Edmundo González denuncia una «citación sin garantías» por parte de la Fiscalía chavista

El excandidato de la oposición de Venezuela Edmundo González Urrutia ha denunciado este domingo una «citación sin garantías de independencia y del debido proceso» por parte de la Fiscalía venezolana , después de que le haya pedido comparecer este lunes para declarar por su presunta responsabilidad por delitos relacionados con la publicación de resultados electorales. «El Ministerio Público pretende someterme a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos. El fiscal general se ha comportado reiteradamente como un acusador político: condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso», ha declarado a través de un vídeo compartido en su perfil de la red social X. González ha dicho al presidente venezolano, Nicolás Maduro, que «la solución no está en la represión, sino en la verificación internacional independiente y confiable de las actas, que no puede ser sustituida por una sentencia dictada al margen de la Constitución». En este sentido, ha afirmado que presentarán sus «ejemplares de las actas de escrutinio que dejan clara la voluntad de cambio de los venezolanos», considerando que la «verdad de lo sucedido el 28 de julio es lo que salvará la institucionalidad democrática». «Una vez más les repito, por la paz y el bienestar del país, presenten las actas. Exigimos respeto a la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio, que favorecieron ampliamente el cambio político que representó mi candidatura», ha sostenido. Así, ha abogado por «la búsqueda de fórmulas que, con estricta sometimiento a la soberanía popular, permitan canalizar una transición ordenada, pacífica y con garantías para todos», ya que «Venezuela vive horas de incertidumbre y desasosiego, producto del empeño de ustedes de violar la voluntad de cambio». En concreto está acusado de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración, según recoge el documento. Según el Ministerio Público, el excandidato opositor «incurrió en un franco desacato e irrespeto al Tribunal Supremo de Justicia, al no acudir a los llamados realizados por la sala electoral».