La polémica estación de esquí de Navacerrada obtiene un nuevo permiso para abrir en la Comunidad de Madrid
El Gobierno de Ayuso anuncia una nueva concesión para el predio de la vertiente madrileña, que se había considerado "inviable" por la falta de nieve: la única oferta, de 33.000 euros por 29 años, fue la de la misma empresa que ocupa el lado segoviano de las instalaciones, en litigio con Transición Ecológica
Ayuso se empeña en mantener una estación de esquí “inviable” en Navacerrada
La Comunidad de Madrid afirma que las pistas madrileñas de la estación de esquí de Navacerrada tienen permiso para abrir esta temporada. Así lo ha afirmado este viernes el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, según Europa Press.
Novillo ha dicho: “Una muy buena noticia es que se ha recuperado la concesión en Navacerrada y va a poder seguir activa, la parte evidentemente de la Comunidad de Madrid”. El permiso de esas pistas caducó en febrero de 2019. Ahora, según la Comunidad de Madrid, se ha vuelto a hacer la concesión. “Se vuelve abrir”, explican fuentes del Ejecutivo regional.
En realidad, la falta recurrente de nieve hacía a esa parte de la estación “inviable”, económicamente según ha afirmado la propia empresa que la gestionaba. Esas pistas no disponen de cañones para crear nieve artificial. Es cierto que las nuevas condiciones para hacerse cargo del predio rebajaron en un 65% el alquiler del suelo respecto a la concesión finiquitada en 2019.
¿Quién se ha quedado esa autorización? La Consejería de Medio Ambiente responde que eso es “competencia del Ayuntamiento de Navacerrada”, la dueña del suelo. El Ayuntamiento de Navacerrada no ha tenido respuesta oficial este viernes. Sin embargo, el acta de la mesa de contratación del Ayuntamiento de 22 de octubre de 2024 indica que “el único licitador”, el único aspirante, era la sociedad Puerto de Navacerrada Estación de Esquí S.A. Es decir, la misma empresa que estaba antes y la que opera en la vertiente segoviana de la estación.
Esa vertiente castellanoyleonesa es la implicada en el ligitio que mantiene la Junta de Castilla y León con el Ministerio de Transición Ecológica por el cierre de las instalaciones tras el fin de la concesión de ocupación del monte donde están las pistas. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia han dado la razón al Gobierno central: deben desmantelarse las instalaciones y devolver el terreno a su dueño, es decir, Transición Ecológica. La sentencia está recurrida.
Según la documentación, para quedarse con la concesión y el permiso en la vertiente de la Comunidad de Madrid, la empresa ofertó 33.618,32 euros por un periodo de 29 años para ocupar una superficie total de 54.195 m2 de monte.