El informe que ADIF enviará al Supremo descarta irregularidades en sus contratos señalados por Aldama

El Ministerio de Transportes de Óscar Puente ha examinado todos los contratos de obras en estructuras ferroviarias y de alta velocidad puestos bajo sospecha por Víctor de Aldama y ha llegado a una conclusión: “Ninguna tramitación ha devenido ni en la constatación ni incluso en la sospecha de algún trato de favor o actuación irregular”. Se trata de un primer informe del gestor ferroviario ADIF, al que ha tenido acceso elDiario.es, y que el departamento remitirá al Supremo después de que el empresario afirmara que la trama del 'caso Koldo' había amañado algunas de estas adjudicaciones a cambio de comisiones, aportando varias hojas de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 con epígrafes subrayados.

El análisis que hace el departamento dependiente del Ministerio abarca 373 contratos tanto de ADIF como de su división de Alta Velocidad. Queda pendiente un segundo informe sobre los contratos relativos a las obras de carreteras también puestos bajo sospecha por Aldama. En el caso de los contratos ferroviarios, ADIF ha cruzado los datos de esas adjudicaciones con las empresas mencionadas por Aldama o por los medios de comunicación que han informado sobre el caso, poniendo la lupa sobre siete expedientes de contratación. Y en ninguno, explica el informe de forma contundente, se han encontrado indicios de manipulación o trato de favor a una empresa.

Entiende el gestor ferroviario que “ha quedado acreditado de manera motivada” que ninguno de estos procesos de tramitación o gestión ha resultado “ni en la constatación ni incluso en la sospecha” de “algún trato de favor o actuación irregular”. Ni en las adjudicaciones ni en los modificados, muchos de ellos hechos a la baja.

Así, el documento destaca, por ejemplo, que en uno de los contratos —relativo a un tramo de alta velocidad Madrid-Galicia— se realizó un modificado de 70.863,46 euros por debajo del importe de adjudicación. Otro de los expedientes —en este caso, del corredor norte-noroeste— el contrato fue resuelto por incumplimientos del adjudicatario y Adif tuvo que ser indemnizada con más de medio millón de euros. Y otro fue adjudicado por subasta, un procedimiento que tiene el precio como único condicionante.

El informe, de 29 páginas, destaca la “extraordinaria generalidad” de los elementos que figuran subrayados en los documentos aportados por el supuesto conseguidor. Fuentes del departamento explican que esos subrayados incluyen, en ocasiones, corredores enteros de alta velocidad que abarcan cientos de contratos para cientos de empresas por motivos muy dispares: desde la propia ingeniería de redacción de los proyectos constructivos hasta asesoramientos, obra civil, todo tipo de instalaciones y suministros o servicios auxiliares. Además, subraya que en tres de esas denominaciones resaltadas ni siquiera se ha producido la licitación de contrato o expediente alguno durante el periodo estudiado, entre los meses de junio de 2018 y julio de 2021.

Los siete procesos analizados después del cribado, tras cruzar las empresas mencionadas por el imputado con todos esos contratos, no han arrojado sombra de sospecha: “Todo lo anteriormente expuesto indica la ausencia de trato de favor o arbitrariedad alguna”, afirman las conclusiones de todos ellos.

La confesión escrita de Víctor de Aldama, con los 37 folios que aportó al Tribunal Supremo, también apuntó a la sociedad Áridos Anfersa, que supuestamente “contrató a un familiar directo de don Koldo para la empresa”. Este informe de ADIF también analiza los contratos públicos de suministro y transporte de balasto para la línea Madrid-Sevilla y varias estaciones en la provincia de Sevilla, explicando que no había margen para beneficiar irregularmente a la empresa por hacer favores a Koldo García: solo había un criterio de adjudicación, que era el precio.

El desarrollo de estos contratos, añade ADIF, tampoco invita a pensar en un trato de favor. Uno de los expedientes se resolvió porque el material aportado por la empresa no era “apto” y la adjudicataria, incluso, perdió la garantía. El segundo contrato no se llegó a ejecutar. Todo esto, concluye el informe, indica “la evidente falta de singularidad alguna que implique trato de favor o arbitrariedad en el desarrollo del mismo”.

La confesión de Aldama

El caso Koldo, originalmente bautizado como operación Delorme, nació en un juzgado de la Audiencia Nacional para saber si varias empresas habían conseguido contratos públicos millonarios durante la pandemia para suministrar material sanitario, y si lo hicieron gracias a sus contactos con altos cargos relacionados con el Ministerio de Transportes: desde el propio ministro José Luis Ábalos hasta su mano derecha, Koldo García. La empresa que terminó llevándose 53 millones en estas adjudicaciones fue Soluciones de Gestión, vinculada al empresario Víctor de Aldama, hasta entonces conocido por ser presidente del Zamora Club de Fútbol.

El caso siempre rodeó la figura de Ábalos como supuesto nexo de la trama con la administración pública y los grandes contratos de mascarillas, pero no fue hasta el pasado mes de octubre cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cimentó con un informe su imputación por parte del Tribunal Supremo. A finales de noviembre llegó la confesión de dos horas de Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional, que no solo le valió la libertad sino que amplió el horizonte de acusaciones contra Ábalos.

Entre todo tipo de afirmaciones, algunas relacionadas con la causa y otras sin aportar ninguna prueba más allá de su palabra, el empresario afirmó que pactó una serie de comisiones para el entonces ministro a cambio de adjudicaciones amañadas de obras millonarias de carreteras. En su documento de 37 folios aportado al Tribunal Supremo, Víctor de Aldama incluyó varias páginas de sacadas de los Presupuestos Generales de 2021 referidas a más de 100 obras en carreteras y vías de tren de todo el país.

Con algunas de estas obras subrayadas en rosa y otras en verde, aunque no por él, el empresario afirmó ante el juez que era una forma de saber qué obras habían sido ya adjudicadas previamente a favor de empresas pagadoras de comisiones, y cuáles podían llegar a serlo. En su declaración como imputado este jueves Ábalos ha negado la existencia de estas comisiones.

Varios informes y auditorías

El informe que ahora ha aportado el Ministerio de Transportes al Supremo sobre estos contratos no es el primer pronunciamiento público de Óscar Puente que cuestiona estas afirmaciones tras examinar las adjudicaciones que Víctor de Aldama ha puesto bajo sospecha. El primero fue un hilo en su cuenta oficial de X en el que afirmaba que, de las siete obras señaladas por el empresario, solo una se correspondía con el periodo de Ábalos y que, en cualquier caso, “no se ha observado nada irregular en el expediente de contratación”.

Un asunto al que volvió a referirse esta semana desde la tribunal del pleno del Congreso de los Diputados, esta vez para analizar los 37 contratos señalados por Aldama, con y sin subrayar. “Ese papel no tiene el más mínimo sentido, lo ha hecho con ánimo de confundir o lo pilló en alguna mesa”, dijo para explicar que solo seis de esos contratos se corresponden con la etapa de Ábalos y que casi una veintena de ellos aún estaban sin licitar. Otros, añadió, son de la etapa de Ana Pastor y el PP al frente del Ministerio.

Previamente, otro informe del Ministerio bajo mandato de Puente había sido aportado a la Audiencia Nacional: una auditoría entregada a finales de agosto que cuestionaba la actuación del equipo de Ábalos en las compras millonarias de mascarillas a empresas de la trama, lo que en origen supuso el núcleo del caso Koldo. En paralelo también cesó a dos altos cargos imputados por el juez que investiga la causa.

El caso avanza en las últimas semanas más rápido en el Tribunal Supremo que en la Audiencia Nacional. El juez Leopoldo Puente llamó a declarar a Ábalos de forma voluntaria, que compareció este jueves para negar haber cobrado ninguna comisión, y la semana que viene será el turno de Víctor de Aldama y de Koldo García, antiguo asesor de Ábalos en el Ministerio.

Otra parte de la confesión de Aldama incluyó diversas acusaciones a otros miembros del Gobierno, como Ángel Víctor Torres o el dirigente socialista Santos Cerdán, de haber formado parte del entramado de comisiones, aunque sin presentar más prueba que su palabra y enviar pantallazos de su propia agenda telefónica. Por el momento, el juez del Supremo ha rechazado el ofrecimiento del empresario de desencriptar su teléfono para obtener los mensajes de esos supuestos contactos y el propio Aldama ha matizado, por ejemplo, sus acusaciones contra Torres de haber alquilado un piso en Madrid para su uso personal.