Muy cerca de Venezuela
Muy cerca. En primer lugar, porque España tiene un deber moral inexcusable de no mirar hacia otro lado. Los españoles tenemos que solidarizarnos con esa nación hermana que es Venezuela y tenemos que hacerlo ahora, cuanto antes. Y tenemos que apoyar su lucha contra el dictador de turno y todos sus cómplices, algunos de ellos también españoles, por desgracia. Una complicidad vergonzosa que les lleva a mentir a lo bestia, esgrimiendo públicamente falsedades burdas y aplicándolas a nuestro presente. Una connivencia que les hace aplaudir a lo loco ese pucherazo electoral, retransmitido en directo. Ese fraude trata de esconder un enriquecimiento injusto, para vivir a costa de los demás, incluso, a costa de asesinarlos y robarles la libertad. Un régimen político de delincuentes que mata, secuestra y pretende «reeducar» a la gente, para tiranizarla.
Pero, muy cerca también, en segundo lugar, porque España empieza a parecer un Estado fallido. Por tanto, no estamos tan lejos de Venezuela, porque ellos empezaron así. Y nosotros ya tenemos un parlamentarismo inoperante y retorcido, cuyas normas mal aplicadas impiden al Legislativo cumplir su misión constitucional de controlar al Gobierno. Y admitimos dócilmente que la Diputación permanente del Congreso haya podido –mediante los votos debidamente calculados para su constitución, en su momento (y a pesar del desmarque puntual de Junts)– rechazar la comparecencia del Presidente, quien tenía que dar explicaciones, a juicio de la oposición del PP, sobre el fraude electoral venezolano, la emergencia de la emigración africana y el episodio de la fuga de ese socio prófugo de la justicia, al que se dejó escapar. Cuando el art.73.2 de la Constitución (CE), que es de aplicación directa, permitiría exigir una sesión extraordinaria de control, simplemente, a petición de un número de miembros del Senado que sume la mayoría absoluta de esta Cámara.
Por otra parte, resulta incomprensible que el Tribunal Supremo no admitiera la querella interpuesta por Vox en noviembre del 2023, acusando al Presidente de varios delitos y empezando por el de cohecho, por su maquinación secreta y fuera de España para obtener la investidura, mediante un pacto consistente en no cumplir con los deberes de su cargo de respetar la Constitución, a cambio de los votos necesarios para acceder a la Presidencia del Gobierno, para destruir el Reino de España, que es lo mismo que cambiar su configuración constitucional actual, pero por la puerta falsa. Y esa querella se archivó definitivamente a finales de abril del año en curso, de forma muy criticable, modestamente. Pues, aunque la política exige negociar, sin embargo, esa negociación tiene que ser lícita. Y no lo es e, incluso, se convierte por ello en un delito –como conducta prohibida a los funcionarios (donde encajan los cargos políticos, a efectos penales)–, cuando el objeto del pacto consiste en violar la propia Constitución (la igualdad, en especial), y su causa (o finalidad) consiste en destruir a la nación española… Al menos, sigue habiendo otras decisiones judiciales mejores…
Asimismo, tenemos ahora un Tribunal Constitucional (TC) parcial, dedicado a apoyar la política del Gobierno con su muy discutible mayoría ad hoc, en lugar de hacer un juicio en Derecho de lo que es o no constitucional, desde la independencia, la neutralidad y el respeto (no desde el seguidismo político). Ya es conocido que este TC ha decidido rehabilitar a los políticos andaluces corruptos del PSOE, en el caso del escándalo de los ERE, quienes consentían en dejar partidas presupuestarias sin asignación concreta (cantidades sin concretar el fin del gasto), para dedicar esos fondos públicos a distribuir favores y beneficios entre unos y otros. Pues bien, este TC, que no tiene atribuida la potestad pública de anular decisiones del TS, ha decidido rebajar las condenas de los implicados… Finalmente, tenemos un Gobierno que utiliza a la Fiscalía –cuya misión es defender la legalidad, los derechos de los particulares y el interés público– como arma arrojadiza y también, para defender sus intereses personales. Y esto se acepta ciegamente (era así en el franquismo…), cuando es una violación flagrante del art.124.2 CE, donde se dispone que el Ministerio Fiscal debe actuar con sujeción a la legalidad y a la imparcialidad, lo cual excluye su dependencia del Gobierno.
En este contexto, con un fiscal general imputado, con un presidente del Gobierno involucrado en escándalos de partido y personales, con una minoría de independentistas (en el conjunto de España), que son la llave del primus inter pares al frente del desgobierno actual, y con una oposición dividida… La única esperanza posible es que la oposición afronte la política nacional e internacional como un solo hombre. No hay espacio para muchos matices, hay que sumar todos los votos contra Sánchez y sus socios. Ya es urgente.
Artículo publicado en el diario El Debate de España
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