Los peligros de judicializar la política
Con base en información oficial proveniente de la Inspectoría de la Policía Nacional, se determina que 4.482 policías fueron sacados de las filas de la entidad por razones disciplinarias entre el 2021 y el 2024. Se trata de un número en el que se mezclan 212 oficiales y el resto lo constituyen suboficiales que cometieron faltas graves que produjeron su baja.
La cifra ya resulta excesiva vista como estadística, pero en un contexto como el actual representa el grave problema que acarrea a la ciudadanía la nueva ley aprobada por el Congreso que le otorga a la PNP el manejo inicial de las investigaciones penales, en sustitución de los fiscales que constitucionalmente tienen la conducción de la acción penal.
Potencialmente, un policía con problemas disciplinarios podría ser ahora quien aborde la etapa en la que se concentra la investigación con la que cualquier persona podría ser colocada en una grave situación jurídica, investigada además sin la presencia de un fiscal.
Esta fue una de las razones por las que se decidió hace aproximadamente 20 años otorgar a los fiscales la conducción de los procesos penales, incluso en su etapa inicial. Había un cúmulo de denuncias de falsas acusaciones obtenidas bajo métodos impropios que determinaron este cambio. La reforma se basaba en la búsqueda de otorgar plenas garantías de defensa en el marco del debido proceso a la ciudadanía en general.
La contrarreforma aprobada esta semana y que todavía está a la espera de posición del Ejecutivo, observando o dejando que el Congreso promulgue la nueva normativa, nos retorna a esta condición de indefensión que fue la base de los cambios efectuados en el 2006, año en que se puso en marcha el programa piloto en determinados distritos judiciales.
Las condiciones han empeorado a la fecha, debido a la alta politización que vive la institución policial desde el 2021. Los cambios producidos en los altos mandos durante el gobierno de Castillo y en el de Dina Boluarte permiten establecer que hay una voluntad de control político que se grafica con el cierre de la Diviac y la persecución actual contra sus jefes policiales.
Proponer que sea la Policía la conductora de investigación preliminar nos coloca ante el riesgo de manejo poco técnico y eminentemente político de los procesos contra la oposición y los detractores del actual régimen; es decir, el 95% de quienes protestan y reclaman contra la actual gestión del Ejecutivo y el Congreso. Esto es una nueva amenaza contra la democracia y la separación de poderes.