CJI se autocritica y disculpa, y aplica sanciones

El pasado 9 de julio, y desde Jiguaní, en Granma, Loida Benítez Domínguez se mostró aquí muy preocupada con la situación de su nieta Laura Liset Reynaldo Ledea, quien el 30 de noviembre de 2021 solicitó en la Consultoría Jurídica Internacional de Bayamo un documento que certifique que cumplió el servicio social como estomatóloga en el policlínico docente Edor de los Reyes Martínez, de Jiguaní.

Por ese documento se pagaron 9 125.00 pesos, añadía, y así consta en el Convenio 18–E2-285, comprobante de pago No. 37 234. Sin embargo, llevaban más de tres años infructuosos para obtener dicha constancia legal, por la cual se realizaron varios reclamos.

«¿Dónde está el dinero cobrado si en el televisor salió que no había atraso y este papel es desde 2021? ¿Dónde está el dinero que cobraron y no han resuelto nada? Me siento estafada. ¿Quién responde tres años sin respuesta? Según lo establecido en el contrato, son 75 días», concluía Loida.

Al respecto, responde Lena Álvarez Rodríguez, directora general de la Consultoría Jurídica Internacional (CJI) del Ministerio de Justicia, que se realizó una investigación con varias indicaciones del propio Ministro. Y se concluyó que el servicio se contrató en la Sucursal Granma de la CJI por Laura Liset Reynaldo Ledea, el 30 de noviembre de 2021 mediante Convenio 18-E2-285, con el objeto de obtener y legalizar ante el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Relaciones Exteriores la Certificación de Cumplimiento de Servicio Social.

Refiere que «los especialistas de la Sucursal Granma de Consultoría Jurídica Internacional a cargo de la tramitación del asunto incurrieron en demoras injustificadas porque, con independencia de que se hicieron los trámites ante el Policlínico de Jiguaní, la Dirección Municipal de Salud correspondiente y la Dirección Provincial de Salud Pública de Granma, no se le brindó el debido seguimiento y control, máxime cuando por sí mismo es un trámite complejo en el que intervienen varias dependencias de otra institución, y requería precisiones sobre el cumplimiento del servicio
social, pero que nunca justifica la excesiva demora que, con razón, denuncia Loida Virgen».

Por ello, y por el resultado de los análisis realizados,  que permitieron precisar los detalles de cada uno de los actos y responsabilidades, la Junta Directiva de la Consultoría Jurídica Internacional, celebrada con carácter extraordinario el 11 de julio del presente año, acordó realizar la devolución del importe total abonado por Laura Liset Reynaldo Ledea,  y aplicar una sanción económica a la Directora de la Sucursal de Granma ascendente a 25 730.98 pesos, así como al Técnico Jurídico Auxiliar que intervino en las diligencias del caso, por el importe de 3 619.33 pesos, lo que se hizo efectivo el 5 de agosto.

Añade que el 12 de julio el Director de Capital Humano del Ministerio de Salud Pública comunicó que Laura Liset Reynaldo Ledea no ha cumplido con el tiempo del servicio social que la Ley establece, por lo que no procede emitir la certificación solicitada. Se le comunicó de inmediato a la promovente y el 15 de agosto de 2024 se procedió a la devolución del importe total abonado por el servicio.

«La Dirección General de Consultoría Jurídica Internacional, señala,  reconoce la inadecuada tramitación del asunto, ofrece disculpas a Laura Liset y su abuela Loida Virgen y ratificamos el compromiso de brindar servicios de mayor calidad a partir del mejor desempeño de nuestros directivos, especialistas y demás trabajadores; eliminar los errores en los mecanismos de control interno que nos impiden apreciar las demoras, como aconteció en esta oportunidad; y actuar con el rigor y sensibilidad que genera cada trámite que interesa la población.

«Este es un caso que demuestra deficiencias y que nos ha posibilitado reflexionar críticamente con nuestros colectivos laborales. Solicito excusas por la demora en responder la queja publicada el 9 de julio pues fue necesario esperar la respuesta del Ministerio de Salud Pública, concluir los análisis correspondientes y ejecutar las operaciones bancarias para la devolución del dinero», concluye.