Adeslas y Asisa se movilizan para desbloquear el seguro médico de 650.000 militares y jueces
- Adeslas seguirá con Isfas y Mugeju
- Convenio salvado solo hasta marzo
- Entre tres y seis meses para resolverse
- Lo eligen el 90% de los militares
- Preocupación entre funcionarios, jueces, militares...
- Prórroga forzosa
Adeslas y Asisa, las aseguradoras de los conciertos para militares y jueces, se muestran confiadas de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc) levantará pronto el bloqueo de los convenios.
Así lo aseguran fuentes del sector consultadas por Confidencial Digital, en medio de la crisis desatada por la resistencia de las aseguradoras a participar en la licitación lanzada por el Gobierno para prestar el servicio médico de los funcionarios cubiertos por Muface.
Ahora, con la suspensión de las licitaciones, y a pesar de la presencia y el apoyo de las aseguradoras a la continuidad de Mugeju (para funcionarios de la Administración de Justicia) e Isfas (Fuerzas Armadas y Guardia Civil), el futuro depende de lo que decida el tribunal de contratación pública.
Sin embargo, fuentes de las dos compañías lo tienen claro: “Se va a resolver pronto. La resolución será favorable y todo volverá a la normalidad”.
Adeslas seguirá con Isfas y Mugeju
El Gobierno se ha quedado sin la principal aseguradora privada de salud de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) tras el plantón de Adeslas en los últimos días. La compañía participada por Mutua Madrileña y La Caixa da cobertura médica ahora a 500.000 funcionarios y cerca de 300.000 familiares adicionales, según cálculos del sector.
El portazo de Adeslas no es total. Continuará prestando sus servicios sanitarios a más de 650.000 funcionarios y familiares de las otras dos mutualidades. En concreto, a unas 560.000 personas adscritas a Isfas, del Ministerio de Defensa, y cerca de 92.000 beneficiarios pertenecientes a Mugeju, que depende del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
En el caso de Isfas, el colectivo tiene una edad media sensiblemente inferior, lo que hace que los gastos médicos sean más bajos. Y en el caso de Mugeju, se trata de un grupo de funcionarios que tradicionalmente ha presentado una siniestralidad sanitaria inferior.
Convenio salvado solo hasta marzo
Confidencial Digital ya contó este lunes 30 de diciembre que el colectivo de militares, guardias civiles, jueces y fiscales salvan por ahora solo hasta el mes de marzo su seguro médico de la crisis de Muface.
Mientras sigue sin resolverse la crisis de Muface, que presta servicios sanitarios a 1,5 millones de funcionarios y familiares, han surgido complicaciones para los conciertos médicos que cubren a militares y jueces: el tribunal de contratación pública ha paralizado los convenios sanitarios para Isfas y Mugeju.
Un tribunal administrativo ha atendido la petición de medidas cautelares para la licitación que estaba en marcha, para 2025 y 2026, y a la que habían acudido las aseguradoras Adeslas y Asisa.
A diferencia de lo ocurrido con Muface, en estos dos casos sí que se habían presentado varias aseguradoras para ofrecer esta cobertura. Asisa y Adeslas para Isfas y Mugeju, y la Nueva Mutua Sanitaria solo para esta última. Otras compañías, como Sanitas y Mapfre, decidieron no acudir a este convenio.
Entre tres y seis meses para resolverse
Las resoluciones del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales tienen su origen en sendos recursos presentados por Unipromel (la asociación Unión Médica Profesional, que representa a facultativos independientes) contra los pliegos de las dos licitaciones de renovación de esta cobertura para los dos próximos años.
Respecto a la paralización de los concursos para los convenios de Isfas y Mugeju tendrá que pronunciarse ahora un tribunal administrativo de apelaciones. Normalmente, según las fuentes conocedoras del proceso, tarda en decidir entre tres y seis meses. La resolución se espera, por tanto, en torno al mes de marzo.
Lo eligen el 90% de los militares
Cada año, el empleado público que figura en una mutualidad escoge si quiere tener sanidad pública o privada y, en el segundo caso, qué compañía quiere que le atienda. De media, el 78% eligen privada.
Entre los militares, el porcentaje llega al 90%. En caso de que ninguna aseguradora se presentara al convenio, provocaría una avalancha de pacientes a los hospitales y centros de atención primaria gestionados por las comunidades autónomas que colapsaría la maltrecha sanidad pública.
Preocupación entre funcionarios, jueces, militares...
Todos los sindicatos generales y de funcionarios, junto con asociaciones de jueces, militares o guardias civiles, han mostrado una profunda preocupación por la falta de aseguradoras candidatas a cubrir el nuevo concierto de Muface.
También han recordado que, al tratarse de una mutualidad, todos los funcionarios adscritos a este modelo tienen que pagar una cuota mensual para acceder a dichos servicios sanitarios.
La tensión sobre la renovación del convenio afecta también a los proveedores de atención médica: hospitales privados, clínicas, centros de diagnóstico, facultativos autónomos. La estrechez de la aportación pública al modelo de Muface ha llevado a las aseguradoras a ser muy cicateras con lo que pagan a estas empresas y profesionales, que reclaman quedarse con más de la mitad de la subida de primas pactada por el Gobierno.
Si ninguna compañía de seguros se presentara al concierto, la viabilidad de algunas clínicas y hospitales pequeños quedaría en entredicho porque dependen de los funcionarios de Muface.
Prórroga forzosa
Mientras tanto, los más de dos millones de personas cubiertas por el mutualismo funcionarial aguardan impacientes para ver qué ocurre con su atención médica. Los tres conciertos -Muface, Isfas y Mugeju- vencen este 31 de diciembre.
Desde el Gobierno han anunciado que, en el peor de los casos, utilizarán la carta de la prórroga forzosa con el fin de obligar a las aseguradoras a seguir prestando el servicio al menos hasta septiembre de 2025.