El vacío plato hondo frente a la indolencia, por Angie Higuchi

Tras la semana que albergó el Día Mundial de la Alimentación, el panorama de nuestro país es desolador. A propósito de la columna de Gómez Vega (2024) en la que se retrata “la otra cara de la exitosa comida peruana”, donde un creciente número de comensales del extranjero y locales disfrutan la gastronomía local, muchos eventos con efectos negativos están aconteciendo en detrimento de nuestro alimento que afectan, sobre todo, a la población más vulnerable. Un conjunto de fenómenos climáticos impredecibles; con insumos agrícolas a precios inasequibles; préstamos y créditos con altas tasas de interés; estrés hídrico en algunas zonas y lluvias torrenciales en otras, y un largo etcétera, causan un efecto directo en el decrecimiento del rendimiento de los cultivos. Sin lugar a dudas, un horizonte agrícola desalentador que conecta directamente con el riesgo de aumento de la situación de inseguridad alimentaria que para el año venidero resulta preocupante pues la producción de alimentos será cada vez más costosa y, eventualmente, más limitada.

En medio de un alza en el precio de la pota por barcos chinos que depredan nuestro recurso marino y de justificados paros nacionales por la inseguridad ciudadana que paralizan la economía de nuestro ya tan golpeado país, se evidencia una combinación de falta de conocimientos técnicos, desidia y falta de voluntad política que se traducen en nefastas declaraciones y muy poca capacidad de respuesta de nuestras autoridades. Para muestra, basta un botón: un ministro de Agricultura (Midagri) que dice que no existe hambre en el Perú; un ministro del Ambiente (Minam) indolente que no se pronuncia ante las catástrofes ambientales —solo en el Perú el fuego incontrolable ha destruido más de 3.300 hectáreas de áreas naturales, de las cuales casi 1.500 son tierras de cultivos (PUCP, 2024)—; y un ministro de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) que argumenta que las cifras que se manejan dentro de su cartera son correctas frente a las publicadas por organismos internacionales como FAO.

Y es precisamente cuando hablamos de indicadores para la toma de decisiones donde nos encontramos que el Gobierno busca aprobar un decreto supremo que cuestiona la rectoría del INEI, transfiriendo el liderazgo del reporte de indicadores de pobreza no monetaria al Midis, en medio de una convocatoria a concurso público para una selección de jefe de nuestro sistema estadístico nacional. Herrera y Escobal (2024) mencionan que “siendo dichos indicadores parte central de los criterios de la rendición de cuentas de sus políticas de lucha contra la inseguridad alimentaria y la pobreza, el Midis se convertiría en juez y parte, elaborando los indicadores que evalúan su propio desempeño”.

En mayo de este año, el INEI publicó que la pobreza monetaria alcanzó al 29% de la población del país. Esto equivale a 9,8 millones de personas, de los cuales 1,9 millones son pobres extremos, pues perciben un ingreso menor que el precio de la canasta básica. En el Perú, según FAO (2024), el 51,7% de la población peruana enfrenta situaciones de inseguridad alimentaria moderada o grave, y el informe del Midis y PMA (2024) asegura que el 51,6% de los hogares enfrentan algún grado de inseguridad alimentaria. Asimismo, los resultados del IEP apoyaron estas alarmantes cifras, publicando que casi uno de cada dos se ha quedado sin alimentos por falta de recursos en el Perú rural, y en el nivel socioeconómico D/E, seis de cada 10, y que dos tercios habían reducido su consumo de alimentos. Las personas en situación de inseguridad alimentaria grave se han quedado sin alimentos y, en el peor de los casos, han pasado días sin comer. Otros datos necesarios para entender esta situación: el 43,1% de los niños de menos de 3 años son anémicos (dos puntos más que en el 2019) y la tasa de desnutrición infantil en los niños menores de 5 años de edad se mantiene en alrededor del 11,5%, alcanzando el 20,3% en las áreas rurales. Por otro lado, el porcentaje de obesos en todo el país aumentó, lo que afectó al 24,1 de la población mayor de 15 años (1,8% más que el 2019), lo cual incrementó también los riesgos de enfermedades crónicas no transmisibles (Perusan, 2024).

Son los programas sociales como Qalli Warma, las ollas comunes y los comedores populares los que afrontan directamente la inseguridad alimentaria de nuestra población vulnerable. La investigación realizada por Zegarra, Santandreu, Huamán y Ramos (2024) señala que mientras disminuye el número de raciones porque las familias no tienen 3,50 soles para comprar una ración para cada miembro del hogar, aumenta el número de personas que se alimentan en las ollas, dado que las raciones se fraccionan para el almuerzo y la cena o entre más miembros del hogar. Asimismo, el Midis aporta aproximadamente el 30 % del aporte calórico total que requiere un adulto; es decir, 2,2 soles por ración/día —unos 0,60 dólares—, cuando, según la FAO, una dieta saludable en el Perú tiene un costo de 3,3 dólares diarios. Según este medio periodístico, Abilia Ramos, presidenta de las ollas comunes de San Juan de Lurigancho, argumenta que, primero, las ollitas recibían S/3,70. Luego, les han bajado a S/2,20 y para el presupuesto 2025, el Midis quiere destinar S/1,69 por persona y por día. Tanto Ramos como Eduardo Zegarra coinciden en que el monto propuesto por el Ejecutivo es limitado y que al menos una ración razonable no debe bajar de S/9 a S/12 por persona y por día. La Red de Ollas Comunes de Lima metropolitana persiste en su intento con acciones de incidencia para exigir al Poder Ejecutivo un presupuesto digno. Efectivamente, la pregunta es ¿qué calidad de alimentos se puede comprar con S/1,69 por persona y por día? La paradoja de la gastronomía en el Perú muestra que, por un lado, los mejores restaurantes en Lima reciben comensales que se deleitan con nuestros productos exóticos oriundos de nuestro tan rico país. Y esto está muy bien. Lo que no está bien es que la población pobre y más vulnerable se encuentra abandonada a su suerte, con un plato hondo sin llenar o con productos alimenticios que ¨llenan pero no nutren¨ como los alimentos procesados (conservas tan cuestionadas en las compras de Qali Warma), así como productos ultraprocesados baratos, densos en energía y pobres en nutrientes. Estos últimos terminan siendo su principal fuente de carbohidratos debido a la deficiencia en el consumo de proteína animal, frutas y verduras.

La respuesta de política pública técnicamente débil e ineficiente en la gestión evidencia una total indolencia que profundiza la brecha social y alimentaria en la sociedad. Quiero creer que aún estamos a tiempo de trabajar medidas en pro de preservar nuestra agricultura y una alimentación saludable y suficiente en un país tan golpeado. El presupuesto 2025 es una buena oportunidad de mejorar la respuesta pública alimentaria. Voluntad política es lo único que se necesita, señores.