El Gobierno estudia prorrogar el contrato de Muface con las aseguradoras privadas de los funcionarios

El plante de las aseguradoras privadas al concurso para renovar la asistencia sanitaria a los funcionarios a través de Muface plantea un escenario sin precedentes: el 31 de diciembre finaliza el contrato con Adeslas, Asisa y DKV y, por el momento, ni estas ni otras compañías quieren hacerse cargo de la cobertura de un millón y medio de funcionarios con sus beneficiarios. O, al menos, de hacerlo en las condiciones que plantea el Ministerio de Función Pública y que suponen, según indicaban desde el departamento que dirige Óscar López, la mayor subida de las primeras de la serie histórica, con un incremento del 17,12%.

Por el momento, Muface señalaba en la única comunicación pública desde este martes que “la atención médica y asistencial se mantendrá en los términos actuales” y que “iniciará los trabajos para una nueva licitación”. Los términos actuales pasan porque los funcionarios que optan por el seguro privado sigan teniendo acceso a este servicio y el calendario acota los plazos para una nueva licitación. Por eso, distintas fuentes explican que el Ministerio “valora prorrogar el contrato”.

El concierto en vigor, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 24 de diciembre de 2021, garantizaba la cobertura desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2024. Los pliegos ya contemplaban que “si la entidad no suscribiera con Muface un nuevo concierto para el año 2025, continuará obligada (...) hasta el 31 de enero de 2025” para todos sus asegurados, hasta el 31 de marzo para quienes estén hospitalizados y a las embarazadas con fecha de parto previsto para febrero hasta que concluya la asistencia por maternidad.

¿Y después? Muface señalaba este martes que garantizaría “la continuidad de las prestaciones sanitarias con arreglo a los mecanismos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público”. La norma contempla la posibilidad de prorrogar los contratos de forma unilateral por parte de la administración “cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación” por “un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones”. Esto es, las aseguradoras estarían obligadas a seguir prestando el servicio con la prima que aceptaron en 2021, sin el incremento que plantea Función Pública para el periodo 2025-2026.

Este escenario no sería, en ningún caso, el preferido por ninguna de las partes. De hecho, el Ministerio trabaja en una nueva licitación con la que esperan atraer a las compañías. Fuentes del sector trasladan que están a la espera de esa nueva oferta en la que, además de la financiación, que consideran “fundamental”, pueden tocarse otras teclas que mejoran los, a su juicio, desequilibrios del sistema, como las coberturas o la elevada edad media de las carteras de funcionarios. Precisamente, con las ofertas de empleo público que se irán resolviendo en los próximos meses el Gobierno ya prevé una reducción de esa edad media. “Habrá que ver la propuesta en su conjunto”, indican estas fuentes.

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) consideran que una prórroga forzosa supondría un “embrollo jurídico que no conviene a nadie” y lamentan la “incertidumbre” en la que están sumidos los mutualistas. Este sindicato ha convocado para el próximo 11 de noviembre una protesta a las puertas de las subdelegaciones del Gobierno y frente al Ministerio de Hacienda.

Por el momento, la Dirección General de Muface ha convocado a los sindicatos para una reunión urgente, este jueves 7 de noviembre. El encuentro se prevé tenso porque las organizaciones tienen la sensación de que “se ha dejado a la parte social al margen” de los trabajos. “La historia no va a ser para nada tranquila”, indican fuentes de CCOO, que confían en que el Ministerio tenga un as bajo la manga, en forma de prórroga con la que presionar a las compañías o que se ofrezcan otras soluciones.

El concierto aprobado en Consejo de Ministros a principios de octubre para 2025 y 2026, que las aseguradoras han rechazado, ascendía a una cuantía total de más de 1.337 millones de euros para el primer año y 1.345 para el segundo, con un incremento total bianual de 304 millones de euros respecto al último año de vigencia del concierto anterior.

“Creemos que las condiciones establecidas en la licitación son insuficientes y no permiten mantener la actual calidad asistencial. A pesar de nuestra firme voluntad de mantener la vinculación con Muface, la falta de una financiación adecuada junto a unas coberturas más exigentes en algunos aspectos que las que presta el propio Sistema Nacional de Salud (SNS) y la decisión del resto de entidades de abandonar el servicio a esta mutualidad hacen imposible para ASISA mantener la adhesión al modelo sin poner en serio riesgo nuestra solvencia”, indicaba esta compañía, que en este momento presta servicio a unas 364.000 personas.

Adeslas, que atienden en la actualidad a más de medio millón de mutualistas, también ha rechazado participar en el concierto de Muface en las condiciones actuales, aunque sí acudirá al que cubre a los funcionarios de Justicia (Mugeju) y a los militares (Isfas). DKV, que presta servicio actualmente a unas 200.000 personas, ha señalado a través de su cuenta de X que, “en las circunstancias actuales”, consideran que no pueden ofrecer “el nivel de calidad asistencial que los mutualistas merecen”.