Un infierno diario: la realidad del abogado postulante en México

En esta ocasión, me permito hacer uso de este medio de comunicación para expresar, en virtud de mis propias experiencias, lo que sucede en el diario transitar de un abogado postulante en México.

Como director general del despacho jurídico que me honro en dirigir, he tenido la oportunidad de escuchar y vivir, incluso a través de los ojos de los demás, situaciones inconcebibles en nuestro desempeño profesional. Situaciones que no solo ponen en riesgo la integridad de nuestra labor, sino que revelan un sistema en estado de franca descomposición.

Desde que uno sale a las calles, la primera preocupación no es la calidad del trabajo o la complejidad del caso que se va a enfrentar, sino el riesgo de ser asaltado o si llegará a tiempo, o si es que llegará. El tráfico, un mal crónico de nuestras ciudades, no es más que el reflejo de la desorganización y la falta de capacidad de nuestras autoridades. Así como la falta de capacitación de policías, que su obligación es dirigir el tránsito. Todo ello sin mencionar las condiciones deplorables de nuestras calles, donde los baches se han vuelto parte del paisaje urbano, y en algunas zonas, las vías pavimentadas son ya una rareza.

Superado este primer obstáculo, los desafíos no hacen más que multiplicarse. La reciente severidad del clima es solo una muestra más de la vulnerabilidad en la que vivimos. Si antes nos angustiábamos por las olas de calor que causaban deshidrataciones y muertes, ahora son las lluvias torrenciales las que nos preocupan. Inundaciones que arrasan con el patrimonio de miles de familias, y un gobierno que, en su ineficiencia, permite que aún bajo estas circunstancias, la escasez de agua tratada sea un problema constante.

Y cuando por fin logramos llegar a nuestro destino, nos encontramos con un escenario aún más desalentador. La reciente paralización del Poder Judicial de la Federación, consecuencia directa de las absurdas reformas promovidas por el Ejecutivo Federal, ha dejado a la ciudadanía en un estado de indefensión absoluta, en donde los ciudadanos se preguntan ¿qué va a pasar? Los abogados nos enfrentamos a una burocracia asfixiante, donde acceder a una carpeta de investigación se convierte en una odisea. Las fiscalías, tanto locales como la General de la República, han adoptado prácticas que rayan en la violación sistemática de derechos humanos: desde la negación de acceso a las carpetas, hasta la pérdida de expedientes completos, todo ello en instalaciones que, irónicamente, están infestadas de “chinches”, como se evidenció en la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México.

El panorama en la Fiscalía General de la República no es mejor. La imposibilidad de acceder sin cita previa, la falta de respuesta a los correos electrónicos y el nulo contacto con las autoridades responsables de la procuración de justicia federal son solo algunos de los problemas que enfrentamos día tras día. ¿Cómo podemos esperar un acceso efectivo a la justicia en estas condiciones?

La realidad es que el estado de nuestro sistema de procuración de justicia, sumado a la ineficiencia de nuestras autoridades, han creado un círculo vicioso que propicia la corrupción y la inseguridad. La falta de motivación y capacitación en los servidores públicos, agravada por las precarias condiciones de trabajo y los salarios insuficientes, termina por traducirse en un Estado de indefensión para los ciudadanos, donde la justicia es un ideal cada vez más lejano. Por eso afirmo, que antes de pensar en una reforma al Poder Judicial, primero se debe de dar el fortalecimiento de las instituciones de procuración de justicia, como lo son el ministerio público, la policía y los sistemas de servicios periciales.

Todo esto desemboca en una sociedad que vive con miedo, una sociedad que ha perdido la confianza en sus instituciones, y que se enfrenta día a día a la incertidumbre y el desamparo. El presidente, mientras tanto, parece más interesado en su espectáculo matutino que en resolver los problemas reales que aquejan al país. La falta de recursos, la negligencia en la administración pública y la corrupción galopante, son solo síntomas de un gobierno que ha fallado en su deber más básico: proteger y servir a su pueblo.

Es triste, doloroso incluso, reconocer que hemos llegado a este punto. Un punto donde decir “no podemos estar peor” se ha convertido en una frase recurrente, una muestra que refleja la desesperanza de un pueblo que se siente abandonado por quienes deberían guiarlo y servirlo.

Hoy, con todo el peso de mi experiencia y mi preocupación por México, hago un llamado a la reflexión y a la acción. No podemos permitir que esta situación continúe. Es imperativo que exijamos responsabilidad y que trabajemos juntos para reconstruir nuestras instituciones. Solo así podremos aspirar a un futuro donde la justicia no sea un privilegio, sino un derecho accesible para todos.

Que este sea el último momento en que nos veamos obligados a decir, con desesperanza, que no podemos estar peor. Es tiempo de cambiar y el cambio debe comenzar hoy.