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Salvadoreños exigen libertad para ‘víctimas’ de la ‘guerra’ antipandillas de Nayib Bukele

San Salvador. Más de un millar de personas marcharon este domingo en El Salvador para exigir la liberación de miles de detenidos a los que consideran “víctimas inocentes” en la “guerra” contra las pandillas emprendida desde marzo 2022 por el presidente Nayib Bukele.

Los manifestantes caminaron en el centro de la capital en contraposición al desfile oficial por el 203 aniversario de la Independencia de Centroamérica, antigua colonia española.

“Mi hijo es inocente. Mi hijo no es delincuente y yo a él lo defiendo donde sea, porque mi hijo no debe nada”, dijo en la caminata Noemi Velásquez, ama de casa de 41 años.

Velásquez señaló que su hijo, Edenilson Velásquez, de 25 años, fue arrestado “injustamente” en su puesto de trabajo el 10 de mayo de 2022 en la ciudad de Zacatecoluca.

En respuesta a una escalada de 87 homicidios en un fin de semana, Bukele instauró en marzo de 2022 un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial y que acumula 82.000 salvadoreños capturados.

Según organismos humanitarios, un 30% de los detenidos son inocentes.

“Yo lo único que le pido al presidente [es] que me lo devuelva, porque es mi único hijo y lo amo”, señaló Velásquez al romper en llanto.

“Yo no sé si él estaba vivo, está muerto, yo no sé”, declaró, por su parte, Ana García, de 62 años, al implorar a las autoridades información del paradero de su hijo Ricardo Martínez (30), capturado hace 11 meses en la localidad de San Sebastián Salitrillo.

Durante la marcha, varios de los manifestantes, muchos protegiéndose del sol con paraguas, portaron fotografías de los detenidos a los que denominaron “víctimas” del régimen de excepción.

También levantaron pancartas en las que pidieron a Bukele el fin de “tanto atropello” por las detenciones “arbitrarias”.

Con la cruzada antipandillas, el gobierno redujo las extorsiones y los homicidios descendieron en forma drástica. Al cierre de 2023, se reportaron 2,4 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Sin embargo, Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncian “malos tratos”, “detenciones indiscriminadas” y casos de tortura en el país, por lo que claman por el fin del régimen de excepción.

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