Nicaragua: Ortega intensifica persecución y cancela operación a más de 1.500 ONGs, incluyendo iglesias

Nicaragua Clausura Más de 1.500 ONG en Una Nueva Onda de Restricciones

El reciente cierre de más de 1.500 organizaciones no gubernamentales en Nicaragua, la mayoría de ellas con vínculos religiosos, representa el último golpe del gobierno de Daniel Ortega a la estructura de la sociedad civil.

Esta severa medida, anunciada este lunes, se suma a una estrategia sostenida contra instituciones que el régimen percibe como hostiles. En total, desde que comenzó la ofensiva, se calcula que más de 5.100 ONG han sido desactivadas.

Los cierres actuales son el resultado del incumplimiento de una normativa que exige a estas organizaciones declarar sus ingresos. El gobierno ha advertido que los activos de estas entidades serán embargados.

Además, la semana pasada se promulgó una nueva regulación que obliga a las ONG a colaborar únicamente en alianzas con entidades controladas por el estado, lo que ha generado inquietudes y críticas dentro y fuera del país.

Represión constante contra las libertades en Nicaragua

Desde las protestas masivas de 2018, cuando miles de ciudadanos salieron a las calles oponiéndose al gobierno de Ortega, se ha documentado un patrón de represión constante, que según la ONU resultó en más de 300 muertes.

Las manifestaciones de entonces fueron calificadas por el régimen como un intento de golpe de Estado, presuntamente auspiciado por Estados Unidos con respaldo de grupos religiosos.

La represión no se ha limitado a las ONG. Figuras prominentes del ámbito religioso, incluídos unos 30 clérigos, han sido encarceladas y posteriormente desterradas al Vaticano. Rosario Murillo, esposa de Ortega y vicepresidenta, ha dirigido críticas acerbas contra sectores religiosos, calificándolos de “hijos del diablo” o “agentes del mal”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido varios llamados a detener la represión, mientras persiste la práctica de detenciones arbitrarias y el deterioro de las condiciones carcelarias.

Los efectos han alcanzado a políticos, periodistas y activistas, muchos de los cuales han sido obligados a exiliarse. Un grupo que monitorea la libertad de prensa reportó en julio que al menos 263 periodistas han abandonado el país.

El marco histórico de la actual situación política en Nicaragua se remonta a la participación de Ortega en la revolución sandinista y su ascenso al poder tras el derrocamiento del régimen de la familia Somoza.

Al asumir el cargo de presidente en 1985, Ortega se presentó como un revolucionario y líder del pueblo. No obstante, tras ser derrotado en las elecciones de 1990, su regreso al poder en 2007 marcó el inicio de una deriva autoritaria, eliminando progresivamente los límites al mandato presidencial.

Mientras tanto, las tensiones internacionales han escalado. Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto sanciones contra el régimen de Ortega, criticando la amplia represión contra opositores.

Venezuela, un aliado cercano a Nicaragua en el escenario internacional, ha seguido una senda similar, aprobando recientemente una normativa contra ONG que suponen un desafío al gobierno de Nicolás Maduro.