La declaración y el acta notarial de Lobato determinarán si el correo de la pareja de Ayuso escala hasta la Moncloa

Juan Lobato, hasta hace pocas horas líder de los socialistas madrileños, declara este viernes en el Tribunal Supremo obligado a decir la verdad sobre cómo llegaron a sus manos los correos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El exdiputado tiene que testificar ante el juez Ángel Hurtado y entregar los mensajes que consignó hace pocas semanas en una notaría de la capital: en los que, supuestamente, una asesora de Moncloa le ofrecía la confesión de fraude fiscal de Alberto González Amador para que la usara como arma contra la presidenta madrileña. Una nueva derivada en el caso contra el fiscal general por revelación de secretos que depende de la hora de esos mensajes.

El origen de la declaración de Lobato se remonta al pasado 14 de marzo. Cuando el entonces secretario general del PSOE de Madrid se levantó de su escaño en la Asamblea regional y, apenas pasados 40 minutos de las diez de la mañana, esgrimió un documento que arrancó un sonoro aplauso de toda la bancada de la oposición. El correo que el abogado de Alberto González Amador había mandado un mes antes al fiscal que le investigaba para ofrecerse a reconocer su fraude fiscal de 350.000 euros y aceptar una condena simbólica de cárcel a cambio de no pisar la prisión.

El papel que ondeaba Lobato desde su escaño era entonces un torpedo a la línea de flotación de la estrategia de Isabel Díaz Ayuso para defender a su pareja. Lejos de ser una “cacería” de Hacienda, la Fiscalía y el Gobierno contra ella a través de su novio, el propio empresario llevaba semanas reconociendo sus delitos y buscando un pacto para evitar la cárcel. Pero ocho meses y medio después, y con la causa por fraude fiscal prácticamente paralizada, ese documento y su difusión esos días se ha convertido en una investigación que mantiene imputado al fiscal general del Estado.

Juan Lobato tendrá que explicar al juez Hurtado cómo y cuándo llegó ese correo a sus manos. Esa mañana, mientras era aplaudido en la Asamblea de Madrid, dio a entender que había sacado ese correo de “los medios de comunicación” que, una hora antes, habían publicado su contenido. Pero el diario ABC ha revelado que no fue su único encuentro con esa información. Esa misma mañana, en un momento por determinar, la asesora de Moncloa y compañera suya en el PSOE de Madrid, Pilar Sánchez Acera, contactó con él para planificar la difusión de esos correos.

El exdirigente socialista no solo tendrá que explicar si le enviaron esos correos, a qué hora los recibió y si para entonces algún medio de comunicación ya los había publicado. También si el documento que exhibió en la Asamblea de Madrid lo había extraído, como dio a entender entonces, de algún periódico que no citó entonces, o si es el mismo que le hizo llegar, supuestamente, Sánchez Acera, entonces alto cargo en Moncloa.

Las primeras explicaciones de Lobato, tras conocerse la información, llegaron el pasado lunes cuando todavía era secretario general del PSOE madrileño. “No veo cuál es el problema de acreditar el origen lícito de esa comunicación”, dijo. Afirmó estar convencido de que su visita a la notaría solo servía para documentar que ni él ni el PSOE ni Moncloa habían tenido esos correos antes que los medios de comunicación. Un día después, y tras el revuelo interno en el partido, deslizó la posibilidad de que su interlocutora, entonces jefa de gabinete de Óscar López, le hubiera mentido.

Juan Lobato acudió a la notaría de Madrid a consignar esos mensajes en fechas muy señaladas para la causa judicial que instruye el Supremo. Casi ocho meses después de haber tenido esa conversación con Pilar Sánchez Acera pero pocos días después de que el juez Hurtado enviara a la Guardia Civil al despacho del fiscal general, precisamente siguiendo el rastro de esos correos. También pocos días antes de que elDiario.es revelara que el PSOE prepara su relevo para poner a Óscar López al frente del partido en Madrid.

El origen de la causa contra el fiscal general

Esta rama de la investigación que inaugura Lobato este viernes transcurre en paralelo a la que el juez Hurtado hace avanzar a buen ritmo desde hace semanas con dos imputados: el fiscal general del Estado y la fiscal provincial de Madrid. El magistrado indaga si en la noche del 13 de marzo, unas horas antes de que Lobato –según su versión– recibiera esos correos, fue Álvaro García Ortiz quien puso en circulación los correos en plena batalla para desmentir un bulo de El Mundo sobre la actuación de la Fiscalía en la causa contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

La cronología del caso arranca el 12 de marzo, cuando elDiario.es revela en exclusiva que el Ministerio Público había denunciado siete días antes a Alberto González Amador por defraudar más de 350.000 euros. La consigna de Ayuso y Génova fue apuntar a un ataque del Estado contra “un particular”. En la noche del 13 de marzo fue la edición digital de El Mundo la que publicó una información del caso que relataba uno de sus episodios más relevantes en dirección contraria: la Fiscalía había ofrecido un pacto al empresario.

Para entonces también el propio Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, y otros medios habían añadido falsamente que ese pacto se había retirado por órdenes “de arriba” para prolongar el via crucis procesal del novio de Ayuso y, por extensión, de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La realidad era al revés, como suele suceder en estos casos aunque mucho antes de lo habitual: había sido el abogado de Alberto González Amador el que, un mes antes, había escrito a la Fiscalía para reconocer sus delitos y pactar una condena que le permitiera evitar la cárcel. El Ministerio Público, por orden del fiscal general, solicitó esos correos al fiscal del caso y al día siguiente, a las 10:20 de la mañana del 14 de marzo, emitió un comunicado sin revelar su contenido pero explicando que los hechos no habían sucedido así.

En un primer momento, la causa, cuando fue tramitada ante el Tribunal Superior de Madrid, se dirigió contra ese comunicado de la Fiscalía. Pero fue el Supremo el que dio un giro al caso y, tras desestimar que el comunicado revelara información confidencial, se lanzó a indagar en si el fiscal general había difundido esos correos en su literalidad. Porque para cuando la Fiscalía publicó su comunicado, varios medios ya se habían hecho eco de los emails, ya fuera citando su contenido o plasmando el documento íntegro.

Diversos medios reflejaron su contenido sin difundir el documento en la noche del 13 de marzo, y las primeras publicaciones con el documento llegaron a partir de las nueve de la mañana del día siguiente. Hora y media antes de que Lobato esgrimiera triunfalmente el email ante la Asamblea de Madrid. Las actas del notario al que acudió en secreto a principios de noviembre revelarán si esos correos cruzados entre el abogado de Alberto González y el fiscal Julián Salto también estaban en manos de Moncloa o si, en realidad, se limitaron a dar uso político a una información ya publicada.