Fenómenos paranormales en el Tribunal Supremo

La filtración más investigada de la historia moderna de España va camino de rematar, si alguien con sentido común y algunas nociones de derecho no lo impide, en el poltergeist más famoso del Tribunal Supremo y la justicia española. El aparatoso registro del despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tan desproporcionado como de escaso fundamentado jurídico, ha arrojado la tremenda conclusión de que, en el teléfono del fiscal, había cero mensajes con respecto al novio de Isabel Díaz Ayuso. 

No menos asombroso se antoja el resultado de que, en su correo corporativo, solo se hayan hallado los mensajes referidos al caso datados con posterioridad a la supuesta filtración investigada; amén de cuarenta y pico mensajes que, según la Guardia Civil, carecen de relevancia para el caso. 

Según fuentes de la investigación, la ausencia de mensajes en el móvil del fiscal general podría deberse a que habría cambiado de terminal pocos días antes del inopinado registro tal y como, al parecer, ordena el protocolo de protección de datos de la propia fiscalía. El lector más mal pensado ya estará imaginando el color de la cara que se le habrá quedado al solícito fiscal Salvador Viada, quien, casualmente, pasaba por allí y consideró su urgente deber democrático declarar ante el juez instructor de TS, Ángel Hurtado, haber visto al fiscal general manipular un teléfono móvil mientras la UCO registraba a su despacho. Hay muchas formas de hacer el ridículo. Pero esta que acaba de protagonizar el buen fiscal Viada resulta difícilmente superable.

Sostiene la UCO en otro informe haber encontrado evidencias de la comunicación entre Moncloa y Ferraz para coordinar la acción política a desarrollar tanto sobre el bulo emitido desde la Comunidad de Madrid, imputando a la Fiscalía una oferta de acuerdo, como sobre la noticia de que, en realidad, era el novio de Ayuso quien había reconocido dos delitos fiscales y ofrecía un pacto al Ministerio Fiscal. 

Una conclusión de relevancia política, pero de dudosa trascendencia penal, dado que ni la directora del gabinete de Óscar López, ni Juan Lobato, ni Ion Antolín tenían o tienen obligación de custodia o secreto. No existe delito en que Moncloa o Ferraz lo supieran antes y lo utilizasen. Igual que no existe delito en que Miguel Ángel Rodríguez también lo supiera antes y lo contara a su manera. O van todos pa’lante o no va ninguno. De existir algún ilícito penal lo habría cometido quien les hubiera revelado esa información si tuviese obligación de custodiar el secreto. 

Ya resultaba churrigueresco que el Tribunal Supremo hubiera llegado a la conclusión de que no existía delito en la nota de prensa emitida por la fiscalía para desmentir el bulo lanzado desde la Comunidad de Madrid, pero sí podría concurrir en la supuesta filtración de los correos cruzados en el seno de la Fiscalía para reunir la información que desmontaba la mentira y restablecía la veracidad de lo conocido por el público. 

La certeza de que cerca de quinientas personas pudieran haber tenido acceso al mítico correo ya había convertido la investigación en una auténtica lotería. Pero, ahora, los informes de la UCO tras el registro practicado en el despacho del fiscal general adentrarían la continuidad de la causa instruida en el Supremo en el territorio de la paranormalidad jurídica. Con whatsapps o sin whatsapps, lo único cierto es que el mítico correo llega al mail de fiscal después de haber sido filtrado. Siempre fue una causa extraña. Ahora es directamente paranormal. 

Pero no desesperen. Puede que el Tribunal Supremo y quienes esperaban este jueves en el móvil del fiscal general la pistola humeante que andaban buscando estén a punto de descubrir que existen copias de seguridad de las aplicaciones de mensajería instantánea y que suelen guardarse en un sitio llamado “nube”.