días antes de la Apertura del Año Judicial. Miembros de ambos bloques aseguran que las conversaciones siguen abiertas aunque, por el momento, siguen sin ponerse de acuerdo sobre quién debe dirigir el órgano, una elección que requiere el acuerdo de miembros de los dos sectores que conforman el pleno. 

Para tratar de desatascar esa designación, los vocales confían en los avances que se puedan lograr en el marco de una comisión negociadora formada por miembros de ambos bloques. La voluntad es que sus ocho integrantes mantengan abiertos los “canales de comunicación” durante las próximas semanas con el objetivo de llegar al 2 de septiembre con el acuerdo prácticamente cerrado.

Por otro lado, el pleno sí ha logrado aprobar un total de 112 acuerdos en relación con asuntos considerados urgentes e inaplazables, de conformidad con lo señalado por el informe solicitado al Gabinete Técnico sobre las posibilidades de actuación del órgano de gobierno de los jueces hasta la elección de su presidencia.