Cerronistas persisten en iniciativas que apuntan al sistema de justicia
El congresista Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente del Poder Legislativo, y su bancada de Perú Libre impulsan proyectos de ley que apuntan al sistema de justicia, alineados con Vladimir Cerrón, su hermano y líder, que alega que enfrenta ‘lawfare’ (guerra jurídica). A la propuesta para fiscalizar jueces y fiscales desde el Congreso, se suman otras iniciativas.
El jueves 22, el perulibrista Américo Gonza dio un proyecto para retirar de su carrera a los jueces que hayan llegado a presidir el Poder Judicial y los fiscales que encabecen el Ministerio Público y que estos máximos cargos sean dados por los más antiguos de estas entidades.
Ese mismo día, Waldemar Cerrón presentó un proyecto de ley para neutralizar jueces cuando se haya pedido su inhibición o recusación en un caso: mientras esté pendiente resolver estos pedidos, solo podrán hacer “diligencias urgentes que resuelvan la libertad del imputado o privación de la libertad en caso de flagrancia”.
El último 19 de agosto había inscrito un proyecto para que los jueces pasen al retiro si acumulan cinco sentencias o 10 resoluciones de auto anuladas o revocadas o un habeas corpus contra ellos que sea consentido, y sean suspendido o destituidos al tener ciertas cantidades de fallos luego revocados.
El 15 de agosto había dado una iniciativa para establecer que en un proceso judicial solo se puedan embargar bienes mayores a dos unidades impositivas tributarias cuando haya “sentencia debidamente consentida” y se exceptúe los ingresos por jubilación o subsidios.
Un día antes, Gonza dio un proyecto para que jueces, fiscales y denunciantes paguen multas por errores en autorización de detenciones o encarcelamientos, que serían equivalentes al 10% de su remuneración “por cada día de detención y/o privación de la libertad”.
Todos estos proyectos están en la Comisión de Justicia, que preside el perulibrista Isaac Mita, que ha suscrito varios con otros compañeros de bancada.
El Gobierno expresó su rechazo a la propuesta para fiscalizar jueces y fiscales. El ministro de Justicia, Eduardo Arana, adujo que era inconstitucional.