La modificación a la propiedad privada en la CDMX
El pasado 2 de septiembre se publicó en la Ciudad de México una reforma al artículo que regula la propiedad en la Constitución local. Con ello se generó nerviosismo y alarma en ciertos sectores de la población, quienes argumentaron posibles riesgos de expropiación o despojo de los bienes inmuebles en la CDMX.
La reforma en cuestión eliminó la alusión exclusiva a la “propiedad privada” como un principio rector en la CDMX, ya que esto lo hacía sin hacer referencia a la propiedad pública y a la propiedad social, contraviniendo con ello el mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es superior en jerarquía a la norma local.
Esto es, nuestra Constitución General establece que la propiedad privada deriva del dominio original que tiene la Nación sobre el territorio mexicano. Es decir, la Nación —como propietaria original— es la que puede transmitir derechos a los particulares y constituir con ello la propiedad privada. Por el contrario, antes de su reforma, la Constitución de la CDMX colocaba el interés particular como principio superior que permitía desmantelar la propiedad pública, la propiedad social y el dominio de la nación. Así, se trata de un ajuste técnico diseñado para armonizar el marco legal local, sin representar una amenaza a la propiedad privada.
No obstante, opositores de la Cuarta Transformación aprovecharon esta reforma en la CDMX para infundir alarma y propiciar inestabilidad política y social. Ellos, quienes vienen sosteniendo infundadamente —desde hace más de 6 años— que Morena busca disminuir la desigualdad social y beneficiar a los que menos tienen, a costa del patrimonio de quienes han logrado sus bienes a lo largo del tiempo, de manera irresponsable señalaron que la propiedad privada se encuentra amenazada y que los inmuebles de la CDMX podrán ser fácilmente expropiados con la reforma.
Esta interpretación puede deberse a una falta absoluta de comprensión en la lectura, o bien surge desde la perversidad para alimentar un discurso político de miedo frente al oficialismo. Lo cierto es que las distintas reformas en medio del cambio de administración y el contexto de movilidad económica que vivimos en estos momentos han intensificado esta narrativa. Por ello, es indispensable entender que no hay base legal que sostenga válidamente dicho discurso.
De igual forma, es falso que la reforma afecte la seguridad jurídica de las inversiones inmobiliarias. Insisto, la propiedad privada en la CDMX mantiene el marco de protección que se tenía antes de la reforma a su Constitución local. Por el contrario, la única consecuencia que puede tener en cuestiones de propiedad es en beneficio de los espacios públicos y sociales, para que éstos tengan la misma jerarquía que los privados. Así, se garantizan nuestros buenos espacios públicos mediante los cuales ejercemos derechos como los de libre tránsito, derechos ambientales y culturales, por poner algunos ejemplos.
Es esencial que hagamos una lectura precisa de los textos constitucionales para evitar la propagación de alarmismos políticos sin fundamento, que por supuesto afectan a legítimos propietarios de la CDMX, pero también a los sectores más vulnerables y con quienes tenemos una deuda histórica y humana. La narrativa que sostiene que se está aboliendo la propiedad privada es incorrecta y altamente irresponsable, por lo que debe ser evitada en el debate público, puesto que entre otras cosas polariza y abona a la deshumanización frente a la igualdad.
Nuestro punto de encuentro es informarnos adecuadamente y exigir que los discursos alarmistas se detengan. Los debates deben centrarse en el interés público y el bienestar general, no en los intereses de grupos privados o económicos. Es posible y aceptable no estar de acuerdo con el gobierno en turno, sin embargo, las objeciones deben estar fundadas en datos duros y no en interpretaciones mal intencionadas que nos afectan a todos y todas.