Claudia Sheinbaum, presidenta de la vivienda

El pasado miércoles 7 de agosto se llevó a cabo el Encuentro Vivienda, Pilar de la prosperidad económica de México, coorganizado por el diputado federal electo Alfonso Ramírez Cuéllar, la arquitecta Ana María Sinecio y la Dirección Sectorial de los Trabajadores del Infonavit, con la presencia y participación de destacados dirigentes de organizaciones empresariales y sindicales, especialistas y líderes sociales.

El jueves pasado, por su parte, fueron presentadas ante medios de comunicación las conclusiones de dicho encuentro, que organizan líneas de acción muy precisas en torno a diez ejes estratégicos y se dio cuenta del claro consenso alcanzado por todos los actores del sector en torno a la necesidad de alcanzar un Acuerdo Nacional por la Vivienda Social y Obrera que sería propuesto a la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, como suma de los compromisos que asumirían todos los agentes de la cadena de valor de la vivienda, los gobiernos estatales (responsables luego de promover la participación municipal), organismos nacionales y el propio gobierno federal para alcanzar la meta de construir un millón de viviendas durante la administración que está por inaugurarse. Ya se conocerá entonces este catálogo de propuestas de políticas públicas.

Quisiera responder, en tanto, a la urgencia de los tiempos que corren, concentrándonos en cinco puntos neurálgicos de índole general y práctica.

Primero. Solo construyendo una estrategia eficaz —financiera, jurídica y socialmente viable— de gestión del suelo, podremos encauzar programas de vivienda de grandes alcances.

Es este, sin duda, el talón de Aquiles de las políticas de vivienda de todo el mundo, donde la carencia, escasez, especulación y rigidez de este bien en el mercado amenazan con cancelar cualquier esfuerzo en los distintos frentes del desarrollo habitacional y armónico de las ciudades.

Lejos de echar mano de recursos impositivos —tan radicales como inviables en un Estado democrático de derecho—, hay que apostar por fórmulas innovadoras donde los tres niveles de gobierno pongan en acción sus competencias para el ordenamiento territorial, la planeación y regulación del desarrollo urbano y su poder para concertar inversiones público-privadas.

Segundo. En el México que viene, “la inversión privada (y pública) para el desarrollo regional, ha de ser con cuidado al medio ambiente y del bienestar y con cadenas de valor y desarrollos tecnológicos propios”, tal y como lo dijo la doctora Sheinbaum tras recibir la constancia como presidenta electa.

En otras palabras, como lo hemos dicho reiteradamente, sin vivienda no habrá bienestar y sin bienestar no habría nearshoring, ni corredores de desarrollo industrial, ni polos de bienestar en el Transístmico.

Lograr sincronizar desarrollo social, acceso a vivienda y servicios públicos al tiempo que se abren fuentes de empleo, es un reto fenomenal que tendría que resolverse con planeación, coordinación y responsabilidad.

Tercero. La fortaleza financiera de entidades y organismos del sector (empezando por el propio Infonavit), tiene sentido solo si se sabe aplicar con inteligencia, prudencia y sentido social para atender a quienes menos ganan.

Las necesidades de millones de familias —población derechohabiente o no— han de resolverse mediante ambiciosos programas de Infonavit y Fovissste, de una parte, y de la Comisión Nacional de Vivienda, por otra, siempre en eficaz coordinación con la Sedatu.

Cuarto. La prosperidad compartida, que es divisa y misión del Gobierno de la República 2024-2030 —en la que coincidimos plenamente—, supone para la presidenta electa tres factores: salario, salud y vivienda. Son estos los cimientos del modelo de seguridad social por el que habremos de pugnar las y los trabajadores organizados de México.

Quinto. Es urgente que el Infonavit planifique ya su actividad sexenal para responder con prontitud al reto de aportar unas cien mil viviendas adicionales a las financiadas anualmente.

Esto necesitamos, a la par de lo propuesto en el proyecto de Acuerdo Nacional por la Vivienda Social y Obrera, para hacer realidad la meta presidencial.