Amalgama mortal, por Eliana Carlín
El asesinato a balazos de Andrea Vidal, extrabajadora del Congreso, a manos de sicarios, tiene que ser investigado de manera seria, y se deben identificar a los responsables de la muerte de la joven de 27 años. ¿Quién o quiénes fueron sus contactos para entrar a trabajar? ¿Qué ocurría realmente en esa oficina? Es necesario aclarar estas dudas y todas las que se presenten. Las instituciones del Estado no pueden ser vistas como botín para repartir cupos laborales. Es aterrador que se vincule con este crimen a Jorge Luis Torres, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso.
Todo esto es parte de la impunidad con la cual el cogobierno viene manejando el poder, que ha sobrepasado los límites de lo imaginable. Sin embargo, hablar de una “red de prostitución” en este punto constituye un grave error, en tanto existe una alta probabilidad de que haya jóvenes trabajadoras siendo víctimas de presiones y extorsión, lo cual implica hablar de trata de mujeres. Me refiero a jóvenes que no ingresan a trabajar con más expectativa que la de iniciar funciones descritas en el perfil de sus puestos, y que caen en manos de delincuentes con mucho poder político y económico, además de vinculaciones con el crimen.
La trata de personas es un flagelo que está presente en nuestro país y ha crecido con más fuerza alrededor de las economías ilegales, sobre todo la minería y la tala ilegales. Como vemos ahora, hay partidos políticos que se están revelando claramente como la extensión de estas economías, incluso en aquello relacionado con estas funestas prácticas. Se amalgamaron tan bien, que son indistinguibles unos de otros.
Los espacios laborales deberían ser seguros para las mujeres, con mayor razón en el sector público. Lo cierto es que esta situación pone sobre la mesa prácticas misóginas bastante extendidas. En el caso particular de Andrea Vidal, deben actuar la Fiscalía y el Poder Judicial de forma ejemplar, pero en términos generales, el abordaje tiene que ser estructural, desde el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de la Mujer.
Lamentablemente, estas instituciones han caído en manos de autoridades que solo sirven para defender a Dina Boluarte de las múltiples acusaciones que pesan sobre ella, y que desprecian a la ciudadanía. Dado el escenario, queda solo organizarnos desde la sociedad civil, aunque parezca que se rema contra la corriente.