El juez investiga en Estepona una posible malversación en el contrato a la supuesta víctima de acoso sexual del alcalde
El juzgado escinde esta investigación de la causa de naturaleza sexual y pide al consistorio documentación del contrato como cargo de confianza tres meses antes de las elecciones municipales
El alcalde de Estepona contrató como cargo de confianza a la testigo del presunto acoso sexual a un policía
El juzgado que ya investigaba a José María García Urbano, alcalde de Estepona (PP), por un presunto delito de naturaleza sexual cometido contra un agente de la Policía Local, ha abierto una nueva línea de investigación para esclarecer la contratación de la pareja del agente como cargo de confianza del Ayuntamiento esteponero. El juez quiere indagar si hubo malversación en esa contratación eventual, ocurrida para apenas tres meses, en los que el Ayuntamiento de Estepona abonó entre 10.000 y 16.000 euros a la mujer.
En un auto dictado este miércoles, al que ha tenido acceso elDiario.es en Andalucía, el juez escinde este asunto de naturaleza económica de la investigación por el presunto acoso sexual, abriendo otro número de diligencias previas. El juez ha pedido al Consistorio toda la documentación del contrato con C.P.B. y ha dado traslado de la nueva investigación a García Urbano para que se persone y se defienda en la causa. En la práctica, esto supone que el regidor esteponero añade una nueva imputación a la que ya pesaba sobre él por el presunto acoso sexual.
La derivada por la posible malversación tiene su origen en la declaración judicial de la mujer en el caso del presunto acoso sexual. Hace dos semanas, C.P.B. confirmó ante el juez el relato de los hechos contenido en la denuncia formulada contra García Urbano por el agente de la policía local, y aseguró que ella también participó en los encuentros sexuales bajo coacción, por lo que pasó de testigo a denunciante, según fuentes del caso.
Además, explicó que fue contratada por el Consistorio en el mes de febrero de 2023 como personal de confianza del área de Control Externo, responsabilidad del concejal Blas Ruzafa. El juez tiene ya la documentación que le ha aportado ella, el contrato y las nóminas que percibió.
Como ya informó este medio, se trata de un nombramiento anómalo, porque ella no tiene formación o experiencia para las tareas de ese puesto, y porque se produjo para apenas tres meses, pues en mayo de 2023 todos los cargos de confianza de los ayuntamientos cesaron de oficio al disolverse las corporaciones por la convocatoria de elecciones municipales.
El Ayuntamiento de Estepona no ha respondido a las preguntas de elDiario.es Andalucía sobre la contratación de C.P.B., sus funciones en el Consistorio y las motivaciones que llevaron a su extemporáneo fichaje.
Entre 10.000 y 16.000 euros por tres meses
Ahora, el juez quiere conocer el detalle de esa contratación, por si hubiese existido un uso irregular de fondos públicos. Los 12 cargos de confianza con que cuenta el Consistorio en este mandato, entre los que no está C.P.B., cobran entre 41.150 y 63.900 euros anuales cada uno, con lo que es razonable pensar que el Ayuntamiento pudo pagar a la mujer entre 10.000 y 16.000 euros por los tres meses que la tuvo como cargo de confianza.
Sobre el caso planea la sospecha de que la contratación fuese una remuneración encubierta a C.P.B., embarcada en una relación a tres bandas con el agente de la policía local y el regidor, que estaría forzando los encuentros sexuales bajo la amenaza de acabar con la carrera del agente, según el relato de la denuncia. La supuesta existencia de vídeos y pagos añade dudas sobre la naturaleza y las motivaciones de todo el asunto. El regidor asegura que se trata de una denuncia falsa que obedece a “motivos espurios”.
El juez ha escindido la investigación de la presunta malversación con la finalidad de salvaguardar la intimidad del regidor esteponero, aceptando la personación del PSOE en esta nueva causa.
Pese a que el alcalde pidió el archivo de plano de la denuncia por el presunto acoso o abuso sexual, el juez ha seguido adelante con la investigación, que continúa abierta, a medida que iba escuchando a los implicados. En ese procedimiento ya han declarado tanto el agente que formuló la denuncia inicial (quien se ratificó en ella), como la mujer (inicialmente testigo, ahora bajo la condición de denunciante) y el propio García Urbano, como investigado.