Salvamento Marítimo, a juicio por cesión ilegal de trabajadores en el servicio aéreo

El Juzgado de lo Social número 44 de Madrid ha admitido a trámite una demanda contra Salvamento Marítimo y sus dos empresas contratistas del servicio aéreo, Avincis y World Aviation, por cesión ilegal de trabajadores. La demanda ha sido presentada por uno de los trabajadores de Avincis, encargada de operar en estos momentos la flota de helicópteros de la institución pública. La vista oral será el próximo 24 de febrero de 2025.

En la demanda, a la que ha tenido acceso Canarias Ahora, se revelan nuevos detalles sobre el mediático rescate de una neumática en verano de 2023 que España delegó en Marruecos y que se saldó con la muerte de al menos 36 personas. Horas antes de que ocurriera la catástrofe, un avión de Salvamento no informó que había una persona en el agua junto a la embarcación que acabó zozobrando y recortó la foto incorporada al informe de la misión.

El Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Las Palmas desconoció esa actuación de la tripulación de la aeronave, en ese momento operada por Avincis, hasta que un trabajador de la compañía, el mismo que interpone ahora la demanda por cesión ilegal de trabajadores, supo lo que había pasado y así se lo trasladó a la institución pública meses más tarde, en noviembre de 2023.

Esos hechos se investigan ahora en el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria. Cuatro personas están siendo investigadas por un presunto delito de omisión del deber de socorro a raíz de una denuncia formulada por la Fiscalía. El trabajador de Avincis que ha demandado a su empresa, World Aviation y Salvamento Marítimo utiliza este caso como punto de partida para intentar demostrar que Salvamento tiene “cedido ilegalmente” su servicio a empresas privadas “cuyos intereses no son exclusivamente la salvaguarda de la vida en el mar, el control del tráfico marítimo o la vigilancia de la contaminación marítima”.

Ante las preguntas de esta redacción, Salvamento se ha limitado a responder que “lo único” que puede “subrayar al respecto es el profundo respeto a todos los procedimientos judiciales”. Avincis ha preferido no hacer declaraciones. World Aviation considera que “se trata de un asunto de la anterior contratista” del servicio de aviones, es decir, de Avincis, que “no permitió que el trabajador se fuera a otra empresa asumiendo el riesgo indemnizatorio que ello conllevaba”. 

Fuentes de esa empresa precisan, además, que en el pliego del contrato elaborado por Salvamento “no se incluía la subrogación del trabajador que prestaba el servicio”, que Avincis “no ha recolocado al trabajador, como era preceptivo, en otros centros” y que este último, “al verse sin ocupación efectiva, ha reaccionado judicialmente para intentar seguir trabajando contra su empleador, pero también contra Salvamento y el nuevo contratista”.

Personal “con la única finalidad de cederlo” a Salvamento

La demanda centra la presunta cesión ilegal de trabajadores en que las empresas adjudicatarias del servicio aéreo de Salvamento Marítimo “se limitan” a contratar personal “con la única finalidad de cederlo desde un principio” a la institución pública. 

Según el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores, se incurre en una cesión ilegal cuando el objeto de los contratos de servicios entre las empresas se limita a “una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente (en este caso, Avincis y World Aviation) a la empresa cesionaria (la administración pública)”.

De acuerdo con el demandante, las contratistas del servicio aéreo de Salvamento “no dirigen ni organizan el trabajo, ni gestionan la prestación del servicio contratado”. Asegura que tampoco “existen mandos intermedios” entre las contratistas y la administración “que controlen ni organicen las operaciones y misiones” y que, en definitiva, ambas empresas “carecen de (...) los medios necesarios para el desarrollo de su actividad”.

World Aviation, por ejemplo, es una escuela de aviación sin experiencia en trabajos de salvamento para la administración pública. El portal de contratos públicos Gobierto desvela que poco antes de adjudicarse el contrato para operar los tres aviones de Salvamento Marítimo, solo había contratado dos veces con las instituciones en los últimos años: una con el Ayuntamiento de Armilla, en Granada, para transportar en helicóptero a los Reyes Magos en la cabalgata de 2023; y otra con la empresa pública TRAGSA para trasladar a la Isla del Alborán, en el Mediterráneo, trabajadores y equipamientos para un proyecto de restauración.

Ante esta situación, continúa la demanda, Salvamento “ejerce la dirección del servicio” y “organiza el trabajo”. Los trabajadores de las compañias contratadas reportan “solo a ellos” la información. La institución pública “aporta todos los medios”, entre ellos los aviones, y los datos “necesarios” para ejecutar las misiones y el personal porta un uniforme que les “identifica” como trabajadores de Salvamento Marítimo. “Es absoluta mi subordinación a los responsables de Salvamento”, remacha el demandante.

El trabajador de Avincis indica que su trabajo forma parte de “la actividad normal y ordinaria” de Salvamento, que no realiza actuaciones “ocasionales ni singulares”. En su contrato, dice, figura que está encargado de “coordinar, dirigir y supervisar las operaciones SAR en misiones de búsqueda y rescate y lucha contra la contaminación marina en aeronaves, garantizando la máxima seguridad y eficacia” en todas las misiones. También apunta que cuando aterriza una nueva adjudicataria en el servicio, el personal “no debe verse afectado negativamente” por el cambio del contratista, como él, que no ha sido contratado por World Aviation. 

El demandante solicita que la justicia declare que ha sido sometido a una cesión ilegal de mano de obra y pide ser integrado como personal indefinido y fijo en Salvamento Marítimo, dependiente del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, respetándose todas sus condiciones laborales y, especialmente, su antigüedad. 

El naufragio de junio de 2023 

En la demanda, el trabajador revela nuevos detalles sobre el naufragio de una neumática en verano del año pasado para cuestionar la externalización de servicios de Salvamento Marítimo. El 20 de junio de 2023, al menos 36 personas murieron intentando llegar a Canarias en una zodiac. España delegó en Marruecos su rescate después de que el avión Sasemar 101 se desplazara hasta la barcaza y afirmara al Centro de Coordinación de Salvamento de Las Palmas que todos los ocupantes estaban en buen estado de salud y que no había nadie en el agua.

Sin embargo, una fotografía tomada desde el propio avión evidencia que sí había un hombre en el océano con dos cámaras de neumático alrededor del cuerpo y junto a la embarcación sobrecargada. Esta imagen dista de la que fue incorporada al informe de misión, que aparece recortada y sin que se vea a nadie en el mar. Tampoco incluye ni las coordenadas donde fue hallada la lancha, la hora en la que fue tomada, ni el logo de Salvamento Marítimo. Todos estos datos sí figuran en otra instantánea incorporada al informe relacionada con otra neumática avistada ese mismo día.

La demanda indica que, si la tripulación del avión hubiera informado de la presencia de una persona en el agua, “el procedimiento habitual” es que la aeronave permanezca en el aire hasta que Salvamento valore cómo proceder. Según la demanda, tampoco se les hubiera ordenado regresar a la base de Gran Canaria, donde aterrizaron poco más de treinta minutos después de avistar la neumática.

Esto es, por ejemplo, lo que ocurrió este miércoles en la ruta canaria cuando Salvamento localizó una neumática semihundida a 70 millas de Lanzarote. El avión lanzó una balsa salvavidas a los migrantes a la espera de que la Guardamar Urania llegara a la zodiac, localizada en aguas de Marruecos. El operativo logró rescatar a 45 supervivientes y los cadáveres de cuatro personas. Los cuerpos de otros cuatro migrantes desaparecieron en el mar.

En el naufragio de junio, España encomendó a Marruecos coordinar el operativo, aunque la barcaza estaba en una zona SAR (de responsabilidad de búsqueda y salvamento) compartida. Rabat llegó doce horas más tarde a la embarcación precaria. Dos días después de la tragedia, en un comunicado oficial, Salvamento justificó que activó a las autoridades marroquíes “al haberse localizado la neumática en un punto más cercano a la costa africana” y porque “según había confirmado el avión Sasemar 101 tras su avistamiento” la lancha estaba a flote “y no había personas en el agua”.

El demandante tuvo conocimiento de lo ocurrido en octubre, cuatro meses después de la tragedia. El trabajador de Avincis sostiene que al menos siete personas, entre ellas los cinco miembros de la tripulación del avión, conocían que se ocultó información sobre el estado de la neumática. Sin embargo, fue él quien trasladó los hechos a Salvamento Marítimo en noviembre. De acuerdo con lo recogido en la demanda, la empresa pública le indicó que había actuado de forma correcta y le pidieron su colaboración para obtener todas las pruebas que él tenía.

El empleado atribuye la falta de conocimiento sobre estos hechos por parte de Salvamento a la supuesta cesión ilegal de los servicios a una empresa privada cuyos intereses “no son exclusivamente” la salvaguarda de la vida en el mar. El trabajador considera que, si en el avión hubiera habido personal de Sasemar en lugar de empleados de una empresa contratista, el resultado de la misión “hubiera sido otro”.

Después de denunciar los hechos, Avincis manifestó su apoyo al trabajador, pero este afirma que hasta ahora no ha recibido ningún tipo de protección ni ayuda por parte de nadie de la empresa ni de fuera de ella, a pesar del impacto que los hechos han tenido en su salud. Tampoco cuenta con apoyo psicológico ni jurídico de Sasemar. El demandante lamenta que, mientras otros empleados que no denunciaron los hechos pese a conocerlos “no tengan ninguna repercusión laboral”, él “asume solo” la carga de haber informado de una posible omisión del deber de socorro.