Delgado propone “concursos transparentes” para el ingreso de funcionarios: El PN había bloqueado esa propuesta

En las últimas horas, la coalición multicolor, abroquelada detrás del candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, presentó su programa de gobierno conjunto en un intento por mostrar unidad luego de varias diferencias y desacuerdos que surgieron tras la primera ronda electoral del 27 de octubre.

El documento, titulado  “Gobernar entre todos”, contiene 400 propuestas que giran en torno a 22 ejes temáticos, y contó con el respaldo (aparte de la candidata a la vicepresidencia por el PN, Valeria Ripoll), de Andrés Ojeda (Partido Colorado, PC), Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto, CA), Pablo Mieres (Partido Independiente, PI) y Eduardo Lust (Partido Constitucional Ambientalista, PCA).

El candidato nacionalista destacó las coincidencias entre los aliados, lo que permitió avanzar rápidamente en la creación del programa. En este contexto, mencionó varios puntos: señaló que con CA hubo acuerdo “en lo que tenía que ver con el crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas”, y de ahí se definieron medidas específicas que “le facilitan la vida a ese uruguayo de a pie, a ese pequeño empresario con una rebaja en el costo de la energía, modernización de relaciones laborales, eliminación de la burocracia de arriba y cambiar el paradigma por el concepto de confianza responsable”.

El candidato también indicó que con el PC se centraron en dos temas que Ojeda enfatizó durante toda la campaña: la salud mental y las adicciones. Respecto a este último punto, proponen “generar un centro para jóvenes ‘Ni silencio ni tabú’ en los 19 departamentos, un centro accesible para personas con intento de autoeliminación y mejorar la accesibilidad a consultas, entre muchas otras cosas”.

El otro tema que el PC “insistió mucho” es la seguridad pública; dentro de este ámbito, se incluye “la modernización del sistema carcelario”, la incorporación de tecnología a la Policía, un aumento en la formación y la creación de un “grupo multifuerza que vaya directamente al ataque del patrimonio del crimen organizado y del narcotráfico”, según explicó Delgado.

Respecto a los partidos menores de la coalición, el candidato comentó que con el PI llegaron a un acuerdo sobre la “prioridad política y presupuestal en la primera infancia”, mientras que con el PCA indicó que “nos unen cosas” y que integraron diversas propuestas relacionadas con delitos ambientales y la reglamentación de los acuerdos de confidencialidad.

El candidato indicó que hay 22 ejes en el programa conjunto que abarcan desde economía hasta políticas sociales. Subrayó que la coalición muestra “unidad de acción” y “vocación no solo de ganar, sino de gobernar”. En este sentido, criticó que dentro del FA existen “disputas en función de quién es más hegemónico”, mencionando que “hay un sector que desbalancea —el Espacio 609— y eso, sumado a los sectores radicales, desbalancea mucho más y condiciona no poder tener un programa para mostrar, no tener un discurso único, sólido, para creer”.

Asimismo, se refirió al “Uruguay que se viene”, en el cual la coalición no cuenta con mayorías en el Parlamento. Lo describió como una etapa desafiante que los incentivará a mejorar como país al buscar acuerdos interpartidarios.

El primer capítulo del documento plantea “una economía más competitiva”, enfocándose en las pequeñas y medianas empresas, y presenta varias medidas económicas generales, como “seguir trabajando sobre el resultado fiscal de forma que esté alineado con los objetivos de competitividad del país y la sostenibilidad de la deuda pública”. También se proyecta “seguir avanzando en la reducción de la inflación para alcanzar metas aún más ambiciosas que las logradas en el presente quinquenio”.

Además, se establece que “no se aumentarán los impuestos y se será responsable y transparente con el manejo de los recursos que los contribuyentes vuelcan al fisco”, y añadió que “se mejorará el Régimen de Promoción de Inversiones, ajustando y perfeccionando su funcionamiento para que siga siendo un elemento dinamizador de la economía”.

En el ámbito de la política internacional, se propone, entre otros aspectos, “defender los derechos humanos y la democracia en todo el mundo y especialmente en América Latina”. “Un continente más democrático es clave para permitir el desarrollo en paz para todos, y será un respaldo para el accionar en el mundo”, se añade.

En el capítulo sobre trabajo se menciona “perfeccionar mecanismos de descuelgues en base a criterios objetivos, estableciéndose reglas claras y ágiles para su aplicación, otorgando seguridad jurídica a los actores sociales”. Además, se prevé “continuar con acciones que permitan atender las heterogeneidades que se dan dentro del ámbito de aplicación de cada grupo de actividad: diferentes grados de competitividad de los mercados de bienes y servicios, zonas geográficas y niveles de productividad”.

El capítulo 16 se centra en “la segunda generación de la transformación educativa”. Allí se propone el “desarrollo de políticas de acompañamiento económico que permitan a los estudiantes de quintiles más vulnerables finalizar el liceo”, así como “mejorar significativamente la asistencia en todos los niveles, a través de sistemas de información diarios, así como acompañamiento y apoyos a estudiantes y sus familias”.

El PN bloqueó el intento de Adrián Peña de hacer que los ingresos al Estado fueran más trasparentes

El documento concluye con el capítulo 22, sobre “transparencia y ética pública”, cuyo primer punto establece: “Reafirmamos nuestro compromiso con la búsqueda de la verdad para las personas desaparecidas, como ya lo hicimos en el ‘Compromiso con el país’ y quedó demostrado durante el actual período de gobierno”.

Por último, el proyecto político de la coalición propone “impulsar la realización de concursos transparentes para el ingreso y el ascenso de los funcionarios públicos como norma. Esto se promoverá tanto a escala nacional como departamental, respetando las autonomías constitucionalmente consagradas”.

Esta no es una idea nueva, ya que en el “Compromiso por el país” de 2019 de Luis Lacalle Pou se habla de algo muy parecido, instando a “promover una normativa que, respetando el marco constitucional vigente, establezca el concurso y el mérito en el ingreso y ascenso de personas contratadas por los gobiernos departamentales”.

De todas formas, es contradictorio con la posición propia del Partido Nacional, ya que no había acompañado la propuesta del fallecido senador Adrián Peña, que había llegado al Senado un proyecto de ley que apuntaba a la mejora de la transparencia de las contrataciones de funcionados del Estado en todas sus capas, desde el Gobierno Central, hasta las alcaldías.

En esa ocasión, solamente votaron a favor el Frente Amplio, el Partido Colorado y Cabildo Abierto, pero el Partido Nacional no dio su apoyo. También es contradictorio en la práctica, porque varias intendencias del PN lideran el ranking de porcentajes de contrataciones directas, sin concurso público y transparente, empezando por Cerro Largo (casi 100%), seguida por Lavalleja, Rivera, Soriano, Río Negro y Tacuarembó, todas con porcentajes de contrataciones discrecionales por encima del 90%, aunque también están otras como Treinta y Tres (86.4%) y Durazno (84.9%), de acuerdo a informes de la propia Oficina Nacional del Servicio Civil.