La Justicia ordena al Gobierno revertir la intervención a la segunda obra social más grande del país

A un poco más de dos semanas de haberse decretado la medida, la Justicia Federal le ordenó a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) que retrotraiga la intervención en la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores (OSPRERA), la segunda obra social más grande del país, la cual pertenece a UATRE. Los magistrados que firmaron la decisión son Antonio Lois Loureda y Juan José Baric, quienes dijeron haber encontrado irregularidades en el proceso de intervención.

En paralelo, ambos abrieron una investigación contra el titular de la SSS, Gabriel Oriolo, y los titulares de las áreas técnicas que suscribieron la Resolución 1612/24, que abrió el proceso para la posterior intervención. La orden fue firmada por Javier Milei mediante el decreto 720/24 el lunes de la semana pasada. Los delitos que se pusieron en juego son los de asociación ilícita y tráfico de influencias.

Según lo indica el fallo, el Gobierno deberá retrotraer la administración provisoria que estableció la Superintendencia y devolver la OSPRERA a la UATRE. Desde el gremio denuncian que la intervención se dio un mes después de que el Juzgado Federal de La Pampa les devolviera esa entidad luego de más de un año de intervención judicial.

Uno de los dos magistrados que firmaron el fallo es Juan José Baric, el mismo que dispuso la intervención judicial de la obra social en marzo de 2023 y que duró hasta junio de este año. En ese entonces puso en funciones al administrador Néstor Horacio Acuña, con el objetivo de regularizar la obra social de los peones rurales.

El juez federal de La Pampa, Juan José Baric, quien un año atrás decidió la intervención judicial de OSPRERA

En el fallo de este jueves, el magistrado le pide a Oriolo que presente los informes en los que se basó para haber tomado la decisión de designar un normalizador. "Se ordenó la suspensión preventiva con la que se intervino la institución" haciendo saber a la Superintendencia de Servicios de Salud y a toda entidad institucional y bancaria que corresponda, que se abstenga de ejecutarla", indicaron fuentes de la UATRE.

La presentación judicial fue hecha por el líder de la UATRE, José Voytenco, patrocinado por el gerente de Asuntos Jurídicos de la obra social sindical Lucas Eksiyan, y con el asesoramiento del abogado Luciano Podestá

Según las versiones de los denunciantes hubo una serie de irregularidades en todo el proceso administrativo. "La Superintendencia presentó una serie de requerimientos que debían ser contestados antes del 22 de agosto, pero que el 5 del mismo mes, sólo un día hábil luego de solicitarlos, resolvió la intervención", se defienden desde la entidad rural.

El juez Baric indicó en su fallo que el estado contable "crítico" que describe la Superintendencia como argumento para la intervención no se condice con el "análisis preliminar del ejercicio contable cerrado al 31/12/2023" en el que "Se advierte resultado positivo del ejercicio contable y con respecto a las deudas se advierte que las mismas han disminuido".

El Cronista contactó a la Superintendencia de Servicios de Salud, que se anoticiaron esta jornada sobre la salida del fallo.

Aunque se espera un descargo en las próximas horas, el enfrentamiento judicial será una contienda en la que deberán contrastarse versiones y auditorías: el juez Baric asegura que la regularización que tuvo bajo su control tuvo buenos resultados contables, mientras que la SSS afirma que hubo grandes irregularidades y una deuda financiera mayor a $ 44.000 millones.

José Voytenco, titular de la UATRE.

"Nunca presentó un informe, ni memorias ni balances en más de un año", afirman en la SSS. También se consignó que de los prestadores que figuraban que trabajaban con la obra social, un 90% dijo que no ya no tenían convenio. En particular, en la SSS miraban con atención el otorgamiento de una ayuda financiera recibida en octubre del año pasado de $ 3350 millones que debía subsanar deudas contraídas por la obra social y que no cumplió su rol por el crecimiento de la deuda financiera que tuvo la obra social.

El fallo de los jueces federales de La Pampa incluye la denuncia por asociación ilícita y tráfico de influencias, contra el propio Oriolo, los funcionarios técnicos de la Superintendencia y contra el diputado libertario Pablo Ansaloni (quien fue director de OSPRERA años atrás y tuvo una férrea interna con Voytenco por el manejo del sindicato), "por asociación ilícita y tráfico de influencias, con el fin de desplazar ilícitamente a las legítimas autoridades de la Obra Social".