La pareja de Ayuso plantea investigar las comunicaciones de cuatro periodistas de elDiario.es

El empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, profundiza en la persecución de los periodistas que revelaron que es investigado por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsificación de documentos. Su abogado ha presentado un escrito ante el juez en el que solicita que la Guardia Civil requiera a las operadoras telefónicas para que no se deshagan de las comunicaciones que han mantenido tres periodistas de elDiario.es y su director durante los últimos diez meses. 

La petición de González Amador se produce en el marco de la causa por revelación de secretos que un juez del Tribunal Supremo dirige contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez. El magistrado Ángel Hurtado investiga la publicación en varios medios de un correo electrónico que desmentía el bulo propagado desde la Comunidad de Madrid acerca de que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador para ser condenado a una pena que no implicara prisión, cuando había sido el presunto defraudador quien propuso en realidad el pacto. 

El escrito de González Amador no hace en ningún momento mención al bulo difundido por varios medios de comunicación asegurando que la oferta de pacto procedía de la Fiscalía. Ese bulo fue publicado antes que el correo electrónico y la nota de prensa de la Fiscalía que evidenciaban la mentira. 

La pareja de Ayuso persigue ahora, no solo la filtración del correo, sino también la investigación periodística de los hechos delictivos que presuntamente cometió González Amador, ofrecida por elDiario.es el 13 de marzo. Por eso pide que los cuatro operadores nacionales de telefonía móvil guarden los metadatos de las comunicaciones del director de este medio y de los tres periodistas que firman la exclusiva más allá de los doce meses a los que obliga la Ley, por si en el futuro quisiera reclamarlos.

Los datos que quiere González Amador que guarden las compañías telefónicas incluyen a qué números de teléfono llamaron o de los que recibieron llamadas los periodistas, cuándo y durante cuánto tiempo hablaron. También afecta a los mensajes que escribieron o de quiénes los recibieron y en qué momento. Los interlocutores de los periodistas son identificados en esos datos que el empresario quiere que las compañías guarden más allá de la obligación legal de los doce meses.

En el caso de que el juez Hurtado acceda a la petición del empresario, además de los datos sobre llamadas y mensajes, las compañías telefónicas deberían igualmente retener todas las conexiones digitales de los periodistas y todas sus ubicaciones durante los últimos diez meses. La Constitución ampara el secreto profesional de los periodistas y su derecho a no revelar las fuentes. 

El abogado Gabriel Rodríguez Ramos, que defiende Alberto González Amador y firma la petición, revela en su escrito los números de teléfono de los cuatro periodistas de elDiario.es y de otros dos de otros tantos medios, un profesional de la Cadena Ser y otra de El Plural. 

La petición para que se conserven los metadatos afecta también al teniente fiscal de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, para el que solicita la imputación, así como a tres personas vinculadas al Gobierno en el momento de los hechos, el secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés, la antigua jefe de gabinete del Director del Gabinete de Presidencia Pilar Sánchez Acera, la directora de comunicación del Ministerio de Vivienda, Laura Sánchez Espada, así como del jefe de comunicación del PSOE entonces, Ion Antolín. Estas peticiones están vinculadas a la sospecha de González Amador, verbalizada por su pareja, de que el Gobierno tenía el correo electrónico que desmentía el bulo sobre el pacto entre González Amador y la Fiscalía antes de que fuera publicado.

Las medidas contra los periodistas no acaban aquí. González Amador también quiere que la Guardia Civil averigüe si un grupo de periodistas disponía de fuentes en la Fiscalía. Se refiere a los mismos seis profesionales. La pareja de Ayuso solicita al juez que ordene a la Unidad Central Operativa volver a inspeccionar los teléfonos de García Ortiz y Pilar Rodríguez para que informe si alguno de los dos mantiene cualquier tipo de comunicación con los citados periodistas o con las otras personas vinculadas al Gobierno y al PSOE.

Requerimiento a la dueña de Whatsapp

En la batería de medidas solicitadas, la representación de González Amador pide que se amplíe la invasión de los teléfonos móviles del fiscal general y de la fiscal jefe de Madrid y que las compañías telefónicas informen de todas sus comunicaciones entre el 7 y el 30 de marzo, ensanchando así en casi dos semanas el periodo de investigación requerido en un escrito anterior. También pide que la medida se adopte respecto del móvil de Diego Villafañe. 

Igualmente, Alberto González Amador solicita que el juez requiera a la compañía dueña de Whatsapp para que entregue todos los mensajes de García Ortiz y Villafañe en estos últimos diez meses, así como que informe de si alguno de ellos ha sido borrado y que los recupere.

El empresario imputado por fraude fiscal y falsificación de documentos quiere que la Fiscalía informe acerca de si García Ortiz ha cambiado de teléfono en las últimas fechas, si lo hizo en cumplimiento de un protocolo interno y si es la primera vez que recurre a esa instrucción.

El letrado justifica las medidas que afectan a derechos fundamentales, respecto al fiscal general del Estado, en los resultados que han tenido hasta ahora las diligencias y en el “borrado protagonizado” por Álvaro García Ortiz. “Nadie borra su inocencia”, remacha el abogado.

El ex líder de los socialistas madrileños Juan Lobato también se ve aludido en las peticiones de González Amador. El empresario quiere que se amplíe el marco de días en los que se realizó una pericial de su móvil y que se analice el mail que recibe de Pilar Sánchez Acera por si se puede descubrir el origen y el tráfico del mismo a través de los metadatos.