Juez de Brasil declara la inutilidad de las pruebas de Lava Jato en el caso Monteverde en Perú
La justicia brasileña volvió a golpear, con mayor fuerza, las investigaciones del Equipo Especial de fiscales del caso Lava Jato en el Perú.
El 14 de agosto último, el juez supremo federal de Brasil, José Antonio Dias Toffoli extendió la declaración de ilegalidad, no fiabilidad y no uso a las pruebas del Sector de Operaciones Estructuras de Odebrecht que el Ministerio Público Federal de Brasil compartió con la fiscalía peruana, en la investigación que se sigue en Lima al empresario Gonzalo Eduardo Monteverde Bussalleu.
Dias Toffoli ha declarado la ilicitud de las pruebas que el Grupo de Tarea del Ministerio Público de Curitiba obtuvo vía el acuerdo de perdón o "lenidad" que suscribió con la constructora brasileña Odebrecht, que le dio acceso a los servidores Drousys y My Web Day B.
Esas pruebas fueron compartidas por los fiscales de Curitiba con el Equipo Especial que encabezan los fiscales peruanos, Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez. La resolución del juez supremo federal se conoció esta mañana en el Perú.
El árbol y la fruta envenenada
El juez federal brasileño considera que dichas pruebas no son fiables pues fueron trasladas sin cadena de custodia desde Suiza hasta Brasil y que, además, se violaron los derechos humanos de los directivos y ex directivos de la constructora.
Por lo cual, aplica la doctrina jurídica del árbol envenenado. Esta doctrina establece que si una prueba es obtenida de manera ilícita, todos los "frutos" que se deriven de ella, de manera directa o indirecta, están viciados, tienen dudosa procedencia, carecen de licitud, no se pueden consumir, no generan confianza, están envenenados.
De esta manera, al declarar que las pruebas son inútiles en Brasil, el juez Dias Toffoli extiende esa declaración de falta de confianza a las pruebas compartidas, vía cooperación judicial, con los fiscales peruanos del Equipo Especial Lava Jato.
Pero, además, prohíbe cualquier colaboración judicial futura de las autoridades y/o ciudadanos brasileños con el Perú respecto de dichas pruebas que carecen de confianza y licitud.
Esa declaración, el juez Diaz Toffoli la ha hecho extensiva, a pedido de parte, a las pruebas compartidas con el Perú que se utilizan en el proceso judicial al ex presidente Ollanta Humala, al exministro Jaime Yoshiyama Tanaka y, según pudo conocer La República, ahora al empresario Monteverde Busalleu.
La caja dos en el Perú
Gonzalo Monteverde se encuentra prófugo de la justicia peruana desde el 12 de marzo de 2019 ante una orden de prisión preventiva por 36 meses, en la que se utilizó la declaración de Luis Eduardo da Rocha Soares y Fernando Migliaccio da Silva, ex funcionarios de Odebrecht, y se menciona los documentos obtenidos de los servidores Drousys y My Web Day B.
De acuerdo con el fiscal José Domingo Pérez, del 2007 al 2015, Monteverde "habría ejecutado actos de transferencia y ocultamiento de activos ilícitos vinculados a la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, por un total de $ 24 905,592.00", para lo cual habría suscrito una serie de contratos simulados con empresas del grupo empresarial brasileño.
El dinero habría ingresado al Perú y se habría destinado, según el Equipo Especial Lava Jato, al "pago de sobornos en el marco de contrataciones públicas y aportes de dinero a campañas políticas".
En este último punto, la decisión del juez Días Toffoli sobre las pruebas del caso Monteverde afectará todas las investigaciones del caso Lava Jato sobre aportes ilícitos de Odebrecht a las campañas políticas que se realizaron en el Perú desde el 2011.
Allí estás los casos de Alejandro Toledo, Ollanta Humala, el partido Aprista, Pedro Pablo Kuzcynski, Lourdes Flores Nano, Susana Villarán, Lourdes Flores Nano. Es posible que también afecte procesos por presunto delito de corrupción de funcionarios.
La decisión de la justicia brasileña
En una resolución de seis páginas, el juez de Brasil señala que en los documentos presentados por el peticionante, las disposiciones de fiscalía N° 39, 98 y 126, muestras que los hechos y graves elementos de convicción que sustentan la fase preparatoria del proceso penal contra Monteverde Busellau se mencionan pruebas producidas por Odebrecht en el ámbito de los sistemas Drousys y My Web Day B y la operación Lava Jato.
Lo cual, dice el juez, constata el contagio del árbol envenenado a todos los frutos subsecuentes o dependientes de las pruebas obtenidas en Brasil con violación de derechos humanos y la debida cadena de custodia que asegure su pulcritud.
"En vista de lo anterior, accedo a la solicitud contenida en este expediente y extiendo los efectos de las decisiones adoptadas en Rcl 61.387 y Rcl 43.007, para declarar la inutilidad, según el ordenamiento jurídico brasileño, respecto del solicitante, de las pruebas obtenidas de los sistemas Drousys y My Web Day B, utilizados en el Acuerdo de Clemencia firmado por Odebebrecht", suscribe el juez.
Por lo cual, ordena "que se remita copia de la presente decisión al Ministerio de Justicia, notificando la referida inutilidad, respecto del solicitante, de las citadas pruebas, destacando, en adelante, la prohibición, en territorio nacional, de cualquier actuación o cooperación de estos elementos con el Gobierno del Perú".
¿Están los jueces peruanos obligados a acatar la decisión de la justicia brasileña? Eso se deberá discutir y resolver en cada caso, pero los especialistas legales señalan, que el Perú recibió esas pruebas en el marco de un convenio de colaboración judicial internacional de las fiscalías de Perú y Brasil, en la que se comprometieron a un respeto mutuo de sus respectivas jurisdicciones.
Es decir, si el Perú recibió los elementos probatorios respetando y acatando las decisiones de los tribunales brasileños, debe hacer lo mismo cuando la jurisdicción de dicho país señala que esas pruebas se han convertido en ilícitas.
Repercusiones en el juicio a Keiko Fujimori
En la audiencia de este martes, 3 de septiembre, el abogado Humberto Abanto, en representación de Jaime Yoshiyama, sustentó ante el Tercer Juzgado Penal Colegiado la presentación como prueba nueva de las resoluciones expedidas por la justicia brasileña que señalan que las pruebas obtenidas por el acuerdo de colaboración con Odebrecht no son fiables y no se pueden utilizar en un juicio.
Abanto presentó como prueba nueva el documento del juez supremo federal Dias Toffoli que hace extensiva la declaración de ilicitud de la prueba obtenida en Brasil relacionada con la constructora Odebrecht y los servidores Drousys y My Web Day B, en relación con Jaime Yoshiyama y el expresidente Ollanta Humala.
Igualmente, las sentencias emitidas por el mismo juez al resolver los casos del presidente Lula da Silva y del ex director ejecutivo de la referida constructora, Marcelo Odebrecht en la que se señalan actos violatorios al debido proceso que habrían cometido los fiscales del Grupo de Tarea de Lava Jato y el ex juez Sergio Moro.
El Tercer Juzgado Penal Colegiado sigue evaluando la necesidad de admitir la prueba nueva, testimonial o documental, presentada por el fiscal José Domingo Pérez y los abogados defensores. En una próxima audiencia, luego de escuchar a todas las partes, decidirá si la admite.