La Policía de Brasil acusa a Jair Bolsonaro de intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022

La Policía Brasileña presentó el jueves un informe a la Corte Suprema con pruebas contra el expresidente Jair Bolsonaro , por intento de golpe de Estado y por participar de una organización criminal coordinada, que incluyó un plan de asesinato, para impedir que el entonces presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, y su vicepresidente, Geraldo Alckmin, asumiesen sus cargos en enero de 2023. El informe policial de más de 800 páginas imputa crímenes con penas de hasta 30 años de prisión contra el expresidente, su candidato a vicepresidente en la campaña de 2022, su exministro de la Casa Civil y de Defensa, general Walter Braga Neto, y otras 35 personas de su círculo más cercano. Las acusaciones son resultado de las operaciones Tempus Veritatis y Contragolpe, que esta semana revelaron más detalles sobre un intento de Bolsonaro de mantenerse en el poder, tras perder las elecciones en octubre de 2022. Según esas investigaciones, militares, inclusive generales, que trabajaban directamente con el expresidente, planearon envenenar a Lula da Silva, a su vicepresidente, Geraldo Alckmin, y matar al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, en una trama que sería ejecutada el 15 de diciembre de 2022, pero que habría sido abortada. Entre los acusados por los delitos de Abolición Violenta del Estado Democrático de Derecho, Golpe de Estado y Organización Criminal están además de Bolsonaro y el general Braga Neto; el exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) Alexandre Ramagem; el exministro de Justicia Anderson Torres; el exministro del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI) Augusto Heleno; el teniente coronel del Ejército y exayudante de Bolsonaro, Mauro Cid; y el presidente de su Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto. El martes, la policía ya había detenido a cinco agentes federales sospechosos de intento de golpe de estado, entre ellos militares cercanos a Bolsonaro. Los acusados habrían impreso dentro del Palacio de Gobierno el plan de una operación llamada «puñal verde amarillo« que citaba los asesinatos de Lula, Alckmin y Moraes. Entre los presos estaba el general de reserva y exsecretario ejecutivo de la Secretaría General de la Presidencia de Bolsonaro, Mário Fernandes . El martes también se supo que algunos de esos planes se discutieron en la casa del general Braga Neto. Según las investigaciones, las pruebas fueron obtenidas en casi dos años de investigaciones policiales, incautaciones, a partir de la quiebra de secreto telemático, telefónico, bancario y fiscal y delaciones en colaboración con la justicia, registros e incautaciones, entre otras medidas autorizadas por el Poder Judicial. Bolsonaro no se pronunció en ningún momento, pero su hijo mayor, el senador Flaio Bolsonaro, dijo en una red social que «pensar en matar a alguien no es crimen«. Las investigaciones comprobaron al menos seis núcleos de trabajo entre los acusados: Desinformación y Ataques al Sistema Electoral; Núcleo Responsable de Incitar a los Militares a Sumarse al Golpe; Núcleo Jurídico; Núcleo Operativo de Apoyo a las Acciones Golpistas; Núcleo Paralelo de Inteligencia y Núcleo Operativo de Cumplimiento de Medidas Coercitivas. El jueves, poco antes de la denuncia, el presidente Lula da Silva comentó por primera vez los planes sobre el intento de asesinarlo. «Tengo que estar mucho más agradecido ahora que estoy vivo. El intento de envenenarme a mí y a [el vicepresidente Geraldo] Alckmin no funcionó, estamos aquí», dijo. «Y no quiero envenenar a nadie, no quiero perseguir a nadie«, comentó durante una ceremonia pública. Esta es la tercera acusación contra Bolsonaro, que ya es investigado por el fraude en su registro de vacunación durante la pandemia de Covid, y por la comercialización de joyas saudíes y regalos que recibió durante su mandato, considerados patrimonio público. El informe policial debe seguir a la Corte Suprema y al Ministerio Público, donde se definirá si hay elementos suficientes para presentar cargos contra los acusados para presentar un proceso penal. Después de eso el proceso debe volver a la Corte Suprema.