Una planta de biogás proyectada en San Javier se ubicará en una finca de la familia de un senador murciano del PP

Tamara Romero vive desde hace 35 años en el término municipal de San Javier (Región de Murcia), en una casa emplazada en pleno Campo de Cartagena, entre cosechas, invernaderos, corrales de gallinas y ladridos de perros. Cada mañana, cuando sale por la puerta metálica de su parcela, tiene delante el paisaje de una finca de 70.000 metros cuadrados llena de limoneros que se pierden en abanicos hacia el fondo. En esa misma finca, tranquila ahora en apariencia, la empresa Enagás Renovable, con el beneplácito del Ayuntamiento de San Javier y del Gobierno regional, ha proyectado una planta de biometano de considerable envergadura que ha puesto en alerta a los vecinos desde hace solo dos semanas. 

En el año 2027 está previsto que la planta comience a tratar 150.000 toneladas anuales de residuos ganaderos y agrícolas para transformarlos en metano. Para entonces, la casa de Romero ya no estará en medio de la nada, entre el aire limpio de la naturaleza. La hilera de limoneros habrá desparecido por una industria a la que llegarán 70 camiones al día cargados con hasta 30 toneladas de excrementos de animales, purines y desechos vegetales en descomposición, utilizados todos para alimentar el digestor que fabrica el gas. A todos los vecinos se les tornará “imposible” seguir viviendo allí. El olor a putrefacción, según los expertos consultados por elDiario.es, lo acaparará todo.

En la Región de Murcia hay proyectadas, en la actualidad, 20 plantas de biogás en municipios como Las Torres de Cotillas, Molina de Segura, Fuente Álamo, Santomera, Mula o San Javier. Su implantación se ha convertido en un filón necesario para llevar a cabo un incremento progresivo de los millones de cabezas de ganado que ya hay en la Comunidad, con poderosas empresas como El Pozo. Las directrices europeas de economía circular señalan la conveniencia de levantar dichas fábricas. Hay en juego un negocio de mucho dinero con la ganadería intensiva; una justificación para seguir generando residuos, y para emplearlos en algo de provecho. Pero no es normal que éstas se sitúen a menos de cinco metros de una zona habitada.

Tamara Romero señala una a una las casas de su urbanización. Hay un total de siete. Todas ellas estarán, literalmente, pared con pared con la futura planta. La vecina accede a la misma finca de limoneros. Apenas le bastan unos segundos caminando tras cruzar su puerta. Dice que, como a todos los vecinos, le pilló el proyecto por sorpresa, a pesar de que, según ha constatado Enagás Renovable a este periódico, lleva más de un año, desde 2023, fraguándose. “Lo supe de casualidad, mirando el Boletín Oficial de la Región (BORM), porque parte de mi trabajo consiste en consultarlo -el primer anuncio data del 14 de noviembre-”. “Vi el nombre de San Javier y el proyecto, los planos. Vi el plazo de alegaciones. Expiraba en unos pocos días. Cuando vi la finca junto a mi casa se me quedó el cuerpo helado. Se lo conté a mi madre y a mi marido. Entre todos los vecinos corrió la voz. Nadie sabía nada”, explica.

No todo queda ahí. A poco más de un kilómetro de distancia del terreno del proyecto hay dos núcleos urbanos con cientos de vecinos y decenas de negocios: Casas Blancas y El Mirador. A tres kilómetros se encuentra el Hospital de Los Arcos. A ocho, el Mar Menor. A solo cien metros hay un aeródromo homologado. 

Los terrenos, vinculados a un senador y exconsejero de Agricultura del PP

La situación es convulsa, sobre todo, porque los vecinos piensan que la cercanía excesiva de la finca a tantos lugares tiene que ver con cuestiones relacionadas con su propiedad. Enagás Renovable la adquirió, con una oferta que supera el millón de euros, a una empresa, Hacienda del Molino S.L., perteneciente a la familia del senador del PP y exconsejero de Agricultura del Ejecutivo regional (2019-2023) Antonio Luengo Zapata. Su tío, Jesús Zapata Mercader, es el director ejecutivo de la sociedad y la persona que firmó los contratos de compraventa con la energética, a los que ha tenido acceso elDiario.es.

El exconsejero del Gobierno murciano y actual diputado en la Cámara Alta, que también fue concejal de Urbanismo y Medio Ambiente de San Javier, ha detallado a este periódico que no tiene “nada que ver” con el proyecto. “No he participado en nada. Conozco la empresa -Hacienda del Molino S.L.-, y creo que mi tío -con el que esta redacción no ha logrado contactar- tiene participación en ella, pero no te sé decir más”, sentencia. 

Fue la propia Enagás Renovable, según confirman fuentes de la compañía, la que seleccionó la finca de Jesús Zapata Mercader para ubicar en ella la planta de biometano. Pero sería impensable comenzar la redacción del proyecto y sus trámites administrativos sin el preceptivo visto bueno de las autoridades municipales y autonómicas. Fuentes del Ayuntamiento de San Javier consultadas se desvinculan de la elección del terreno de Zapata Mercader aduciendo que son “acuerdos privados entre terceros”. “La parcela se encuentra en la zona de afección de la autovía RM-1, por lo que es la Comunidad Autónoma la competente en declarar el interés público para la instalación de la planta en esa ubicación”, matizan.

Pero es el propio Consistorio, dirigido por José Miguel Luengo (PP), y en concreto el arquitecto técnico municipal, el que, con fecha del 14 de mayo de 2024, emite un informe de compatibilidad urbanística en la parcela.

“Sin ese informe nadie puede empezar a tramitar una planta así, con la inversión que ésta requiere, para declararla de interés público y obtener la aprobación ambiental”, señala a este respecto Nuria Velázquez, de Ecologistas en Acción. Las fuentes municipales no han contestado, sin embargo, a si tenían constancia de las características de dicha ubicación cuando el proyecto se presenta oficialmente el 31 de julio de 2024 en un acto al que asiste el propio alcalde, que también es secretario general del PP regional, acompañando al presidente Fernando López Miras. Ese mismo día la energética firmó los contratos con la empresa de la familia del senador Antonio Luengo. El informe emitido por el arquitecto municipal no deja lugar a dudas.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Medio Ambiente murciana aseguran que “un factor determinante para la viabilidad” de los terrenos es “la proximidad de una red gasística” de la que, en realidad, hay más de mil kilómetros de extensión en la Región.

Los vecinos recriminan al primer edil de San Javier que tenía conocimiento de todo, que sabía no solo de la propiedad de los terrenos, sino que además éstos colindan con viviendas particulares. “José Miguel Luengo sabe perfectamente que estamos aquí y le ha dado igual. No se preocupa por la gente de su propio pueblo”, esgrime María, la madre de Tamara Romero. “Mi marido compró este bancal a finales de los 80 y construyó nuestra casa. No vamos a permitir que se plante esta barbaridad al lado nuestro, porque no podríamos vivir”, dice.

“Esto va de intereses políticos”

La ostensible opacidad del proyecto, con arcos temporales casi secretos, también ha desatado el clamor y las dudas vecinales. Todo marchaba sobre ruedas y se iban cumpliendo los trámites y los anuncios en el BORM de plazos de información pública hasta que los vecinos, de repente, se enteraron. Entonces crearon un grupo de WhatsApp y comenzaron a protagonizar protestas, algunas en la puerta del propio Ayuntamiento de San Javier.

Tanto la ubicación de la planta como la vinculación de los terrenos y las consideraciones ambientales que la actividad industrial puede tener en sus vidas los indigna a partes iguales. “Esto va de intereses políticos. Ellos pensaban que nos íbamos a callar. La finca es de la familia de Antonio Luengo. Son de aquí y los conocemos a todos. Es un dinero que gana la familia”, explica indignado Pedro, vecino de Tamara y María, que pasea a su perro junto a los limoneros en el atardecer frío de mitad de diciembre. “Me compré la casa para la jubilación, hace muchos años, para que ahora venga una empresa y me eche”, denuncia.

Enagás Renovable ha tratado, desde que se formó el revuelo, de calmar a los vecinos organizando con ellos varios encuentros informativos. Les tratan de encauzar en dos direcciones, las mismas con las que la energética responde a las preguntas de elDiario.es. Por un lado, la finca fue seleccionada “teniendo en cuenta criterios económicos, urbanísticos, sociales y medioambientales con el objetivo de minimizar los impactos”, explican, sin profundizar en cuáles son esos criterios y sin reparar en los vecinos que tienen las casas pegadas a la parcela. Por el otro, aseguran que su vida no se verá alterada, que “su diseño cerrado, una nave presurizada con doble compuerta y un sistema de aspiración” evitarán “la dispersión de olores al exterior”. También inciden en que “se están contemplando alternativas” al uso de purines, altamente tóxicos y olorosos, muy temidos por los vecinos e incluidos en el proyecto.

La planta, “una bomba de relojería” para San Javier

Las consignas esgrimidas por la compañía son desmentidas por Virgilio Martínez, ingeniero técnico industrial y luchador incansable contra plantas de biogás cercanas a núcleos poblacionales en varios lugares de España. “San Javier tiene muy poco término municipal para poner una planta de tal envergadura. Hay en Murcia lugares mucho más propicios, lejos de vecinos”, explica.

Tras leer el proyecto, que todavía debe recibir la autorización ambiental de la Comunidad Autónoma, Martínez concluye que, de llevarse a cabo, sería “una bomba de relojería” para los habitantes cercanos. Las casas ubicadas en el perímetro de la fábrica, como la de Tamara Romero y su madre, tendrían “imposible” seguir siendo habitadas a juicio del ingeniero.

“En el texto se habla de entre 30.000 y 45.000 toneladas de fertilizantes orgánicos, sin concretar. No se detalla con exactitud ninguna cifra de toneladas residuos, aunque se da una máxima: 150.000. Tampoco se especifican métodos de trabajo, ni ubicaciones donde verter los desechos”, enumera Martínez. “El documento proyecta túneles donde se mezclarán restos de materia orgánica para fabricar el fertilizante. Esos túneles solo estarán cerrados con una lona o un plástico. No habrá protección frente a la dispersión de olores. El traslado de residuos de un túnel a otro se hará al aire libre, con una pala. Es como si se abriese un cubo de basura a rebosar dentro de una casa”, detalla.

“Los purines son necesarios. Aportan el grado de humedad en las cámaras de digestión de la planta”, prosigue Virgilio Martínez, que admite que se pueden sustituir por “una ingente cantidad de agua” -muy escasa en Murcia-, o de “suero lácteo”. “Pero el verdadero problema, lo que de verdad huele”, incide, “es el transporte de la mercancía y los fertilizantes orgánicos”.

Un total de 70 camiones cargados, cada uno, con hasta 30 toneladas de residuos llegará a la fábrica a diario. “Es una locura. Muchos se quedarían parados, a la espera de entrar, con las lonas abiertas”, sostiene el experto. Los fertilizantes orgánicos, por su parte, “están compuestos de residuos en descomposición de frutas y verduras, restos de carne, y muchas otras cosas que se van pudriendo. También purines. Son absolutamente imprescindibles para el funcionamiento de la planta”.

El olor nauseabundo que desprendería la actividad y la utilización de fertilizantes orgánicos en la planta de San Javier les quita el sueño a los vecinos por lo incómoda que se les puede volver su vida cotidiana. Pero también puede acarrear consecuencias para su salud, porque todos esos residuos contienen, según la doctora Ana Belén Cuenca, especialista en medicina interna y salud medioambiental, “partículas orgánicas” de diversos tamaños que “impactan” en el cuerpo y pueden, ante exposiciones crónicas, “dañar la mucosa protectora de la nariz y provocar bronquitis, asma y alergias” o “pasar directamente a la sangre y afectar a las arterias”. “Por no hablar”, añade la facultativa, “de los camiones, que emitirían partículas por la combustión de los motores durante todo el día”.

Justificación para expandir la ganadería intensiva

“La solución ideal sería construir plantas a pequeña escala, para que sean los propios municipios los que gestionen sus residuos de una forma respetuosa y sostenible. No este tipo de planta, que va a necesitar residuos de todo el territorio regional para poder abastecerla”, expone Virgilio Martínez.

La estrategia de una planta de biogás de considerable tamaño es idéntica en las 20 proyectadas en la Comunidad murciana. Las hay más grandes todavía que la de San Javier, como la de las Torres de Cotillas, que albergará más de 200.000 de toneladas de desechos al año. “Hay un problema muy serio con los residuos de la ganadería intensiva, y ese problema se ha convertido en un negocio para algunas empresas. Interesa montar plantas gigantes de biogás para seguir generándolos”, evidencia Martínez.

La oportunidad en Murcia está clara: una inmensa industria cárnica que busca expandirse todavía más, y que debe gestionar una cantidad de residuos, excrementos y purines inabarcable. En la Región hay más cabezas de cerdos -casi dos millones- que personas. La propia Enagás lo admite sin rodeos: “Con su destacada actividad agrícola y ganadera, es un territorio ideal para el desarrollo del biometano”.

Nuria Velázquez ahonda en la cuestión: “Inundar la Comunidad con plantas de biogás es la justificación perfecta para ampliar la ganadería intensiva”. “Donde se construyen fábricas de este tipo se produce un efecto llamada que atrae más macrogranjas de ganado para alimentar el biodigestor”. Velázquez pone el ejemplo de Balsa de Ves (Albacete), donde se ubicó una planta que después atrajo la apertura, a su lado, de una granja gigantesca. En San Javier, ubicado a orillas del Mar Menor, no hay ganadería intensiva y nunca la ha habido. Sus vecinos también temen que la planta acabe trayéndola para respaldar su funcionamiento.

Múltiples alegaciones

Ninguna de las administraciones, ni municipal ni regional, ha dado respuesta a cómo ni cuándo se empezó a fraguar el proyecto de San Javier con Enagás Renovable. La única contestación al respecto es la vertida por fuentes de la propia empresa. “A finales de 2023 se produjeron las primeras reuniones con el Ayuntamiento”, exponen. 

El mismo día en que Jesús Zapata Mercader firmó los documentos de venta de su finca con la energética, el pasado 31 de julio de 2024, se celebró un acto de presentación del proyecto de tres plantas de biogás al que asistió el alcalde, José Miguel Luengo, y el jefe del Ejecutivo, Fernando López Miras. Ambos alabaron las virtudes de la industria durante sus turnos de palabra.

En el BORM, con la rúbrica del primer edil de San Javier, se habilitó un plazo de exposición pública del proyecto el pasado 14 de noviembre para la presentación de alegaciones durante 30 días. Dicho plazo estaba a punto de caducar cuando los vecinos se percataron de que les iban a construir la planta a un paso de sus casas.

La documentación avanzaba, pero el proceso se detuvo cuando comenzaron las proclamas de los habitantes de San Javier. Entonces José Miguel Luengo, sin margen de maniobra, decidió aumentar el plazo de alegaciones treinta días más. “El alcalde ha reiterado a la empresa que, si no se alcanza un consenso social en torno a la planta, no sería viable”, sostienen ahora fuentes municipales. El Ayuntamiento supedita también la futura construcción de la fábrica a la ausencia de purines. Pero no menciona los fertilizantes orgánicos, “lo que de verdad huele”, según el testimonio experto de Virgilio Martínez.

PP y Vox votaron contra una consulta popular sobre las plantas de biogás

Cada vecino damnificado está presentando sus propias alegaciones. Cada uno tiene su propia historia personal. Pedro Conesa es el dueño de un aeródromo homologado que está a poco más de 100 metros de la finca. Él vive muy cerca. “La fábrica quedaría en el centro del tráfico de las aeronaves. No quiero pensar lo que pasaría si ocurriese un accidente o un imprevisto durante el vuelo”, sostiene Conesa desde la misma pista de aterrizaje, de espaldas a los limoneros que pronto dejarán de existir. “Hay mucha opacidad en el proyecto. Y muchas cosas inexplicables. Lo que está claro es que nos quieren echar, y que les da igual fastidiarnos la vida con los olores”.

Las intenciones del Gobierno regional también se dejan entrever en el propio Parlamento autonómico. PP y Vox votaron el pasado 17 de diciembre en contra de una consulta popular sobre la viabilidad de las plantas de biogás en la Región, para que los habitantes de los pueblos perjudicados, incluido San Javier, pudiesen decidir por sí mismos. “Este tipo de instalaciones cuentan con las máximas garantías y estándares medioambientales, y existe suficiente normativa y regulación técnica, ambiental, de seguridad y económica para abordar con seguridad su implantación”, matizan las fuentes de Medio Ambiente.

Nadie sabe lo que sucederá cuando concluya el plazo de alegaciones. Si el alcalde da el visto bueno definitivo, la construcción de la planta de biometano en San Javier en un terreno que pertenece a la familia de un senador murciano del PP y que está pegado a un total de siete casas y a un kilómetro de dos núcleos de población será un hecho. “Si nos tenemos que poner en medio de la finca para que no venga ni una grúa a construir lo vamos a hacer. No vamos a irnos. Estamos con miedo, sin dormir, porque no sabemos si en unos años podremos vivir aquí”, sentencia Tamara Romero.