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Petroperú en la hora crucial

La buena gobernanza es el elemento central para el desempeño de las empresas, tanto públicas como privadas. El tema de la propiedad, privada o pública, no es la variable determinante. A ese consenso han llegado hace varios años ya los organismos multilaterales, desde la OCDE hasta el FMI, pasando por el Banco Mundial y el BID.

El tema de Petroperú es, hasta ahora, el tema de una empresa pública que tiene problemas diversos, entre ellos las fuertes pérdidas económicas recientes debido a la demora en la entrada en operación del Flexicoker, su unidad más importante que recién ha entrado en operación al 100%, después de varias postergaciones.

La propuesta del directorio de Petroperú era recibir una ayuda económica adicional para aliviar las deudas de corto plazo, a la vez que plantea la reestructuración de la empresa y la contratación de un gestor privado de la misma, lo que no debe confundirse con una privatización, que implica la venta de acciones al sector privado.

Todo esto se ve ahora en entredicho por los acontecimientos recientes y las informaciones que dan cuenta de una decisión gubernamental que se inclina por un cambio de directorio y el retorno de una administración anterior que tiene una posición distinta y conocida, con lo que da un giro de 180° grados a la propuesta de reestructuración.

Recordemos que la deuda externa de Petroperú, en bonos y préstamos, asciende a 4,300 millones de dólares. Esa deuda es vigilada de cerca por las calificadoras de riesgo y los propios acreedores, que podrían llegar a decisiones negativas y drásticas si aprecian mala gobernanza qué podría llevar a la insolvencia.

Si eso sucede, la crisis de Petroperú tendría también una dimensión ministerial  pues difícilmente los titulares del MEF y Minem que llegaron criticando la administración de Petroperú, sean los mismos que ahora devuelven a los criticados a los mismos puestos. Así, la crisis de Petroperú estaría mutando a ser una crisis de Estado de geometría variable con la participación de nuevos actores, incluidos los partidos políticos, los gremios empresariales (Confiep, SNMPE) y las organizaciones sindicales. Se puede saber cómo empieza pero no como acaba

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