Qué pasaría si Ayuso y Mazón fueran del PSOE

Marzo de 2020. España estaba en plena pandemia. La lista de fallecidos engordaba con los días. Desde la Comunidad de Madrid llegó una instrucción a las residencias de mayores para que limitaran la derivación de enfermos a los hospitales públicos. La cifra de muertos por la Covid en las residencias madrileñas ascendió a 7.291. Muchos fallecieron entre terribles ahogos por la falta de una atención adecuada. “Se iban a morir igual”, había de afirmar tiempo después la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para justificar el “Protocolo de la vergüenza”, nombre con el que será recordada aquella cruel decisión.  No se iban a morir igual: distintos estudios en Madrid y otras comunidades han revelado que entre el 37% y el 72% de los mayores de residencias trasladados a hospitales se recuperaron. Y quienes murieron lo hicieron de manera digna, asistidos por médicos, no abandonados a su suerte como sucedió en muchas residencias.

29 de octubre de 2024. Torrentes de agua desatados por la DANA arrasan varias localidades de la provincia de Valencia. LA AEMET y otros servicios habían activado con antelación las señales de alerta máxima. El Gobierno de Carlos Mazón solo activó el sistema móvil ES-Alert a las 20 horas, cuando ya miles de valencianos tenían el agua al cuello. La consejera de Sanidad dijo desconocer que estuviera activo ese servicio de alertas. El presidente Mazón estuvo ausente unas cinco horas de su puesto y se sumó con retraso a la reunión de emergencia; posteriormente se supo que había estado ese tiempo con una periodista en un restaurante del centro de la ciudad. La catástrofe dejó 223 muertos, muchos de los cuales, si no todos, se pudieron haber salvado con un operativo eficaz de evacuación. 

Son las dos mayores tragedias que han ocurrido en España en el último lustro. Y sus gestiones tienen varios elementos en común. Los dos gobiernos autonómicos actuaron con negligencia y falta de empatía con sus conciudadanos, como dejaron patente Ayuso con su deplorable “se iban a morir igual” y Mazón con su largo ágape en El Ventorro el día de la catástrofe. Ambos mandatarios inentaron ocultar su responsabilidad culpando al Gobierno central. Ambos han eludido encargar informes independientes sobre lo ocurrido: el informe más exhaustivo en la tragedia de las residencias lo presentó a la prensa en marzo pasado la Comisión por la Verdad en las Residencias de Madrid, una iniciativa particular de expertos y afectados por la pandemia que no ha encontrado el menor eco en la administración. Ambos han abortado las iniciativas de la oposición para la creación de comisiones de investigación parlamentarias: Mazón se ha limitado a autorizar una comisión “técnica” a medida, de cuatro sesiones, con intervenciones de “expertos” de un máximo de 20 minutos. Y ambos han sorteado de momento las posibles responsabilidades penales gracias a que las querellas se estrellan en los tribunales: en Madrid han sido archivadas 25 causas contra Ayuso y miembros de su Ejecutivo, si bien en octubre pasado las plataformas ‘Marea de Residencias’ y '7291: Verdad y Justicia’ presentaron ante el TSJM una nueva querella contra altos cargos de la CAM y geriatras de 25 hospitales invocando una figura penal diferente –denegación de atención sanitaria por motivos discriminatorios– con la esperanza de abrir por esa vía una fisura en el granítico muro judicial. Por su parte, el TSJV inadmitió este 23 de diciembre tres querellas y cuatro denuncias contra Mazón, decisión que ha sido recurrida sin muchas perspectivas de éxito por la asociación Iustitia Europa, uno de los querellantes.

Pero el elemento más importante que tienen en común los dos casos, y del que se derivan las demás coincidencias, es que ambos gobiernos son del PP, un partido que ya ha demostrado con creces su ineficacia y su falta de sensibilidad en la gestión de catástrofes. En la memoria de muchos está la forma irrespetuosa en que el Gobierno de Aznar trató los restos de las víctimas del Yak-42, así como sus mentiras tras los atentados del 11M, o la displicencia con que Mariano Rajoy se refirió al vertido del Prestige, una de las mayores tragedias ecológicas que ha enfrentado España (los “hilillos de plastilina”, ¿recuerdan?). Las gestión de las residencias y la de la DANA han seguido la estela de ese modo de afrontar las desgracias colectivas. El último capítulo del serial de descaros e insolencias lo ha protagonizado este mismo viernes Mazón, al afirmar que no está obligado a mostrar la factura de su comida con la periodista en El Ventorro porque resulta que no fue al encuentro en calidad de presidente del Govern sino de líder del PP. Y el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, apoya sin más semejante desfachatez afirmando que no va a mirar “los tickets de los polÍticos”.

El frenesí de la justicia para investigar a la esposa y el hermano del presidente del Gobierno o al fiscal general del Estado contrasta clamorosamente con el escaso ímpetu mostrado en los casos de las residencias y la DANA, que son incomparablemente más graves y han dejado en conjunto miles de muertos. EL TSJV inadmitió las querellas contra Mazón invocando una jurisprudencia que exige la presencia de “indicios cualificados contra personas aforadas para no sustraer las investigaciones de su ámbito primario natural”. El Tribunal Supremo pudo haber esgrimido la misma jurisprudencia para inadmitir la querella contra el fiscal general del Estado por la supuesta filtración de un mail al que tenían acceso un centenar de personas. Pero no: ordenó la intervención de su despacho, de su ordenador y de su móvil como si se tratase de un terrorista. De momento el juez Hurtado no ha encontrado la prueba reina que incrimine al fiscal, pero la búsqueda continúa: esa pieza de caza mayor no se suelta al primer traspiés.

Intento imaginar qué harían ciertos jueces en los casos de las residencias y la DANA si los querellados fueran del PSOE: admitirían sin remilgos técnicos las querellas, interrogarían a los acusados con luces y cámaras, intervendrían sus despachos, hurgarían como sabuesos en los ordenadores para averiguar si la iniciativa del protocolo de la vergüenza partió de la presidenta madrileña, tendrían todas las facturas delatoras y los registros de los movimientos en las cámaras de seguridad del presidente valenciano, llamarían a declarar a la periodista para que el show fuera completo... Y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid no estaría tan preocupado por posibles filtraciones como lo ha estado en el caso del novio de Ayuso. Y Hazte Oír, tan silenciosa en otros casos, se habría hecho oír con estruendo.