El Constitucional admite a trámite el recurso de Compromís contra la ley de 'libertad' educativa de Mazón
“Esta misma semana Mazón ha intentado acelerar la tramitación del referéndum a las familias para desviar la atención de la nefasta gestión que se está haciendo de los efectos de la DANA desde Educación, con decenas de centros por desinfectar y la falta absoluta de acompañamiento a las comunidades educativas afectadas por parte de la Consellería”, denuncia el valencianista Gerard Fullana
La discriminación al valenciano, camino del Constitucional: los ocho puntos de la ley de Mazón que Compromís quiere recurrir
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por Compromís contra la ley de 'libertad' educativa del Consell de Carlos Mazón. La coalición valencianista celebra que el alto tribunal vea contenido de peso e indicios de inconstitucionalidad en la norma impulsada por el conseller de Educación, José Antonio Rovira. Compromís impulsó el texto con la firma de cincuenta diputados de la formación valencianista, Sumar, Podemos, Bildu, ERC, Junts y BNG, al considerar que la ley va en contra de los derechos lingüísticos del alumnado reconocidos en el Estatut d'Autonomia, en la Constitución Española y varias leyes educativas de rango superior.
Según la portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Àgueda Mico, con la admisión a trámite de este recurso “demostramos que en cuantas más instituciones tengamos representación, más fuerza podemos hacer para impulsar acciones como esta: sin haber unificado voluntades de varios grupos parlamentarios del Congreso, nunca hubiésemos podido impulsado este recurso, que consideramos una de las actuaciones más contundentes que podemos llevar a cabo para conseguir que una ley tan nefasta quede invalidada”.
El portavoz de Educación de Compromís en las Corts Valencianas, Gerard Fullana, ha comentado que están “muy satisfechos” porque el Constitucional haya aceptado a trámite el recurso, “porque significa que hay indicios claros de inconstitucionalidad en la Ley Educativa de Mazón”. Por lo tanto, sostiene, “esta ley se tiene que paralizar y no puede cambiar el sistema educativo cuando hay un tribunal tan importante que va a juzgar las posibles ilegalidades de la normativa”.
“Somos muy críticos con que Mazón haya acelerado uno de los elementos de esta ley a través de un trámite de urgencia esta misma semana, con todo lo que está pasando, y que lo haya hecho para desviar la atención de todas las graves responsabilidades que tiene en la catástrofe de la DANA”, ha continuado Fullana.
Respecto a los trámites a los que se refiere Fullana, describe que se trata de la exposición pública para impulsar el referéndum que pretende que 800.000 familias valencianas, “en unos casos pierdan el programa educativo que querían, y en otros matriculen a ciegas sus hijos el próximo curso”.
Así mismo, el parlamentario autonómico valencianista se ha pronunciado sobre el referéndum de lengua como un “mecanismo trampa” a las familias para que “elijan” la lengua en la que quieren en que estudien sus hijos. El texto “demuestra que es una pantomima burda, bajo la bandera de la libertad y cuando lo lees con detenimiento te encuentras en que el único que se asegura es que ni una sola familia tendrá garantizada la elección de modelo educativo en el momento de la matrícula, es una estafa”, denuncia.
“La propuesta convierte a las escuelas públicas en un caos absoluto, dado que cada año se repetirán los referéndums y cada curso podrán tener modelos diferentes, imposibilitando la coordinación de ciclo o programas como Xarxa Llibres”, ha destacado Fullana, y ha añadido: “En cambio, en los centros concertados no se llevarán a cabo los referendos ilegales y serán las direcciones de los centros las que decidirán los proyectos. Las familias de los centros concertados serán las únicas que conocerán el proyecto educativo de centro antes de la matrícula de sus hijos e hijas”, ha destacado el portavoz de Educación de Compromís.
Fullana recuerda que la ley educativa de Mazón “obliga” a las familias valencianas que tienen que matricular a sus hijos para el próximo curso a no saber en qué lengua recibirán las clases e “impide” que el alumnado de áreas castellano-hablantes “pueda aprender en valenciano y domine las dos lenguas oficiales”.
La ley del PP, relata, “permite que haya profesorado sin capacitación para dar clases en valenciano de asignaturas no lingüísticas y vulnera así el derecho del alumnado a recibir clases en valenciano de otras asignaturas”.
Así mismo, prosigue, “existen precedentes judiciales en contra de buena parte del articulado de esta ley a través de siete sentencias, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Superior de justicia de la Comunidad Valenciana”. Además, el recurso de inconstitucionalidad “señala que la ley de Mazón para marginar el valenciano en las aulas incumple 28 artículos de leyes superiores: ocho de la Constitución, dieciséis de la ley educativa estatal, uno del Estatut d'Autonomia y tres reales decretos”.
Además, concluye Fullana, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ya rechazó una de las medidas que se incluyen en esta ley de educación del PP valenciano: “Se trata de que cada alumno pueda elegir lengua para hacer los exámenes y esto atenta contra el objetivo de adquisición de conocimientos que van vinculados a la lengua oficial en la cual se vehicula una asignatura. Lo mismo ocurre con la lengua de los materiales curriculares y de instrucción”.