Le Senne se defiende con el informe de un experto catedrático: «Su actuación se ajustó a Derecho»

El presidente del Parlamento balear, Gabriel Le Senne (Vox), acusado de un delito de odio por romper en un pleno la foto de tres víctimas republicanas de la Guerra Civil, se ratifica en que fue un acto involuntario y pedirá al juez el archivo de la causa y el sobreseimiento sin infracción penal. Para ello, aportará como novedad un informe jurídico realizado por Juan Alfonso Santamaría Pastor, referente nacional en Derecho Administrativo, donde avala la decisión de Le Senne de expulsar a las diputadas del PSOE Mercedes Garrido y Pilar Costa del pleno del Parlamento. Santamaría, autor del manual de referencia de Derecho Administrativo que han utilizado varias generaciones de estudiantes de Derecho y Letrado en las Cortes Generales, fundamenta su argumentación en el deber de imparcialidad por parte de los miembros de la Mesa y en el desorden que supuso mostrar estas fotografías desde la Mesa. «La exhibición por los miembros de la Mesa del Parlamento de cualesquiera signos o imágenes que entrañan un posicionamiento inequívoco acerca de las cuestiones que están siendo objeto de debate, vulnera su deber de imparcialidad», expone el experto en la misma línea que Le Senne, que consideró que las diputadas tomaron partido por un bando mientras se debatía sobre la Ley de Memoria Democrática . El pasado 18 de junio, durante un tenso pleno del Parlamento balear en el que se tomaba en consideración la derogación de la Ley de Memoria, las diputadas socialistas Pilar Costa y Mercedes Garrido, ambas miembros de la Mesa del Parlamento, mostraron fotos de víctimas republicanas de la Guerra Civil. Tras la protesta de Vox y PP, Le Senne les pidió que retirasen las imágenes y les llamó al orden tres veces. Las diputadas mantuvieron su actitud, el presidente las expulsó y en ese momento, al intentar retirar las fotografías, se rasgó la imagen de Aurora Picornell. La Asociación Memoria de Mallorca y familiares de varias víctimas denunciaron seguidamente a Le Senne por un presunto delito de odio. La semana pasada, el juez cerró la instrucción contra el presidente del Parlamento balear. El juzgado dio diez días a las partes para pronunciarse sobre la continuación del procedimiento. La abogada de Le Senne pedirá que se archive la causa aportando este informe encargado por Vox ante la inconcreción del reglamento del Parlamento balear, abierto a múltiples interpretaciones. En el dictamen de 18 páginas, al que ha tenido acceso ABC, Santamaría Pastor señala también que «la exhibición de carteles, pancartas, vestiduras y similares por parte de los miembros del Parlamento sólo es admisible cuando cada uno de estos se encuentre en el uso de la palabra». En el caso de los miembros de la Mesa, esta exhibición sólo puede llevarse a cabo en un escaño distinto del que normalmente ocupan, como prevé el artículo 88 del reglamento y como así instó el propio Le Senne a las diputadas Garrido y Costa. «En los restantes casos, estas actuaciones constituyen intervenciones extemporáneas que deben considerarse prohibidas», apostilla el jurista. Se considera, por tanto, que la exhibición de imágenes por parte de Mercedes Garrido y Pilar Costa desde su puesto en la Mesa, «constituyeron una interrupción y una interferencia perturbadora de las intervenciones regulares que realiza el diputado o diputada que se encuentra en el uso de la palabra. Y deben ser consideradas, en consecuencia, como 'alteraciones del orden parlamentario'». Santamaría Pastor también se pronuncia sobre el hecho de que las diputadas fueran llamadas al orden hasta en tres ocasiones, como ordena el art. 80.4 del reglamento, antes de que el presidente las expulsara del pleno. Según el autor del informe, el presidente Le Senne quedó no sólo facultado, sino obligado a intervenir, pudiendo «imponer a los infractores la medida de inasistencia al resto de la sesión», como prevé el artículo. 119.1 del reglamento. Y «habiéndolo hecho así», apostilla, la actuación del presidente en los supuestos consultados debe considerarse como « plenamente ajustada a Derecho» . El informe concluye que los diputados tienen derecho a expresarse en su turno de palabra y a escuchar a los demás sin interferencias. Le Senne pidió perdón públicamente por este incidente y alegó que la imagen se rasgó accidentalmente y que no fue su intención romperla sino quitarla de la Mesa del Parlamento para mantener la neutralidad ideológica. El presidente del Parlamento balear, que declaró el pasado mes de septiembre ante un juez por estos hechos, sostiene que su actuación estaba enmarcada dentro de la intención de dirigir el debate y de mantener el orden y el decoro del parlamento, pero «no quería humillar o menospreciar a nadie». Salvado por el PP en la remoción propuesta por la izquierda, Le Senne ve de nuevo peligrar su cargo, ya que una apertura de juicio oral supondría una probable expulsión de la Mesa después de la ruptura entre los populares y Vox.