Agustín Lozano ya no será investigado por organización criminal gracias a ley del Congreso
El Ministerio Público ya no investigará al presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, por el delito de organización criminal en el caso Los Galácticos, debido a la nueva Ley 32138, aprobada por el Congreso de la República. En consecuencia, la investigación dejará de ser competencia de la Fiscalía de Crimen Organizado y pasará a otro subsistema fiscal, donde se realizarán las diligencias relacionadas con el delito de lavado de activos.
La Fiscalía atribuía a Agustín Lozano Saavedra haber constituido una organización criminal desde diciembre de 2018, integrada por unas 21 personas que se habrían enquistado en la Federación Peruana de Fútbol para cometer delitos como fraude en la administración de personas jurídicas, coacción y corrupción en el ámbito privado. Lozano habría favorecido a la empresa 1190 Sports en perjuicio de los clubes de fútbol de la Liga 1-2023, las ligas departamentales y la FIFA.
Sin embargo, todo cambió cuando la Sala de Apelaciones Nacional revocó la detención preliminar dictada contra Lozano. El tribunal superior consideró que, a la luz de la Ley 32138, que modifica la definición de organización criminal, no es posible configurar este delito en relación con los ilícitos de fraude en la administración de personas jurídicas, coacción y corrupción en el ámbito privado, ya que estos tienen una pena mínima menor a cinco años.
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Según fuentes de La República, la investigación contra Lozano continuará por lavado de activos. La pena estimada que podría enfrentar Agustin Lozano por este delito es una condena privativa de libertad no mayor a 10 años. La decisión final dependerá de la Fiscalía Penal Corporativa, según lo que disponga el nuevo fiscal a cargo del caso.
La investigación llevada a cabo contra Agustín Lozano por lavado de activos se da luego que Sunat detectase un movimiento financiero inusual en sus cuentas bancarias. La autoridad tributaria detectó que Lozano habría recibido importes cercanos a los S/.3 millones durante el periodo comprendido entre los años 2019 y 2023. La fuerte suma de dinero habría levantado sospechas contra el dirigente deportivo.
Tesis fiscal señaló detalles de los vínculos de Lozano y Raffo con la empresa 1190 Sports
En mayo de este año, seis meses antes del escándalo conocido como Los Galácticos, los aficionados de Sporting Cristal criticaron la relación entre el presidente del club, Joel Raffo Olcese, y Agustín Lozano Saavedra, titular de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). También cuestionaron los vínculos con la empresa chilena 1190 Sports, representada por Julio Gianella Raffo.
Estas críticas surgieron tras la participación de Raffo y Lozano en un evento realizado en Buenos Aires, donde presentaron el modelo de negocio promovido por la FPF. Algunos hinchas expresaron su descontento en redes sociales, cuestionando la ética de Raffo por defender este modelo en medio de la crisis del club y señalando presuntos incumplimientos de las partes involucradas.
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El fiscal Juan Orihuela declaró que Raffo y Lozano habrían diseñado un esquema para beneficio propio. Este plan se basaba en una licitación que inicialmente quedó desierta, pero que finalmente favoreció a 1190 Sports. Según Orihuela, la empresa chilena Grupo Prisma SpA, representada en Perú por un primo de Joel Raffo, organizó la licitación. Aunque Raffo negó vínculos con Prisma o participación en las reuniones iniciales, las circunstancias que llevaron a la adjudicación directa a 1190 Sports tras el fracaso de la licitación generaron sospechas de un conflicto de intereses. Para el fiscal, la relación entre Raffo y Lozano fue crucial en este proceso, al punto que el presidente de Sporting Cristal retiró sus demandas contra Lozano a cambio de un rol destacado en la Comisión de los Derechos de Televisión.
Pese a que Raffo negó cualquier implicación directa, su papel como presidente de la comisión y su promoción internacional del modelo junto a representantes de 1190 Sports despertaron nuevas dudas. Testimonios protegidos revelaron irregularidades en el manejo de los derechos de transmisión, como un reparto desigual de beneficios a favor de 1190 Sports, que se quedó con el 30 % de las ganancias. Incluso miembros de la comisión, como Gisella Mandriotti, señalaron inconsistencias en la licitación. A pesar de las acusaciones, Raffo continuó defendiendo el modelo y negó haber participado en las decisiones iniciales, mientras mantenía su posición en la FPF con el respaldo de su club y de la Junta Directiva de la federación.