Camila Vallejo: “Se puede ser ministra y maternar al mismo tiempo”

Por estos días, la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se encuentra desarrollando sus últimos compromisos laborales antes de comenzar a ejercer su pre y post natal. Un derecho laboral que garantiza un total de 18 semanas de descanso para llevar a cabo las labores propias de la maternidad.

Sin embargo, y más allá de lo que eso implica en su vida personal, la secretaria de Estado también busca entregar un mensaje con su estadía en el cargo: “Le transmitiría a las niñas, jóvenes y mujeres que se puede ser ministra y maternar al mismo tiempo, y me toca a mí ser la primera ministra que lleva tanto tiempo en el proceso de embarazo ejerciendo su labor”, aseguró Vallejo en entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile.

“Efectivamente voy a hacer uso del derecho del prenatal y el post natal, pero he estado asumiendo mis tareas como ministra de Estado en esto. Y creo que eso da cuenta de que en Chile toda la lucha de las mujeres que nos antecedieron tiene estos resultados. Que podemos ser mujeres en política, que podemos estar en espacios como estos sin tener que abandonar otros deseos y decisiones como es tener hijos o hijas, y que corre para las mujeres como también para los hombres”, sumó una de las figuras más fuertes del Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Sobre esto último, ejemplificó con el caso del ministro de Energía, Diego Pardow, quien igualmente fue padre durante su estadía en el cargo. “Entiendo que ejerció su derecho de estos cinco días de permiso parental después de que nació su bebé. Y esto está pasando porque hay autoridades que estamos en una edad clave donde decidimos si tener hijos, no tenerlos, si tener más, etcétera. Es un tema biológico, pero es parte de ese proceso. Y creo que es un mensaje para otras mujeres”, reiteró la comunista, aunque igualmente recalcó que “en Chile falta avanzar mucho más en derechos para las mujeres”.

“Hay muchas mujeres que no tienen contrato y, por lo tanto, estos permisos no aplican. Por eso estamos empujando el derecho a sala cuna para padres y madres, para poder evitar esa discriminación hacia mujeres en edad fértil en los espacios de trabajo. Eso está en el Congreso, lo estamos promoviendo, porque sabemos que justamente falta más. Pero también es una forma de decirle a otras que es posible. Obviamente no es fácil maternar. Estar embarazada y todo lo que se vive en esto no son decisiones y procesos fáciles. Pero de que se puede, se puede”, agregó Vallejo.

Sin embargo, su vínculo con el Gobierno no termina. “Sé que aquí hay un tema de cargo de confianza, pero los derechos de los niños y las niñas son de ellos, más allá de eso. Y el Presidente me pidió regresar independientemente del uso de este derecho. Eso implica que voy a estar como en junio o julio del próximo año de vuelta para retomar todas mis funciones”, adelantó.

El debate por la ley Antiterrorista

Como es usual, la autoridad de Gobierno se ha mantenido al tanto de los debates que se han llevado a cabo en el Congreso durante las últimas semanas. Uno de ellos, el proyecto de Ley Antiterrorista, que determina conductas terroristas, fija penalidades y deroga la ley vigente sobre la materia, y que fue aprobado y despachado por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados luego de recibir 102 votos a favor, 17 en contra y 13 abstenciones.

Votaciones desfavorables que vinieron principalmente desde parlamentarios del Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA), dos de las agrupaciones más fuertes del oficialismo. La norma en disputa versa sobre la herramienta “IMSI Catcher”, un mecanismo de monitoreo que, con una autorización judicial previa, interceptará metadatos y la ubicación de dispositivos celulares. Además, durante la discusión parlamentaria se amplió su uso a otros delitos no terroristas como Ley de Armas y Ley de Drogas. Norma que, según argumentan los diputados del PC y el FA, podría llegar a vulnerar el derecho a la privacidad.

Ante este escenario, la ministra Vallejo fue tajante al recalcar la importancia de recordar que las apreciaciones de los parlamentarios no tienen que ver con la propuesta original del Ejecutivo. “La Ley Antiterrorista que nosotros promovimos tiene varios aspectos de modernización de una ley que no era eficiente, que no servía para perseguir estos delitos. Se tipifican de mejor manera los hechos constitutivos de delito terrorista, se entiende más que sólo la mera participación en agrupaciones terroristas ya te implica, y no solamente comprobar que, por ejemplo, que existe un líder, etc. O sea, moderniza y actualiza la ley para hacerla eficaz”, partió explicando.

“El IMSI Catcher efectivamente es una herramienta que venía con una propuesta distinta en el original del Ejecutivo, y lo que sucede es que en el debate parlamentario hay una indicación que hace que esta se amplíe y se modifique, y genera estas aprensiones de estos parlamentarios de, principalmente, la Cámara de Diputados y Diputadas. Y son aprensiones que legítimamente tienen y que, yo entiendo, llevarían al Tribunal Constitucional para despejar esa duda respecto al resguardo de derechos fundamentales o de la identidad de las personas”, sumó la exdiputada.

En esa misma línea, también aseguró que los problemas en torno al mal uso de la ley no se resuelven automáticamente con su puesta en marcha: “Igualmente se hace, por ejemplo, con los desafíos que ha asumido el Ministerio Público en mejorar su resguardo interno respecto a las filtraciones, que es algo que se ha ido trabajando. Hay cosas que van más allá de la mera ley, y esto ha pasado en otras legislaciones”.

De todas formas, destacó que “nosotros, primero, valoramos la aprobación transversal de la ley, independiente de esta diferencia que existe entre parlamentarios, y si la llevan al Tribunal Constitucional, los plazos están establecidos. Son 10 días hábiles con posibilidad de extender otros 10 y bueno, se tendrá que resolver si es que se lleva a ese espacio. Pero me importaba mucho hacer ese punto porque no es un tema de parlamentarios oficialistas contra el gobierno, o de diferencias con el gobierno, sino que es una diferencia que se produjo entre parlamentarios en el Congreso”.

“Respecto a la propuesta del Ejecutivo, en general tuvo respaldo totalmente transversal y por todos los parlamentarios del propio sector”, sumó Vallejo. “Hay un debate abierto que el Ejecutivo entiende como legítimo, y que esperamos que se pueda ir despejando ya sea por iniciativa de los parlamentarios yendo al Tribunal Constitucional o, finalmente, al calor del debate y de las implicancias de la implementación de esta legislación”.