Uno de cada cuatro celulares vendidos en Argentina proviene del contrabando

El contrabando de celulares en Argentina escaló a niveles alarmantes, convirtiéndose en un problema estructural que afecta tanto a la economía como a la industria tecnológica formal. Se estima que entre 2 y 3 millones de dispositivos ingresan al país de manera ilegal cada año, representando entre el 25% y el 30% del mercado total. Este fenómeno, conocido como "mercado gris", no solo evade impuestos esenciales, sino que también expone a los consumidores a riesgos significativos.

Impacto económico

Los dispositivos ilegales evaden impuestos como aranceles, IVA e impuestos internos, entre otros. Este tipo de operaciones genera pérdidas fiscales superiores a los 255.407 millones de pesos anuales, equivalentes a más de 280 millones de dólares. Además, esta situación debilita a las empresas que operan dentro del marco legal, las cuales enfrentan una competencia desleal debido a los precios más bajos de los productos en el mercado informal.

En el primer semestre de 2024, el mercado legal registró una caída del 63% en las ventas en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este descenso se atribuyó a la expansión del mercado gris, que desincentiva la compra en canales oficiales y golpea duramente a los distribuidores y fabricantes locales. "El aumento del contrabando refleja la falta de métodos de control efectivos para prevenir el ingreso de dispositivos ilegales", señalaron expertos del sector.

Procedencia y brechas en los controles

Los celulares ilegales ingresan principalmente desde Miami, América Central, Paraguay y Bolivia, aprovechando fisuras en los controles fronterizos. Estos productos eluden las normativas y controles de seguridad, afectando no solo a las finanzas públicas, sino también a la confianza de los consumidores y la estabilidad del mercado formal.

Las cifras actuales muestran un aumento significativo en la participación del contrabando, que ya supera el 25% del mercado. En comparación con los datos de hace un año, el incremento resalta la magnitud del problema y la urgencia de implementar medidas correctivas.

Riesgos para los consumidores

El impacto del contrabando no se limita a lo económico. Los consumidores también enfrentan riesgos importantes al adquirir productos del mercado gris. Los celulares ilegales carecen de certificación de seguridad eléctrica, lo que incrementa el riesgo de sobrecalentamiento y fallas en las baterías. Además, no cuentan con garantías ni soporte técnico, dejando a los compradores desprotegidos ante defectos o fallas.

Otro problema recurrente es la falta de homologación de estos dispositivos por parte de ENACOM, lo que genera incompatibilidades con las redes locales y limita su funcionalidad. Los usuarios que optan por estos productos se ven afectados por experiencias negativas que incluyen equipos defectuosos sin soluciones viables, a pesar de los precios aparentemente más accesibles.

Respuestas insuficientes

En un intento por combatir el contrabando, las autoridades intensificaron los controles aduaneros. Recientemente, la Dirección General de Aduanas incautó más de 40 envíos de productos electrónicos, incluidos celulares, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Sin embargo, este tipo de operativos representa solo una pequeña fracción del problema.

Expertos destacan la necesidad de fortalecer las medidas de control y adoptar estrategias más estrictas. Ejemplos como Brasil, donde se implementaron políticas efectivas para retirar productos no homologados de plataformas de comercio electrónico y aplicar sanciones severas, muestran que es posible combatir este tipo de comercio ilegal.

Urgencia de nuevas medidas

El mercado gris de celulares en Argentina plantea un desafío multidimensional que afecta a las finanzas públicas, la industria tecnológica y los consumidores. La magnitud del problema subraya la necesidad de implementar controles más rigurosos y medidas preventivas que reduzcan la circulación de productos no homologados.

Para mitigar el impacto del contrabando, resulta imprescindible mantener un monitoreo constante del flujo de bienes tecnológicos y promover políticas que incentiven la formalidad. Solo así se podrá proteger a los consumidores, fortalecer la industria local y garantizar ingresos fiscales esenciales para la economía nacional.