Editorial: Zamora y la injusticia en Guatemala
A las múltiples y autorizadas voces que durante dos años han denunciado el arbitrario encarcelamiento del periodista guatemalteco José Rubén Zamora se sumaron el miércoles las de seis expertos independientes de las Naciones Unidas. El grupo incluye a las relatoras especiales Alice Jill Edwards, sobre tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, e Irene Khan, encargada de la promoción y protección de la libertad de opinión y expresión.
En un revelador informe, pidieron a las autoridades que atiendan con urgencia las denuncias sobre las condiciones inhumanas que ha padecido el periodista durante su largo confinamiento en prisión preventiva. “Nos preocupa seriamente que el Sr. Zamora, de 67 años de edad, no haya recibido tratamiento médico adecuado para sus condiciones físicas y mentales, poniendo en riesgo su vida (...). Las condiciones denunciadas que ha experimentado el Sr. Zamora violarían la prohibición absoluta de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, se lee en uno de los párrafos del informe.
El gran problema es que, mientras las autoridades del Poder Ejecutivo avalan ese pedido, las del Poder Judicial, de quienes depende la suerte del periodista, lo ignoran con total irrespeto por la justicia.
Zamora, declarado a principios de agosto “prisionero de conciencia” por Amnistía Internacional, organización defensora de los derechos humanos, fue durante más de 20 años director del desaparecido diario elPeriódico. Bajo su liderazgo, el medio publicó una gran cantidad de denuncias sobre hechos irregulares durante varios gobiernos. Una de las más destacadas se refirió al caso conocido como Alfombra Mágica, sobre presuntos sobornos recibidos por el expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024) a cambio de favorecer a un grupo de empresarios rusos para operar un puerto en Guatemala.
La Fiscalía nunca investigó al político; en su lugar, le atribuyó al periodista infundados cargos por lavado de dinero y logró que fuera confinado preventivamente en julio del 2022. Luego, también fue acusado de obstrucción de la justicia y falsificación de documentos en forma continua. En junio del año pasado, fue condenado a seis años de prisión por el primer caso, pero la sentencia fue anulada por violaciones al debido proceso. El segundo caso aún aguarda juicio, mientras Zamora, de 67 años, sigue en prisión.
El documento de la ONU se dio a conocer dos días después de que un tribunal otorgara a Zamora arresto domiciliario en el caso de lavado; sin embargo, deberá permanecer recluido por el de obstrucción. Sus condiciones carcelarias han mejorado desde la llegada de Bernardo Arévalo al poder en enero de este año. Sin embargo, no es mucho más lo que el presidente puede hacer por una razón muy simple: también él es víctima, en el ámbito político, de un poder judicial, en particular la Fiscalía, copado por sectores antidemocráticos y desdeñosos del Estado de derecho.
Fueron ellos los que, en complicidad con diputados afines al llamado “Pacto de los corruptos”, hicieron lo posible por desconocer su triunfo electoral e impedir que asumiera la presidencia. Y son ellos también los que se han empeñado en castigar a José Rubén Zamora por ejercer dignamente sus tareas periodísticas y exponer instancias de corrupción.
La jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, enquistada en el cargo hasta que venza su nombramiento y ejecutante principal de las maniobras, fue sancionada meses atrás por el gobierno de Estados Unidos por “socavar la justicia en Guatemala”. Lo mismo sucedió con Ricardo Méndez Núñez, quien dirige la Fundación Contra el Terrorismo, un tinglado de extrema derecha que se constituyó en querellante contra el periodista.
Hoy, Zamora se ha convertido en un doble símbolo: por un lado, del periodismo libre, penalizado arbitrariamente por enfrentarse con valentía a la corrupción y el oscurantismo; por otro, de un Estado dividido entre un Ejecutivo democrático y apegado al imperio de la ley, y operadores políticos y judiciales empeñados en mantener su arbitrariedad y privilegios, con el apoyo de élites económicas inmovilistas.
La conclusión es que, a pesar del avance democrático, Guatemala aún no ha logrado superar las condiciones que durante tantos años han impedido su adecuado desarrollo, el respeto pleno de las libertades civiles y el ejercicio de la justicia independiente. Esta es razón de más para insistir en denunciar la arbitrariedad que padece José Rubén Zamora y apoyar, en todo lo posible, los esfuerzos civilistas del presidente Arévalo y la mayoría de la sociedad guatemalteca.