Pobladores de la Sierra Fronteriza de Chiapas acusan que continúan bajo el acecho del crimen organizado

A pesar del ingreso de la Policía de Seguridad de élite a la cabecera municipal de Frontera Comalapa, Chiapas, el 2 de enero, la desconfianza entre la población persiste, especialmente en las comunidades que aún son acechadas por integrantes de los cárteles.​En entrevista, uno de los pobladores afirmó que algunos representantes o líderes de los grupos del crimen organizado que se disputan el territorio en la Sierra Fronteriza son nativos de comunidades rurales.“Viven ahí, pero están recluidos en sus casas, están en silencio (…) porque ellos eran los que le hacían los mandados a los altos mandos de los grupos delictivos”, señaló.En las comunidades ubicadas a orillas de la carretera fronteriza, como Paso Hondo, Joaquín Miguel Gutiérrez, San Gregorio Chamic, así como en la parte baja de La Trinitaria, en la zona de riego, aún permanecen las llamadas "plumas" que el crimen organizado obligó a los pobladores a colocar en las entradas y salidas para evitar el paso de grupos rivales.En algunos casos, estas barreras fueron reforzadas con grava y piedras.“No sabemos ni quién es bueno ni quién es malo, pero sigue, sigue la tensión (…) así que el gobierno tiene que hacer algo más para que la gente pueda sentirse con más confianza, confianza hacia su gobierno, hacia las autoridades que velan por la seguridad de las comunidades y de los municipios en general”, precisó.El campesino recordó que los miles de desplazados que huyeron por la violencia generada por los dos cárteles más importantes de México siguen sin retornar a sus hogares.Incluso hay quienes permanecen refugiados en Guatemala o en otros municipios cercanos a la zona en conflicto.Sin embargo, el panorama no es distinto para quienes decidieron quedarse en los poblados. Además de ser sometidos para participar en los bloqueos, muchos perdieron sus propiedades por no pertenecer a los grupos criminales.A esto se suma el cobro de piso a aquellos que tenían negocios.“Ellos desean que esas tierras que se les decomisaron se les devuelvan, que se les regrese su pertenencia, que tengan la libertad de ir a sus ranchos, a recuperar sus tierras, a vivir tranquilos"."Pero aún muchas personas no se sienten seguras para regresar a sus comunidades, porque no saben en qué momento puede haber una represalia, ya no de manera abierta, sino secreta, como un ajuste de cuentas”, advirtió.El habitante de Frontera Comalapa también señaló que la organización social El Maíz, a quien acusó de estar vinculada con el crimen organizado, comenzó hace tres años y medio a cobrar piso a comerciantes, lo que llevó a muchos a cerrar sus negocios.No obstante, la semana pasada algunos locales reabrieron, aunque, según él, no con los mismos dueños.“He visto algunos locales cuyos dueños son ellos (los criminales). Los propietarios originales están viviendo en otro lugar porque huyeron, dejaron abandonado su negocio, y resulta que ahora están abiertos, están modificados (…) porque uno nunca sabe si la persona con la que está platicando está al servicio de ese grupo criminal”, expuso.Como parte de la desarticulación de los grupos criminales en la Sierra Fronteriza, este fin de semana fue detenido José Antonio “N”, alcalde de Frontera Comalapa, acusado de extorsión y presuntos nexos con el crimen organizado.Su captura provocó que resurgieran denuncias de personas desaparecidas, como la del excandidato a la alcaldía por el Partido del Trabajo, Rey David Gutiérrez, visto por última vez el 27 de abril de 2024.En las paredes de algunas viviendas quedaron las marcas de la guerra entre los dos cárteles, mientras que el transporte público de Comitán a Frontera Comalapa aún se prepara para reanudar el servicio tras tres años y medio de conflicto.MO