Dictan 30 meses de prisión preventiva a empresarios y exalcalde vinculados a congresista Elizabeth Medina
El Poder Judicial dictó 30 meses de prisión preventiva contra Jean Sumarán Lino, exalcalde del distrito de Molino y contra los empresarios Jhon Aquino Jara y Cesar Eugenio Orizano, investigados por los delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos.
De acuerdo a la información que accedió este medio, la investigación involucra a la congresista Elizabeth Medina y a su esposo Víctor Morales Chocano, quienes fueron denunciados por solicitar dinero a autoridades locales de Huánuco con la finalidad de gestionar presupuesto para ejecutar obras.
Si bien la jueza Margarita Salcedo Guevara, del Quinto Juzgado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, interpuso la prisión preventiva contra Sumarán Lino, Jhon Aquino y Cesar Eugenio, en la lectura de la resolución se consiguió la medida de comparecencia con restricciones contra la exgerente municipal de Molino, Milayda Valderrama Ortega.
Tesis de la Fiscalía que involucra a la congresista Elizabeth Medina
De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, la organización que involucra a la congresista Elizabeth Medina se encargaba de direccionar el presupuesto para proyectos de inversión y obras a desarrollarse en diversas municipalidades del Perú.
De esta manera, desde el año 2021, desde que asumió Medina en congresista gestionaban la priorización de obras con asignación presupuestaria.
La función de la parlamentaria fue fundamental desde el Congreso, debido a que agilizaban el trámite en la obtención de la certificación de evaluación culminada del expediente técnico en el Programa Integral de Mejoramiento de Barrios (PIMB) del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.
Sobre ello, gestionaban la transferencia del presupuesto por partes del Ministerio de Economía. A partir de ello, las gestiones eran remuneradas, puesto que, el entorno de la congresista solicitaba a los alcaldes de los gobiernos locales beneficiados con las obras, el pago de una ventaja económica que ascendería al menos al 6 % del costo directo de la obra priorizada”.