Mazón aprueba el decreto de viviendas turísticas con los votos de Vox y la subida de sueldo a los funcionarios con el apoyo de PSPV y Compromís
El presidente del PPCV y de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón , ha conseguido sacar adelante en las Cortes Valencianas dos medidas de calado en el inicio del primer curso político tras la salida de Vox de su Gobierno autonómico. Se trata del decreto-ley para las viviendas turísticas y la subida salarial a los funcionarios. Aunque los representantes del partido de Santiago Abascal sí que apoyaron ya otra norma presentada por los populares, el decreto de simplificación administrativa, ahora en cambio han rechazado el incremento retributivo del personal de la Administración argumentando que va contra su postura sobre los cargos públicos, al «meterlos en el mismo saco» que a los funcionarios. No obstante, en este caso Mazón ha logrado los votos necesarios en las filas de la oposición y tanto los socialistas como Compromís le han respaldado en el Parlamento autonómico. En el horizonte de la presente legislatura, el dirigente popular tiene ahora como reto la aprobación de los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2025, para lo que necesitará el apoyo de sus antiguos socios de gobierno de Vox o -como ha ocurrido este jueves- del PSPV y los nacionalistas. A priori, Mazón ya anticipó cuando abandonaron su coalición los de Abascal que él estaba dispuesto a hablar y negociar con todas las fuerzas políticas. Las novedades principales del decreto-ley de viviendas turísticas , tal como ha expuesto en su comparecencia en las Cortes Valencianas la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes , aportarán « seguridad jurídica » y rigor para ordenar la oferta de este tipo de alojamientos. De entrada, deben actualizarse las declaraciones, incluyendo la dirección exacta, referencia catastral única y propietario de la vivienda, entre otros datos. Y la validez en el registro de uso turístico ahora será de cinco años . Además, se las diferencia de otros alquileres de temporada , cuya regulación es competencia del Estado. En concreto, Montes ha precisado que «se establece que todo alquiler de 10 días o menos se considera alquiler turístico y está sujeto a esta normativa autonómica, mientras que los alquileres por periodos superiores están sujetos por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU)». Sobre este asunto, ha puesto el foco en que «más del 96 % de la comercialización de viviendas de uso turístico se realiza en periodos de 10 día s o menos» y ha puntualizado que esta medida «protege de cualquier regulación desproporcionada que pueda imponer el Gobierno de España». Otra de las medidas que recoge entre sus puntos es el respeto a la autonomía municipal para limitar esta actividad y otorga la posibilidad de que sean los ayuntamientos los que asuman las competencias de sanción y recaudación previstas. La titular de Turismo también ha expuesto que «para evitar la especulación con las viviendas turísticas, el decreto-ley incluye que, en caso de venta o transmisión de la propiedad, se pierde la licencia y el nuevo propietario del inmueble deberá gestionar una nueva declaración responsable». El nuevo texto normativo introduce diferentes parámetros para mejorar la calidad de la oferta turística. De este modo, las viviendas con este uso deberán, además de cumplir con las normas mínimas de habitabilidad, con ciertos requisitos y servicios. En cuanto a la subida retributiva del 2% para los funcionarios , que modifica una ley anterior, la consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino , ha expuesto el aumento para 2024, así como los criterios exigidos por el Estado relativos a los gastos de personal. Además, ha indicado que esta medida se desarrolla para el cumplimiento del acuerdo marco para una Administración del siglo XXI, firmado el 19 de octubre de 2022 y para tres ejercicios anuales. Además de esta medida que viene del Estado y la Generalitat Valenciana asume y comparte, Merino ha anticipado que se han propuesto cumplir con la normativa europea y fijarse el objetivo de rebajar la temporalidad en el empleo público al 8%. Para lo que se está elaborando un plan estadístico que, tras una fase de análisis de la situación actual, afrontará reformas estructurales para mejorar la eficiencia en el funcionamiento de la Generalitat.