Castilla-La Mancha estudia sancionar y expropiar al aeropuerto de Ciudad Real por el posible centro de migrantes

La falta de información que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha denunciado durante los últimos días sobre la posible instalación de un centro de acogida de migrantes en el aeropuerto de Ciudad Real ha llevado al Ejecutivo regional a adoptar medidas. Concretamente, ha remitido una carta al propietario de estas instalaciones, Rafael Gómez Arribas, en la que le anuncia una inspección para los próximos días. En la misma misiva, habla además de la apertura de “actuaciones previas” a la posible instrucción de expediente sancionador en materia urbanística.

El escrito, al que ha tenido acceso elDiarioclm.es, lo remitió el Gobierno de Emiliano García-Page el pasado viernes, día 18 de octubre, y lo firma la directora general de Planificación Territorial y Urbanismo, Silvia López Martín. Comunica al propietario que en los próximos días será informado “del día y hora” para realizar la inspección “en el ejercicio de las competencias autonómicas”.

También indica que con ello se abre audiencia a la empresa y se cita al propietario a acudir a la Consejería de Fomento para que “alegue lo que estime oportuno” y ponga en conocimiento de la Administración autonómica cuantas actuaciones se hayan realizado al respecto del centro de acogida “y que de hecho se están haciendo” en las instalaciones.

Avisa el Gobierno de Emiliano García-Page que, llegado el caso, se reserva el derecho de ejercitar la acción de “restauración de la ordenación territorial y urbanística y cuantas otras acciones pudieran derivarse”. Es decir, se reserva el derecho incluso a expropiar los terrenos.

Esta misma semana, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, afirmaba que la empresa gestora del aeropuerto tenía un acuerdo de confidencialidad con el Gobierno central y que por ello la Administración autonómica no podía tener acceso a la información sobre el posible centro de migrantes. Estas declaraciones se producían mientras la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguraba que “no hay ninguna decisión tomada” respecto.

La visita del Ayuntamiento “constató” que había actuaciones “sin autorización”

En la misiva enviada al dueño del aeropuerto, el Gobierno regional argumenta que ante la posibilidad de su uso como centro de acogida de inmigrantes, recibió una carta el pasado jueves de la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Ciudad Real tras una visita con objeto de comprobar si se estaba llevando a cabo algún tipo de actuación sin las debidas autorizaciones, “constatándose que sí”.

Informa de que se comprobaron así actuaciones que “no parecen corresponder al uso propio de instalaciones de esa naturaleza”. La Consejería de Fomento recuerda en su escrito que el aeropuerto se tramitó y ejecutó a través de un Proyecto de Singular Interés (PSI), estando los terrenos e instalaciones “sometidos a ambos instrumentos”.

Es en este punto cuando habla de la apertura de diligencias para un expediente sancionador en materia urbanística a la empresa propietaria del aeropuerto. Aunque precisa que la competencia “ordinariamente” corresponde al Ayuntamiento, el Gobierno regional “se hace responsable”. Su objetivo, agrega, es analizar unas posibles infracciones “en un ámbito territorial que excede la jurisdicción de un municipio, pues el PSI abarca terrenos no solo del término de Ciudad Real”.

“De confirmarse los gravísimos hechos que se atestiguan por la Concejalía competente de Ciudad Real, de estar en curso ahora mismo, y de afectar a un ámbito no recepcionado por las administraciones locales, y afectar a varios municipios, nos vemos en el deber de asumir, al menos en este estadio embrionario del expediente sancionador, la competencia”, explica el Gobierno de García-Page.

Las sanciones por infracción urbanística que contempla el Ejecutivo autonómico pueden ser la inhabilitación para desarrollar actividades con relevancia urbanística, expropiar los terrenos y demoler lo construido o ampliado para el centro de inmigrantes.

Cita también el supuesto acuerdo de confidencialidad entre el aeropuerto y el Gobierno de España. “Los acuerdos de confidencialidad tienen su fundamento en la autonomía de la voluntad de las partes, que no obedecen a la aplicación imperativa de las normas y que, en su caso, se restringen a las relaciones comerciales que las partes puedan tener entre ellas”.

Con carácter general, la Administración autonómica considera que hay “una acuciante necesidad” de esclarecer los hechos ante una “aparente vulneración del ordenamiento jurídico, por la repercusión mediática que está provocando, por la preocupación en la sociedad en general, y en particular en el vecindario no solo de Ciudad Real, sino de los municipios aledaños al aeropuerto”. También destaca las implicaciones que podría suponer para el territorio afectado “en materia de agua, educación, asistencia social, transporte, y otros servicios básicos afectados”.

“No encaja en el uso dotacional del PSI”

El hipotético centro de acogida de inmigrantes “no encaja en el uso dotacional descrito en el PSI, al no ser un equipamiento necesario para el desarrollo de las actividades de los usuarios del aeropuerto”. “El centro de acogida de inmigrantes no solo es que no tenga acomodo en los usos previstos, sino que se considera expresamente incompatible” según el plan director de la instalación. “Y, al parecer, expresamente, la entidad titular del aeropuerto estaría haciendo caso omiso a estas prescripciones”.

Con estas premisas, el Gobierno de Castilla-La Mancha ve “crucial” comprobar las actuaciones en el aeropuerto “para contrastar las informaciones con los hechos” para corroborar o descartar “al menos, dos infracciones urbanísticas”, una grave y otra muy grave.