Pedro Yaranga sobre las deficiencias del Reinfo: "95% de mineros artesanales trabajan en concesiones ajenas"
La ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) fue aprobada por el Congreso con 87 votos a favor, 20 en contra y 12 abstenciones hasta junio de 2025, y con posibilidad de ser prorrogado hasta por seis meses adicionales. La medida ha sido cuestionada por expertos, quienes indican que no aborda el problema de fondo.
La República conversó con Pedro Yaranga, experto y analista en conflictos sociales, quien adelantó que, en la actualidad, el 95% de mineros artesanales trabajan en concesionarias ajenas por falta de autorización, ocasionando que sea casi imposible su formalización. Además, nos explica las diferencias entre minería ilegal, informal y artesanal en el marco de posibles soluciones.
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-¿Cuál es la diferencia entre minero informal, ilegal y artesanal?
El mayor problema que ha generado el Gobierno y también algunos políticos desde Lima es no saber diferenciar entre quienes son mineros ilegales y quienes son legales. Para los oyentes, los ilegales son aquellos que operan en lugares no autorizados, por ejemplo, parques nacionales, la ribera de los ríos importantes, y encima utilizan insumos químicos totalmente prohibidos. Algunos de los lugares donde operan son en la frontera con Ecuador, La Pampa en Madre de Dios y tenemos parte del corredor hasta Puno, entre otras zonas. Ellos operan en lugares a sabiendas de que nunca se van a formalizar. En cambio, los mineros artesanales son aquellos que operan en lugares autorizados para la explotación minera. Toda su generación siempre ha trabajado en minería artesanal, incluso desde antes de los incas. El ejemplo claro de una minería artesanal ancestral es Pataz, donde mucho antes de los incas ya explotaban, y se cree que una parte del oro de Pataz fue llevado para el rescate de Atahualpa en Cajamarca. Entonces, el problema social ya empieza prácticamente después de la pandemia con la irrupción de la delincuencia desde Trujillo y también la delincuencia transnacional.
-¿Con esta ampliación del ReInfo, usted cree que se perjudica o favorece a los mineros artesanales?
La ampliación del Reinfo es apenas un calmante, pero en nada favorece. Lo único que favorece es que todos, en general, van a continuar trabajando tal cual estaban haciendo hasta ahora. Si se buscará formalizar, se trabajaría en el tema de las concesiones. El problema del más del 95% de los mineros artesanales es que trabajan en concesiones ajenas. Para que un minero artesanal se legalice necesita la autorización de la concesionaria y a pesar que el reinfo se alargue por 50 años más, las condiciones actuales no permitirían que se logre avanzar mucho más hacia la formalización.
-Para que los mineros artesanale logren la formalización deben obtener la autorización de las concesionarias, pero ¿cómo el Gobierno podría diferenciar quiénes son mineros informales-artesanales y quiénes son mineros informales pero provenientes de una organización criminal?
Allí vamos a poner una diferencia total. La criminalidad está más asociada a la ilegalidad, la trata de personas. Los ancestrales, con excepción de Pataz, trabajan en sus propios terrenos, pero hay algo injusto. Desde 1980, más de 3.500 hectáreas de Pataz fueron concesionadas a un tercero, ocasionando un grave problema social. Los mineros artesanales no procesan oro. El que contamina es aquel que procesa oro y utiliza insumos químicos totalmente prohibidos. Los mineros artesanales llevan el material minero a las plantas cercanas donde operan. Un ejempo es la planta Paltarumi de Paramonga. Entonces, estos mineros llevan a estas plantas todo el material para que sea revisado minuciosamente e incluso haciendo cruces con información de la Sunat.
-¿Los que procesan oro no contaminan el medio ambiente?
Ellos no contaminan el medio ambiente. Lo único que sacan es el material minero. Ese material minero lo ponen en camiones, en volquetes y están cubiertos debidamente. Luego con guías de remisión lo llevan al lugar donde están las plantas de procesamiento. Mencioné el caso de Paltarumi, por ejemplo. Llevan hasta ahí y venden (los mineros artesanales) con toda la documentación precisa. Seguidamente, la empresa, los encargados y los funcionarios de la planta de procesamiento cruzan información con la Sunat.
-¿Aparte de la Sunat, que otros sustentos existen para comprobar que no son mineros ilegales?
Ellos no solo hacen el seguimiento con la Sunat, sino también ven la situación del transportista. El transportista tiene que estar autorizado para llegar a ese tipo de cargas, y obviamente también tiene registro internacional del transportista. Pero no solo eso, las plantas también les permiten a los mineros artesanales hacer el seguimiento del transportista para que como en otras plantas o en otras empresas no les roben parte del material minero.
-¿Usted está de acuerdo con la ampliación del Reinfo?
Si es que no se hubiera ampliado el Reinfo, más de 300.000 mineros artesanales se convertirían en ilegales. Entonces, eso sería un problema social para el país. Más del 75% de los microempresarios están en condiciones de informales. Y lo que el gobierno debe hacer es formalizar a esos informales.
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-¿Qué otras alternativas en normativas legales lograría la formalización de los mineros informales?
El Gobierno tiene que hacer un censo para ver qué cantidad de mineros artesanales y de ilegales tenemos en el Perú y en qué lugares están trabajando. Si hay lugares donde no están autorizados, obviamente esos jamás se van a formalizar. Tiene que haber una supervisión inmediata de parte de diversas instancias del Gobierno, pero no solo a los mineros artesanales, sino también a las plantas de procesamiento, como el caso de Paltarumi. Entonces, de esa forma, todos respetan las leyes y también los derechos de los mineros al momento de vender oro, y obviamente pagando el impuesto correspondiente para el país.
-¿Qué opina de la ley MAPE?
La ley MAPE lo único que hacía era respetar a las concesionarias. Es decir, si se aprobaba tal cual como estaba redactada, se avalaban las concesiones y obviamente desaparecían los mineros artesanales. Ese era un gran peligro. Pero lo demás, por ejemplo, el plantear hacer un censo, eso está muy bien. Pero lo que hay que hacer es cómo lograr la buena convivencia entre los mineros artesanales, los mineros de regular intensidad y la gran minería.
-Aparte del censo, ¿qué otras alternativas podrían existir para tener un mejor control del Gobierno sobre la minería informal?
Mucha decisión política, es decir, los policías que van a lugares calientes como Pataz deben estar minuciosamente revisados por contrainteligencia. Porque un policía que en esa zona se quedan dos, tres meses, a lo mejor ya está 'contaminado'. Para evitar eso, tiene que haber una contrainteligencia intensiva.
-¿Usted cree que eso se puede lograr con el actual Gobierno que tenemos?
Lamentablemente, la señora Dina Boluarte no pone mano dura, pero no solo depende de ella, depende sobre todo del jefe policial. La Policía pase lo que pase, siempre pone el pecho y ojalá que los buenos policías se impongan por encima de los malos policías. El sector minero formal debería haber crecido mucho más, lo que pasa es que el ruido político generado desde el ejecutivo, lo que nos está haciendo bastante daño.