El Tribunal Europeo de Derechos Humanos investigará la maraña judicial que mantiene en pie a El Algarrobico

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) va a adentrarse en la procelosa maraña judicial y administrativa que envuelve el hotel de El Algarrobico, única razón por la que sigue en pie esta mole desde que en 2003 fue erigida en una playa de Carboneras (Almería) y en pleno parque natural de Cabo de Gata. En una resolución fechada el 25 de junio, y que Greenpeace ha dado a conocer este martes, el TEDH señala que examinará el asunto “tan pronto como sea posible”.

El órgano judicial del Consejo de Europa, máximo intérprete del Convenio Europeo de Derechos Humanos, se suma así a todas las instancias españolas (de los juzgados de lo contencioso al Tribunal Supremo) que han ido examinando la legalidad del hotel desde que un juez paralizó su construcción en febrero de 2006. El hotel no ha sido derribado pese a que acumula más de cincuenta resoluciones judiciales, incluyendo varias sentencias firmes y varias del Tribunal Supremo que así lo ordenan.

La cuestionada intervención del ayuntamiento de Carboneras

La entidad ecologista acudió al TEDH con dos quejas. De un lado, los ecologistas consideran que los tribunales están delegando injustificadamente en el ayuntamiento de Carboneras la aplicación efectiva de las resoluciones judiciales, lo que provoca el efecto de vaciarlas de contenido o retrasarlas sine die ante la incapacidad o resistencia del consistorio en ejecutarlas.

En 2016 el Tribunal Superior Andaluz (TSJA) declaró que los terrenos de El Algarrobico son no urbanizables. El Tribunal Supremo lo confirmó en abril de 2018. Sin embargo, no se ha hecho nada material para llevar a efecto estas sentencias. El motivo es que otra sentencia del Supremo, esta de diciembre de 2022, advirtió de que antes de demoler hay que modificar el PGOU (para clasificar los terrenos como no urbanizables) y revisar de oficio la licencia de obras concedida en su día. Y este proceso, que sólo puede seguir el consistorio, sigue sin completarse.

“Esa resolución [de diciembre de 2022] dice que para que la sentencia que obliga a cambiar el PGOU tenga efecto, el ayuntamiento tiene que hacerlo, y que mientras no lo cumpla la sentencia no tiene efectos”, explica el abogado de Greenpeace, José Ignacio Domínguez, a elDiario.es. “Es inconcebible: cuando una sentencia del Supremo modifica un Decreto, este queda modificado, no tiene que esperarse a nada. Pero aquí sí”.

“El TEDH ha concluido que debe investigarse la legalidad de esta decisión”, celebra la asociación ecologista en un comunicado, en el que explica que se trata de “un principio fundamental en todo Estado de Derecho, que las sentencias firmes que anulan una disposición de carácter general, como es el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Carboneras, tienen efecto desde el día en que se publica el fallo”. La alteración de este principio es “un hecho muy grave e inédito”, según los ecologistas, que creen que podría haberse vulnerado el artículo 6.1 del Convenio de Derechos Humanos, que consagra el derecho a un juez independiente y una tutela judicial efectiva. Antes de llegar al TEDH, los ecologistas pidieron una aclaración y recurrieron en amparo ante el Tribunal Constitucional, en vano.

“El hecho de que el ayuntamiento de Carboneras no haya cumplido la citada sentencia del Tribunal Supremo de 2018 no es motivo para seguir considerando los terrenos como urbanizables”, se lee en la Exposición de Hechos de la demanda, consultada por este medio. A día de hoy, con la interpretación de los tribunales españoles, y tras los últimos vaivenes en el Pleno del ayuntamiento de Carboneras, el suelo de El Algarrobico vuelve a ser urbanizable.

En este tiempo ha habido dudas jurídicas, rectificaciones, dilaciones escasamente disimuladas y amenazas de multa judicial al anterior alcalde por su resistencia a cumplir el mandato judicial, mientras sobre el municipio sobrevuela el temor a que echar abajo el hotel acabe resultando en una asunción de responsabilidades económicas frente a la promotora, Azata del Sol, que sigue blandiendo la licencia que en 1999 le concedió el gobierno municipal de Cristóbal Fernández (PSOE) con la aquiescencia, entonces, de la Junta de Andalucía.

Revocación de la magistrada ponente

En su escrito al TEDH, los ecologistas deslizan otra queja teñida de sospecha, al exponer las vinculaciones profesionales de una magistrada del TSJA y un magistrado en excedencia de la misma sala. Tras dejar el TSJA, este último, Jorge Muñoz, retomó el asunto de El Algarrobico trabajando como abogado para el ayuntamiento de Carboneras a través del despacho Martínez-Echevarría.

Muñoz, que siendo magistrado fue ponente de la sentencia (de 2014) que puso el asunto patas arriba al dar la razón a la promotora (luego anulada por el Supremo), fue contratado discrecionalmente en 2021 por el anterior regidor José Luis Amérigo (PSOE, sobrino del exalcalde Cristóbal Fernández). Su intervención como abogado del consistorio no despejó el camino para cumplir las sentencias que declaran la ilegalidad del hotel. Si acaso, lo embarró más.

La reclamación de los ecologistas a Estrasburgo recuerda el paso de Muñoz del TSJA a la defensa de parte, y subraya que la magistrada María del Mar Jiménez Morera es la actual ponente de la Sala del TSJA encargada del asunto. Jiménez Morera también participó en la sentencia de 2014 que declaró urbanizable el terreno de El Algarrobico, la única que ha llegado a tal conclusión. “Jorge Muñoz defiende los intereses del ayuntamiento de Carboneras ante la misma Sala y Sección de la que formó parte y además la Magistrada que resuelve sus escritos es su antigua compañera de Sala”, protestan los ecologistas ante el TEDH, al que piden que “revoque el nombramiento” como ponente de la magistrada.

Casi dos décadas en el limbo

El hotel comenzó a construirse en 2003 tras conseguir una licencia de obras a pesar de estar en zona protegida tanto por las normas del parque natural como por la Ley de Costas. Las primeras actuaciones judiciales contra el edificio, de 411 habitaciones, comenzaron en 2005, cuando Greenpeace, Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar denunciaron estas irregularidades. A comienzos de 2006 se logró la paralización cautelar de las obras y, desde entonces, el hotel ha seguido un periplo judicial que da para manual de derecho administrativo, sin que se haya movido ni un ladrillo.

“La admisión de la denuncia de Greenpeace ante el TEDH supone el fin del recorrido por todas las instancias judiciales posibles”, reconoce la entidad, satisfecha por ahora con este paso. “Por primera vez en la historia de Greenpeace España, y tras casi 20 años luchando contra el símbolo del maltrato al litoral español, el Tribunal de Estrasburgo va a investigar nuestra denuncia. Son casi dos décadas batallando de tribunal en tribunal y esta decisión manda un mensaje claro y contundente a quienes siguen perpetrando ilegalidades para que no desaparezca la ruina del Algarrobico”, según María José Caballero, portavoz de Greenpeace.