La Justicia reabre el caso del apaleamiento a un muñeco de Sánchez por un posible delito contra el Gobierno

Un tribunal ha decidido reabrir la causa sobre el apaleamiento a un muñeco con la forma de Pedro Sánchez hace un año en la calle Ferraz para que la Justicia analice si debe ser investigado por la Audiencia Nacional y como un delito contra las instituciones del Estado. La Audiencia Provincial de Madrid ha dado la razón tanto al PSOE como al Presidente del Gobierno y ha revocado el archivo que dictó un juzgado al entender que no había delito sino una “falta de educación” por parte de los manifestantes que apalearon la representación de Sánchez con un palo en la calle donde el partido tiene su sede central.

Los hechos ocurrieron en la Nochevieja del año pasado después de dos meses de constantes manifestaciones en la calle Ferraz de Madrid. Concentraciones que, en sus días de mayor convocatoria, juntaron a miles de personas frente a la sede central del PSOE en protesta, sobre todo, contra la aprobación de la ley de amnistía. La presencia de grupos ultras y neonazis arropados por la multitud llevó a que muchas de esas protestas acabaran en disturbios.

Las concentraciones se fueron diluyendo hasta quedar reducidas a convocatorias para rezar el rosario en las inmediaciones de la calle Ferraz. Hasta que en la última noche del año unas 300 personas acudieron con una piñata gigante que representaba a Pedro Sánchez, muñeco al que apalearon al grito de “hay que acabar así con él”.

El caso fue denunciado y acabó en manos del juzgado de instrucción 26 de Madrid que optó por el archivo al no ver delito. En contra del criterio de los denunciantes y de la propia Fiscalía, la jueza entendió que no había un delito de odio sino, en todo caso, un despliegue de “mala educación” que no podía ser considerado un delito. Tanto el PSOE como el propio Sánchez recurrieron a la Audiencia de Madrid denunciando que la magistrada había obviado una de sus peticiones: que el caso fuera trasladado a la Audiencia Nacional por ser un delito contra las instituciones del Estado.

El tribunal madrileño ha estimado esa parte de los recursos y ha obligado a la jueza a revocar el sobreseimiento y analizar si remitir el caso a la Audiencia Nacional es una posibilidad. Los recursos explicaban que podría tratarse de un delito de injurias y amenazas graves contra el Gobierno que el Código Penal castiga con multas de hasta año y medio de cuota económica. Entre otras pruebas, esgrimían eslóganes como “colgadlo de los pies”, “psicópata” o “hay que quemar Ferraz” mientras se “ahorcaba” al muñeco.

La Fiscalía también denunciaba “la profusión de amenazas explícitas al ejecutivo a través de un megáfono” con el que se gritaba: “Sánchez a prisión, juicio sumarísimo al gobierno, todo el gobierno a prisión”. El Ministerio Público de la Audiencia Nacional llegó a abrir diligencias al respecto pero optó por su archivo después de que el juzgado de Madrid asumiera la causa.