Scotiabank: agricultor señala que no le dejaron acogerse a leyes y su deuda se sextuplicó por mora
Un conflicto de más de 20 años. El empresario Manuel Talledo se comunicó con La República para señalar que ha presentado una demanda de indemnización en contra de Scotiabank por el concepto de daños y perjuicios de carácter contractual. Dicho fallo salió desfavorable en marzo de este 2024, pero ha decidido apelarla.
El ciudadano de Piura, en esa línea, asevera que la entidad no le habría permitido en reiteradas ocasiones acogerse o adecuarse a leyes y programas que ayudaron a empresarios del sector agropecuario a refinanciar las deudas que tenían con las entidades bancarias y eso lo ha perjudicado, ya que aparece con mala calificación en Infocorp. A la vez, comenta que al no ser catalogado como sujeto de crédito ello le ha "impedido el crecimiento económico al que tiene derecho".
Añade que la deuda no superaba los 80.000 dólares, pero en la actualidad ya alcanzó los 600.000 (de acuerdo a la SBS), y que en 2007 hizo llegar 10.000 dólares al banco a fin de sanear parte de su deuda, pero la institución no encuentra los documentos.
20 años haciendo trámites
Todo inició en 1997, cuando el Banco Wiese Sudameris (absorbido en la actualidad por Scotiabank) le otorgó un préstamo al señor Talledo para la instalación de 15 hectáreas de mango de exportación para la parcela Costa Verde, en Piura. El empresario detalla que debido al fenómeno El Niño, muchos agricultores "quedaron devastados" y hubo pérdidas en el sector agropecuario, por lo que no pudo cumplir los pagos correspondientes de una deuda de aproximadamente 78.000 dólares.
Pero gracias a la ley 27551 ('Ley que establece modificaciones al programa de rescate financiero agropecuario'), de noviembre del 2001, pudo beneficiarse en 2002 con facilidades de refinanciamiento (bonos de reactivación), en las que Cofide (banco de desarrollo) iba a apoyarle con el pago de un porcentaje de la deuda; mientras que el banco establecía también un nuevo cronograma de pagos para el resto de lo adeudado.
Esta deuda inicialmente era de 78.000 dólares en 1997, pero llegó hasta aproximadamente 168.000 al momento que el ciudadano se apoyó de la ley. Al respecto, Talledo considera dicho monto como excesivo y refiere que siempre mostró su desacuerdo mediante reclamos.
Asimismo, el empresario sostuvo que solo había pagado la cuota del 2003 y no del año siguiente; en línea con ello, explica que en abril de 2004 se decretó la ley 28206 ('Ley que modifica los alcances del programa de rescate financiero agropecuario'), y quiso acogerse a ella para poder refinanciar su deuda, debido a que sus condiciones le eran más claras.
En esta se menciona que nuevamente se podía refinanciar la deuda que los empresarios tenían con Cofide. Además, se mencionaba que se podía solicitar al banco que la deuda que los ciudadanos del sector le tenían podía ser canjeada "por Bonos de Reactivación del Programa de Rescate Financiero Agropecuario". Sin embargo, el banco no aceptó lo segundo y argumentó, según la sentencia a la que tuvimos acceso, que la ley no la obligaba a aceptar ese tipo de solicitudes y era opcional.
Por su parte, Talledo nos indicó que se mostró sorprendido con la decisión de Wiese y manifestó que ella carece de lógica. "¿Cómo no va a querer el banco que le paguen con bonos y le compren la deuda cuando sus fines del banco son lucrativos y tiene una cartera pesada? Esos bonos sirven para la realización del pago de la renta de los bancos o por último los colgaban en la bolsa de valores y los hacían efectivos... tres leyes salieron y no me adecuaron", nos dijo indignado.
Talledo nuevamente intentó adecuarse a una nueva ley, la 28341, que al igual que en el caso anterior, el banco decidió no atender el requerimiento del empresario, quien seguía apareciendo como deudor.
Otra alternativa apareció en 2008 con la promulgación de la ley 29364, conocida como Preda ('Ley de restructuración de deuda agraria'). En noviembre de ese año el empresario intentó acogerse a ella para que la deuda con Cofide (el 30% del total) se vaya refinanciando, pero, según manifiesta, se demoraron en responder hasta marzo de 2010 con una negativa. Es recién en 2013 que es aceptado el pedido del empresario tras reformular la solicitud.
No obstante, informa que optó por no formalizar el acuerdo, debido a que nuevamente le iban a hacer firmar un pagaré para actualizar garantías. Talledo sostiene que no puso su rúbrica por la mala experiencia pasada.
En 2016 presentó la demanda de indemnización en el Segundo Juzgado Civil de Piura, el cual, recién después de 8 largos años, determinó no darle la razón a Talledo, quien ha decidido apelar y ha solicitado que le permitan mostrar más evidencias que la jueza del caso no autorizó en su momento.
Por su parte, desde Scotiabank nos informaron que al estar el caso judicializado no darán su versión a la prensa.
"En Scotiabank reafirmamos nuestro compromiso de brindar una atención cercana y especializada a nuestros clientes, en el marco del respeto de las leyes. Respecto al caso en mención, cumplimos con informarle que hemos brindado a las autoridades correspondientes toda la información y documentación que sustenta debidamente nuestra posición, la cual no podemos exponer para no interferir o afectar los procesos judiciales que se encuentran en trámite", asevera la entidad bancaria.
Mientras tanto, Manuel Talledo busca que el caso no se alargue más, ya que han pasado más de 2 décadas desde que intentó acogerse a una ley y no se lo permitieron. Y ahora su deuda (sostiene) ha alcanzado los 600.000 dólares tras una consulta que le hizo a SBS. "Si iba a ser así el rescate financiero, mejor no nos rescaten y déjennos como estábamos antes (para verlo nosotros mismos)", apunta.
Los documentos perdidos
Por otro lado, el agricultor indica que en febrero de 2007 realizó 2 depósitos (de 5.000 dólares cada uno) a Scotiabank a fin de amortizar la deuda y que el banco los pudiera recibir una vez que le permitieran acogerse al programa de rescate financiero.
No obstante, Talledo informa que Scotiabank hasta la fecha no ha encontrado dichos documentos y que le han pedido más tiempo para seguir buscando esos certificados. El empresario, a su turno, intentará que el Poder Judicial acepte ese hecho como prueba de que ha sufrido perjuicios.